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La lucha de las víctimas de violencia vicaria, la forma más extrema de dañar a las mujeres a través de sus hijos

La violencia vicaria es un tipo de violencia machista "extrema".

Jennifer Jiménez

13 de marzo de 2022 22:01 h

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Ángela González Carreño puso 51 denuncias para alertar de la violencia que sufrían ella y su hija, Andrea, que fue asesinada por su padre en 2003. Desde entonces, el sistema de protección ha mejorado incluyendo en el Viogen (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) preguntas para valorar el riesgo en el que se encuentran los menores, por ejemplo, pero las expertas apuntan a que aún queda camino por recorrer. En 2021 fueron asesinados por sus padres un total de siete menores, entre ellos Anna y Olivia, en Tenerife. “Los niños son nuestra felicidad y hay que cuidarlos con amor y atención”, destacó Beatriz Zimmermann durante la entrega del premio Taburiente al buque Ángeles Alvariño. Desde 2013, han sido 43 los menores asesinados. 

¿Qué es la violencia vicaria? A raíz del caso de Rocío Carrasco, cuyo documental se tradujo en un incremento de las llamadas al 016, se puso en España el foco en este tipo de violencia que la psicóloga Sonia Vaccaro define en el programa Informe Trópico, de Radio Televisión Canaria, como la que tiene como objetivo a la mujer, pero que se ejerce sobre las hijas y los hijos para dañarlas. También se puede ejercer hacia otras personas queridas e incluso hacia las mascotas, que son usadas por el maltratador para dañar e ir contra la mujer, “La violencia vicaria es un daño extremo; es un daño más grave porque la mujer siente que no tiene control, es testigo de lo que está sucediendo y no puede hacer absolutamente nada”, explica. 

Llegó a investigar sobre esta violencia tras hablar con madres que comentaban que lo que solían decirle sus exparejas eran frases como: “te voy a dar donde más te duele”, “ya verás lo que te pasa” o “te quitaré lo que más quieres”. Señala que hasta hace unos años se aludía al falso síndrome de alineación parental, un constructo elaborado por un médico estadounidense “que se decía psiquiatra y no lo era, y que decía que si en el marco de un divorcio con litigio por hijas o hijos aparecía una denuncia por maltrato, la madre le estaría lavando el cerebro. Él decía que había que impartir la terapia de la amenaza y que había que dar la custodia al padre e impedir el contacto con la madre”. Para la psicóloga, cuando una mujer es amenaza con: “te voy a quitar a los niños” debería encenderse la alarma al igual que ocurriría en un aeropuerto si decimos que tenemos una bomba.

Patricia Fernández fue una niña que durante diez años tuvo que acudir a las visitas con su padre maltratador. “Los puntos de encuentro son la contradicción misma del sistema judicial; el mismo que dice que pese a estar condenado por maltrato puede ejercer su paternidad, pero tiene que haber una vigilancia”, señala. Fernández, que ha escrito el libro Ya no tengo miedo sostiene que a los menores se les oye, pero no se les escucha y relata el miedo que pasa una niña a que le separen de su madre, a que la maten o a que le ocurra algo a sí misma o a su hermano. “Creo que un niño o niña llorando y asustado, el deber de la justicia y la sociedad como personas adultas es protegerlo”. 

Durante el programa se recuerdan historias como la de Leo, asesinado con solo dos años en un hotel de Barcelona por su padre o el de Andrea, la hija de Ángela García Carreño, que logró que la ONU reconociera la responsabilidad de España en el asesinato de su hija. Después el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que le daba la razón. La abogada de la organización internacional Women’s Link Gemma Fernández resalta la importancia que tuvo esa resolución judicial reconociendo que la violencia de género no es un tema privado, sino “público y de Derechos Humanos”. Aunque cree que este caso ha conseguido que se cambien determinadas cuestiones aún “se va despacito”. Cree también que los niños deben ser escuchados y que “una de las barreras que hay que seguir rompiendo es sacar la violencia familiar del ámbito de lo privado”. 

Suspensión del régimen de visitas

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, recordó en el programa que se trata de una “violencia terrible” que se desarrolla “por quien mejor la conoce, por quien que ha tenido una gran intimidad con ella, que tiene hijos en común incluso. Entonces esta no es cualquier violencia contra la infancia”. En este sentido, apuntó que “la primera medida debe ser suspender las visitas, porque siempre será mejor recuperar las visitas entre adultos que intentar luego reparar niños y niñas o llegar a una situación irreparable como estos siete niños asesinados en 2021”. Cree que las instituciones sí que por fin han puesto esta violencia “en primera línea” aunque aún hay “mucho camino por recorrer” que espera avanzar lo antes posible. 

Rosell insiste en que las víctimas mortales son la punta del iceberg, pero no son las únicas víctimas de esta violencia. Recuerda que en 2017 apareció la violencia vicaria en el pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero es en 2019 cuando Viogen empieza a preguntar por ese riesgo que sienten las madres respecto a los menores. Este año se implantará el protocolo cero para valorar incluso los casos en los que no se denuncia.

Los datos del Consejo del Poder Judicial evidenciaron la pasada semana que tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Infancia, la suspensión del régimen de visitas en casos de violencia machista se duplicó. 

Para la jueza María Auxiliadora Díaz es muy necesaria la formación específica en perspectiva de género, que hoy día no es obligatoria. Cree que aún la sociedad es bastante intolerante en creer que los niños y niñas son víctimas del delito de violencia de género. La abogada Carla Val, que ha llevado el caso de Leo, señala que en una situación de pérdida vital en estas circunstancias conlleva “una afectación psicológica muy profunda que necesita una reparación muy profunda teniendo en cuenta que esto va a durar”. “Debemos tener el derecho a vivir, no puede ser que cada caso sea una cuestión individual y que cada una de las víctimas tiene que esperar que todos los profesionales que intervenimos estemos concienciados y tengamos disponibilidad inmediata”, añade. 

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