Redes de apoyo y no sentirse un ''adorno'' en las instituciones: las demandas de las mujeres migrantes en la lucha por sus derechos

Los obstáculos que las mujeres migrantes deben sortear no terminan en el punto de origen. Para llegar a convertirse en ciudadanas de pleno derecho en los lugares de destino, se topan en el camino con numerosas dificultades. En especial, aquellas que proceden de países extracomunitarios. Los prejuicios, el racismo institucional y la misión imposible de encontrar un empleo fuera de los cuidados impactan en la posibilidad de las mujeres en movimiento de participar en la ciudadanía y de tejer redes con las instituciones. Por su parte, las administraciones arrastran el reto de incluir la perspectiva antirracista en sus actuaciones y de mejorar el acompañamiento.

Así lo revela el estudio Diagnóstico participativo de mujeres migrantes en la isla de Gran Canaria. Propuestas de mejora en respuesta integral. El informe ha sido encargado por la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia de la corporación insular y elaborado por la Fundación Alianza por la Solidaridad-Action Aid. Un preocupante dato explica el origen de esta investigación. El 75% de los ayuntamientos de Gran Canaria afirman que no existen canales de comunicación entre las administraciones públicas y la población migrante. 

“¿Cómo vamos a llegar a ellas? ¿Cómo las vamos a incluir y fomentar la igualdad y las atenciones? Porque puede haber casos de violencia de género que se nos estén escapando porque no sabemos cómo llegar a estas mujeres”, cuestiona la consejera de Igualdad del Cabildo, Sara Ramírez a este periódico. Sostiene que este diagnóstico permitirá diseñar mejor políticas futuras, contando con la participación de las mujeres migrantes. 

“Las demandas se centraban mucho en necesidades de formación, de tener espacios propios, que yo creo que ese es realmente el camino”, destaca la consejera. Ramírez añade que muchas veces las mujeres pueden tener coartada la libertad para dirigirse a un punto de igualdad, al tenerlo bloqueado por sus parejas. Por ello, insiste en la necesidad de crear ese tejido asociativo y una red de apoyo, que es una de las grandes demandas. 

En los últimos años, las rutas migratorias hacia Canarias se han feminizado. En especial, la vía marítima que conecta el Archipiélago con África Occidental. Cuba, Colombia, Venezuela, Malí, Filipinas y Senegal son algunos de los países de origen de las mujeres migrantes que habitan en las Islas. En la provincia de Las Palmas, las mujeres extranjeras no comunitarias suponen el 7,51% de la población. Sin embargo, se trata de un dato incompleto, puesto que quedan invisibilizadas todas las mujeres no inscritas en el padrón. El informe insta a facilitar el empadronamiento a estas personas, puesto que se trata de una derecho y una obligación incumplida en todo el Estado español. “Lo que no se contabiliza, no existe”. 

Para la realización de este estudio se ha realizado un trabajo de documentación y de consulta de datos. Asimismo, se ha realizado un mapeo de agentes de los grupos identificados y se han utilizado entrevistas semiestructuradas, cuestionarios y grupos focales. Para todo ello se contó con personas técnicas, profesionales o claves de las instituciones públicas; entidades sociales u organizaciones de la sociedad civil que ofrezcan algún servicio, recurso o atención a estas mujeres y mujeres migrantes constituidas en asociaciones o a título personal, pero referentes en sus comunidades.

Un “adorno” para las instituciones

El estudio detecta un bloqueo en las relaciones entre las mujeres migrantes y las instituciones. Por el lado de las administraciones públicas, se debe a la falta de recursos económicos y personales dedicados a la integración y al acompañamiento de las personas migrantes. “Se pueden impulsar servicios, pero no se desarrollan con garantías”, señalaron a las investigadoras algunas fuentes entrevistadas. Estas también apuntan a una falta de coordinación institucional, que da lugar a una ineficiente gestión de las demandas específicas de las mujeres migrantes.

Las mujeres migrantes que residen en Gran Canaria también lamentan la lejanía de los consulados, que en muchos casos están situados en otras islas o incluso en la Península. “Interesa que estén lejos… no podemos permitirnos ir”, apunta un testimonio recogido en la investigación. Según el documento, aunque los consulados no pueden hacer nada para solucionar la regularización de las mujeres migrantes, que corresponde al Estado español, sí que pueden hacer su vida más fácil en España. 

En la práctica no es así. Las mujeres se topan con numerosas dificultades para certificar la relación que mantienen con los menores que están a su cargo, puesto que necesitan documentación de origen que muchas veces es inexistente. El estudio propone crear programas de información a la ciudadanía para que mejore la comunicación con las personas que tienen intención de migrar a Canarias, con el objetivo de que, para facilitar los trámites, vengan con toda la documentación necesaria cuando sea posible conseguirla en el país de origen, algo que no siempre es fácil. 

El informe también revela que los servicios de acompañamiento en asuntos de la vida cotidiana presentan importantes deficiencias en el caso de las mujeres en situación administrativa irregular. Una de las principales causas es la falta de formación e información del personal con respecto a los derechos de este colectivo, así como la falta de una perspectiva antirracista en las instituciones. 

En algunas ocasiones, la situación administrativa irregular es utilizada como “excusa” por parte de las administraciones. “A veces se amparan en que no tienen competencias para superar esa brecha de derechos. Es cierto que hay situaciones por marcos normativos y legislativos que no pueden cambiar, pero siempre se pueden hacer cosas”, apunta un testimonio. “No podemos regularizar a esas personas, pero podemos ofrecerles un servicio para que tengan acceso a los derechos básicos [...] Al final es un asunto que no está en la agenda, y ese es el problema”, añade otra persona entrevistada en el estudio. 

Por otro lado, las mujeres migrantes han llegado a sentirse “adornos” en las instituciones. Esto se debe a que, en mayor medida, las administraciones las llaman para eventos culturales, con el fin de dar una imagen de sociedad intercultural. Por el contrario, cuando son llamadas para recoger sus demandas, “las decisiones tomadas en estos espacios no son vinculantes”. 

Segregación ocupacional

Los problemas para integrarse en la participación ciudadana también se derivan de la segregación ocupacional. La imposibilidad de regularizar su situación empuja a las mujeres migrantes a dos sectores de empleo: los cuidados y la limpieza de hoteles. La necesidad de mantenerse en estos puestos como única vía para obtener ingresos las aboca también a condiciones laborales precarias. “Se evidencian en varias ocasiones ejemplos de mujeres que no hablan castellano, que se visibilizan con velo, que tienen menores a cargo o que no tienen regularizada su situación administrativa”, explica el estudio. En esta línea, la inserción laboral se ve dificultada por los prejuicios y las cargas familiares. 

Las largas jornadas laborales que asumen son incompatibles con la participación ciudadana, por el carácter voluntario de la misma. De esta manera, las mujeres migrantes tampoco pueden participar en el asociacionismo, puesto que no tienen sus necesidades básicas cubiertas. 

Para la consejera de Igualdad, el trabajo en su área en los últimos años ha ido encaminado a la especialización de los servicios de atención a violencia y al marco estratégico por la igualdad Gran Canaria Infinita, pero quedan importantes retos pendientes, como crear un espacio para las mujeres migrantes para la participación ciudadana y “crear tejido con ellas y redes de apoyo y proyectos de igualdad dirigidos a ella, así como espacios nuevos”. 

Según indicó, se está trabajando para la compra de un edificio de apartamentos para la red de acogida que permita “cambiar el modelo de acogida” existente. “Es un modelo antiguo, basado en el asistencialismo, donde las mujeres comparten baño, cama, habitaciones… Y debería ir dirigido más hacia uno que promueva la autonomía de las mujeres y que sea un espacio seguro donde puedan pasar su proceso de violencia.  Tenemos el contenido y la estructura, nos falta crear espacios”, resume. 

Peores condiciones tras la COVID

El informe también pone de manifiesto que son múltiples las consecuencias de la COVID-19 para la realidad socioeconómica de las mujeres migrantes, para su acceso a derechos y, en general, sobre el clima de convivencia en la isla. Además, “debe tenerse en cuenta el impacto mediático de estas llegadas sobre la construcción de discursos racistas”. resume. Asimismo, hace referencia a otros estudios ya realizados como el proyecto Vecinas, que puso de manifiesto que son las mujeres que se encontraban en trabajos domésticos y de cuidados, como las empleadas del hogar, quienes se vieron expuestas a situaciones de especial vulnerabilidad. 

También reflejó las dificultades administrativas ligadas al marco legislativo como uno de los ejes que más limita a las mujeres migrantes a la hora de establecer sus proyectos vitales y que dificulta su integración. Desde el proyecto se recalca que esto tiene como consecuencias “brechas de acceso al empleo, situaciones de precariedad generalizada del colectivo migrante y de las mujeres especialmente, ante la segregación ocupacional a sectores concretos de empleo del hogar y de la limpieza”.

En definitiva, “las mujeres migrantes, han experimentado un empeoramiento de sus condiciones de vida por el impacto social y económico de la pandemia: pérdida de empleo, sobrecarga en las tareas de cuidados, pérdida de oportunidades laborales y de espacios sociales, entre otros”.