CASO JABLE

Caso Jable: el fiscal califica la trama como “una lacra corrupta” y un “culto al becerro de oro de la ostentación”

El caso Jable ha quedado este miércoles visto para sentencia tras los alegatos finales de las partes. El fiscal Anticorrupción Javier Ródenas ha calificado la trama, la última que queda por juzgar de la macrocausa Unión, como “una lacra corrupta” que se sostuvo en el tiempo a través de la petición y aceptación por parte de políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife de dádivas (dinero en metálico, viajes de lujo, estancias en hoteles, artículos de joyería…) a cambio de un trato de favor a dos empresas (Tecmed-Urbaser y Fomento de Contrata y Construcciones) en la adjudicación y mantenimiento de contratos públicos en esta administración local.

Para Ródenas, los acusados, entre los que se encuentran la exalcaldesa Isabel Déniz (hasta 2005 en el Partido de Independientes de Lanzarote y, a partir de esa fecha, en Coalición Canaria) y el exsecretario municipal Felipe Fernández Camero, fueron “mercaderes turbios” que “pusieron un precio a su función pública”. El fiscal recordó que esas dádivas consistieron en viajes a “destinos exóticos”, como Marruecos o Kenia; estancias en hoteles de cinco estrellas; comisiones dinerarias, o “artículos de alta joyería”, como un reloj Rolex Cadete, un bolso Loewe o un bolígrafo Mont Blanc.

“No encontramos otro caso de corrupción con esta plasticidad, con este culto al becerro del oro de la ostentación”, remarcó el representante del Ministerio Público durante su extenso y minucioso informe final. Según Ródenas, a lo largo del juicio ha quedado acreditado que los acusados actuaron “avasallados por el sentimiento del dinero” y que, por ello, no dudaron en amañar un concurso público (el de recogida de residuos sólidos urbanos y traslado al vertedero). “No hay mayor acto prevaricador”, subrayó.

En relación con el contrato de limpieza adjudicado a Urbaser, el fiscal recordó que, por importe, es uno de los más altos de España, “igual que el de San Sebastián”, pese a la diferencia de población. Ródenas ha señalado que esa “lacra corrupta” afecta a la confianza de los vecinos de Arrecife en su institución más cercana, el Ayuntamiento. “Ha demolido el patrimonio sentimental de los ciudadanos del municipio”.

El fiscal sostiene que, más allá de las declaraciones autoinculpatorias de buena parte de los acusados, que han confesado haber dado o recibido las dádivas, el resto de pruebas corroboran de forma objetiva la existencia de una trama corrupta para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos y obras. Recordó que, entre las piezas de convicción, hay 16 agendas en las que el entonces gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, anotó todo lo que sucedía en el momento en que sucedía y sin que entonces hubiera ninguna investigación en curso. Durante la vista oral, el fiscal ha cruzado esas anotaciones con otras pruebas, como facturas, declaraciones o hitos relevantes en el proceso de contratación, para tratar de demostrar su veracidad.

Así, ha detallado que después de que el gerente de Urbaser anotara que entregó 30.000 euros a Déniz, la alcaldesa compró “al contado” un Wolkswagen Touareg, o que después de que apuntara otro pago de 9.000 euros, la regidora abonara, también en metálico, el impuesto de Actor Jurídicos Documentados de un préstamo. También destacó que los directivos de Urbaser confesaron haber dado 14.000 euros para que viajara a Kenia y que hay una factura que acredita que el viaje a Marrakech para ella y varios miembros de su familia se lo pagó FCC (adjudicataria del contrato para la construcción del pabellón de Argana Alta, en Arrecife), tal y como también admitió un ejecutivo de esta empresa.

El “pacto corrupto” se habría producido entre 2001 y 2002, según la tesis del fiscal, que aludió a dos anotaciones fechadas el 14 de marzo de 2002 en la agenda de Jacinto Álvarez. Es decir, dos meses antes de que expirara el plazo para que las empresas interesadas presentasen sus ofertas al concurso de limpieza. “A Isabel hay que darle lo que pide” y “Hay que darle un viaje al secretario”, escribió en ese cuaderno.

El fiscal ha dado especial importancia a la anotación que figura en la agenda del gerente de Urbaser el 20 de mayo de 2002, dos días antes de que se celebrara el acto público de apertura de sobres con las ofertas económicas de las licitadoras. Y es que ahí recogió los importes de cada una de las empresas, lo que, a juicio del Ministerio Público, demuestra que se le había proporcionado información confidencial.

El amaño del concurso fue reconocido por uno de los acusados, Rafael Arrocha. El entonces jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife manifestó que fue el secretario municipal quien le dio la documentación y que, al advertir que la de Tecmed (luego Urbaser) no era la mejor puntuada, avisó a la alcaldesa, que le pidió que lo arreglara “como sea”. La defensa de Felipe Fernández Camero, y el propio exsecretario municipal, han sostenido que Arrocha “mintió” durante su declaración.

“Las suyas (de Fernández Camero) son mentiras y, además, arriesgadas”, ha replicado en su alegato final el fiscal, que ha insistido en que, como secretario, era el responsable de custodiar las ofertas y, por tanto, evitar que se produjera el amaño. “La prevaricación es de libro”, ha sentenciado Ródenas tras insistir en que era “necesaria” la participación de este acusado, el único que niega todos los hechos, para poder llevar a cabo el plan. “El concierto criminal necesariamente tiene que tener al secretario”, ha mantenido.

“Asusta la frivolidad”

Irma Ferrer, abogada de la asociación Transparencia Urbanística, personada como acusación popular en la causa, ha calificado de “impúdicos, obscenos y de exhibición” los actos cometidos por políticos, funcionarios y empresarios. La letrada ha dicho que el nivel de “putefracción” y “corrupción” llegó a tal nivel que la exalcaldesa Isabel Déniz “hizo partícipe de sus propios delitos” a su hija menor de edad.

“Asusta la frivolidad de los hechos”, ha manifestado Ferrer sobre el “saqueo sistemático de dinero público” al Ayuntamiento de Arrecife por parte de unos dirigentes con una sensación de “impunidad tan palpable para permitir que toda la familia viajara a Marrakech a cargo de FCC”. La abogada ha querido aludir al “daño social” de la corrupción, ejemplificándolo en uno de los contratos objetos del juicio, el del pabellón de Argana Alta. Ha recordado que esta zona es “de las más pobres y pobladas” de Arrecife, la capital de Lanzarote, y que ese pabellón “no ha podido ser abierto por deficiencias estructurales”. “Los niños no tienen dónde jugar y se les aboca a estar en la calle”, ha manifestado Ferrer, que ha pedido al tribunal que valore este daño infringido a la sociedad por la “actitud frívola de los acusados”.

Por su parte, Alfredo Liñán, representante del Ayuntamiento de Arrecife como acusación particular, ha recalcado que, aparte del amaño en la adjudicación del contrato de limpieza, la alcaldesa adjudicó a dedo dos obras mayores de varios millones de euros a Tecmed-Urbaser “saltándose absolutamente toda la normativa de contratación pública” e “hipotecando” a la administración durante 25 años.