La Justicia rechaza que finalice la prórroga de la instrucción del caso de la empresa tinerfeña de criptomonedas Arbistar

La Audiencia Nacional ha rechazado que finalice la prórroga establecida para la instrucción del caso Arbistar que mantiene en prisión desde 2023 al principal responsable de la compañía de criptomonedas radicada en el sur de Tenerife S.F.J, acusado del presunto delito de estafa piramidal.

El juicio está previsto que se celebre entre marzo y abril del próximo año y en el banquillo se sentarán tanto el supuesto cabecilla, al que se le piden 30 años de cárcel, como diez entidades jurídicas y otros cinco acusados.

El abogado del principal encausado estima que la existencia de contestaciones pendientes de diversas comisiones rogatorias internacionales y los informes de la Fiscalía, “no justifican la prórroga de la investigación” de esta pieza separada que se centra en el supuesto blanqueo de capitales.

A lo largo de estos años, el letrado cree que se ha puesto de manifiesto la inexistencia de indicios de criminalidad por lo que califica de “artificial” la continuación de la causa cuando además se vulneraría el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Para corroborar este atenuante se indica que a lo largo del tiempo detectan “una absoluta inactividad procesal, sin un impulso significativo de la investigación” y el nuevo auto de prórroga, decretado del 14 de octubre al 14 de abril, “no concreta las diligencias pendientes de practicar ni su relevancia para la investigación”.

La Audiencia recuerda que las últimas gestiones han sido la emisión por la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife de una Orden Internacional de Investigación (OEI) librada a las autoridades de Alemania, sobre diversos datos bancarios de titulares de las cuentas corrientes.

El pasado mes de septiembre también se emitieron oficios rogatorios a la OEI a Estonia, Luxemburgo, Italia y una Comisión Rogatoria a Hong Kong y por lo tanto la petición de una nueva prórroga se justifica en la necesidad de conocer la contestación a los informes y requerimientos efectuados.

A partir de aquí se podría abrir nuevas diligencias, aún sin concretar, que determinarían la existencia de nuevos hechos e imputados que justificarían continuar con las investigaciones.

Las próximas gestiones “no sólo estarían exhaustivamente fundamentadas y motivadas, sino que resultarían necesarias y relevantes, a la hora de derivar nuevas diligencias de investigación”, indica la Audiencia Nacional.

Por lo tanto, resulta “no sólo prudente y razonable, sino imprescindible mantener abierta la instrucción, con la ampliación de su plazo, a fin de la ejecución completa de todas aquellas, en tanto que por su contenido pueden presentar una trascendencia indudable”.

También se recuerda que la respuesta que se reciba puede tener tanto resultados incriminatorios como exculpatorios y a partir de ese momento ambas partes podrían solicitar las diligencias que estimen convenientes.

Una complejidad añadida es la voluminosa información pendiente de analizar, buena parte de la cual se encuentra en documentos que deben ser traducidos y estudiados en profundidad.

Una vez dado este paso, “se podrá conocer con precisión la estructura de la organización criminal y las concretas operativas de lavado de dinero que se habrían llevado a cabo”, indica el Auto dictado recientemente.

Además, restan las declaraciones de los investigados que garantizarían su derecho a defensa, lo que también justifica la continuación de las investigaciones, ya que de lo contrario se podría “laminar o reducir” su posibilidad de intervención en el proceso al no poder solicitar nuevas diligencias de investigación.

En definitiva, no se aprecia que se haya producido vulneración de derechos fundamentales, y concretamente a la tutela judicial efectiva “y por lo tanto, la justificación de la ampliación del plazo por esos seis meses debe ser asumida por esta Sala”.

La nueva prórroga fue dictada en octubre y abarca hasta el 14 de abril, mes en el que está fijada la celebración de la vista oral, aunque el abogado de la defensa pide que se disponga la finalización de la investigación después de alargarse durante alrededor de cinco años.