Cuatro nuevos testigos del caso Grúas acorralan aún más al expresidente Clavijo

Las demoledoras manifestaciones vertidas este jueves ante la jueza Celia Blanco por el principal testigo del caso Grúas de La Laguna, José Padilla, primer propietario de la concesionaria del servicio, ha dejado paso este viernes a las declaraciones no menos contundentes de cuatro exempleados de la sociedad que han confirmado no solo los ‘enchufes’ de Fernando Clavijo (CC) a sus amigos y conocidos, sino también el cambio de actuación por parte del Ayuntamiento cuando la empresa pasó a manos de los trabajadores ligados al entonces alcalde.

Los testimonios de los antiguos empleados han reforzado la tesis de las acusaciones sobre el delito del tráfico de influencias por el que se encuentra investigado Clavijo, a quien también se le imputan los de malversación de caudales públicos y prevaricación por el rescate y el préstamo concedido a una empresa al borde de la quiebra y administrada por los siete socios que compraron la sociedad a Padilla. Según uno de los testigos que ha depuesto hoy ante la jueza, cinco de ellos mantenían algún tipo de vínculo con el actual senador y expresidente canario.

Una era Begoña Fernández. La exgerente de Autogrúas Poli ha reconocido ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna que era amiga de la mujer de Clavijo y que fue el dirigente de CC, cuando ostentaba las competencias en materia de Seguridad en el Ayuntamiento de La Laguna, quien le preguntó si estaba interesada en trabajar para la concesionaria municipal. Fernández ha explicado que dejó su currículo a Estanislao González, que en aquella época era jefe del área de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento, y, tras hablar “un par de veces” con Padilla, fue contratada.

La exgerente ha recordado que en los primeros tiempos con el antiguo propietario de la empresa percibía su salario con regularidad y que los problemas comenzaron pocos meses antes de que Padilla la vendiera, cuando el Ayuntamiento empezó a deber facturas a la concesionaria. Fernández percibió en este periodo una situación anómala, un “cambio de actuación” en el gobierno municipal. El dueño de Autogrúas Poli le habría manifestado entonces su agobio y su voluntad de vender, alimentada por el maltrato al que, según su relato, le sometía Estanislao González y por la negativa de Clavijo a atenderlo a pesar de que manifestaba estar “ahogado”.

La testigo ha señalado que fue el propio alcalde de La Laguna quien la llamó una tarde de noviembre del año 2010 para comunicarle que los siete trabajadores iban a comprar a la empresa. Fernández ha manifestado que esa conversación se desarrolló en un tono poco amigable porque ella no estaba de acuerdo en que asumieran la gestión personas que no estaban preparadas profesionalmente, “que no llegaban ni a octavo de EGB”, y que tampoco disponían de los medios económicos suficientes para asumir las deudas que había contraído la sociedad como consecuencia de los retrasos en los pagos del Ayuntamiento, su único cliente.

Fernández ha afirmado que, al día siguiente de llegar, los nuevos propietarios le bloquearon el acceso al ordenador y le despojaron de sus funciones como gerente. “Cobraba por no hacer nada” hasta que también dejaron de pagarle, ha dicho la testigo, que ha recordado también que del préstamo de 120.000 euros concedido por el Ayuntamiento a la empresa concesionaria apenas una parte se dedicó al abono de las nóminas atrasadas, a pesar de que esa era su fin, y que los socios vinculados a Clavijo no querían que ella supiera nada de la entidad. La exgerente acabaría siendo despedida cuando la empresa pasó a manos de José Luis Tacoronte.

Tanto Fernández como otra de las testigos que ha comparecido este viernes ante la jueza, María Dolores Delgado, administrativa de la empresa, han coincidido en que Clavijo era perfecto conocedor de la situación de la empresa y de los incumplimientos de los pliegos, pero que les había manifestado que “no tenía tiempo” de leer todos los escritos que le llegaban y les había conminado a acudir a los tribunales en caso de que los problemas persistiesen.

Delgado ha señalado a Estanislao González como la persona que le colocó en la empresa de grúas de La Laguna. Lo conocía porque ambos compartían afición por la hípica. Según su testimonio, fue el responsable de Hacienda quien la llamó para comentarle que se iba a privatizar el servicio y que buscaban un perfil de administrativa. Al igual que la amiga de la mujer de Clavijo, resaltó que se pagaba de forma puntual hasta los últimos seis o siete meses antes de la venta, cuando comenzaron los retrasos y los impagos. Cuando Padilla vendió la sociedad, el Ayuntamiento le debía unos 200.000 euros, dinero que se le embolsó a los nuevos propietarios, ha manifestado la testigo, que ha recordado que, pese a ello, al rescate con dinero público y al préstamo, años después le llegaron a deber hasta doce nóminas, nueve más de las que, como máximo, se había demorado el primer dueño.

La administrativa ha atribuido a la mano de Clavijo la contratación de al menos cuatro trabajadores de la empresa (Santiago Casanova, José Luis Conde, Pablo Genovés y Evelino García) y a la actual diputada de CC y exalcaldesa, Ana Oramas, la de uno de ellos (Francisco Ramos).

Los trabajadores “elegidos a dedo” formaban “una piña”

Otro de los testigos de este viernes, Alejandro Dionisio Díaz, conductor, ha añadido a esos nombres vinculados a Clavijo el de Felipe Casanova, otro de los socios que compraron la sociedad. Todos ellos eran “elegidos a dedo” y formaban “una piña”. El kárate era el nexo de unión con al menos tres. Santiago Casanova fue además el padrino de bautizo del hijo del expresidente del Gobierno canario, añadió el conductor, que ha incidido en que ninguno de ellos disponía del título de capacitación profesional, ni de la tarjeta de transporte para poder operar, una circunstancia que, a su juicio, se situaba al margen de la legalidad vigente.

En su contundente declaración, Díaz ha descrito el mal estado de los vehículos durante ese periodo. Entre otras deficiencias, ha comentado que las ruedas estaban “siempre lisas”, que se había visto obligado a poner una esponja debajo del asiento porque estaba roto y que no se podía conducir porque el manejo de las grúas era peligroso. También ha recordado que en alguna ocasión le paró la Guardia Civil por este motivo y que los siete socios no pagaban los sueldos, sino los préstamos y el mantenimiento de los vehículos, “porque no les daba”.

El cuarto trabajador en declarar en la sesión de este viernes, Evelino García, ha reconocido que conocía a Clavijo porque era el encargado de una empresa de pinturas que había hecho trabajos a la sociedad del exconcejal y exalcalde y de su mujer, relacionada con la administración de fincas. El testigo ha confirmado que la orden de contratarle partió del propio dirigente de CC, que se lo habría pedido a Begoña Fernández, la gerente. Según García, aceptó el puesto de conductor a pesar de que no tenía ninguna experiencia en el sector ni el permiso requerido. Al igual que Díaz, relató las deficiencias de unas grúas que no tenían freno de mano para grandes pendientes y estaban mal de dirección o de hidráulicos.

En relación con los vínculos personales de los socios con Clavijo, ha precisado que Santiago Casanova se llevaba muy bien con él, además de por las clases de kárate, porque “realizaba trabajos de electricidad” que le encargaba la empresa de administración de fincas del actual senador y su mujer y que a Pablo Genovés lo metió porque se lo pidió su mujer, que trabaja en la mencionada mercantil. También admitió haber estado presente en una reunión con los trabajadores en Tejina, encuentro en el que se comentó que Clavijo quería que cogiesen la empresa y formasen una cooperativa y que el hecho de que el alcalde estuviera detrás “era una garantía”.