En la voz de OTRAS

Tengo dos reglas de oro para darle vueltas a los temas que me preocupan, muy en especial aquellos que tienen que ver con los feminismos. Primero, siempre me pongo en el lugar de las que están en una situación más complicada que la mía y miro el mundo, la cuestión concreta que esté analizando, desde ahí: desde el lugar de quienes sufren opresiones de género, sí, pero también de clase, de raza, capacitismo, homofobia, transfobia, bifobia, gordofobia, edadismo… Desde ahí es más difícil tirarse por el peligroso terraplén que supone universalizar excluyendo. Segundo, no suelo pretender justificar por qué tal o cual colectivo debe tener derechos: suelo fijarme más en las razones por las que otras personas se los niegan, y es la realidad que me parece preocupante y sobre la que trato de incidir para progresar ética y políticamente. Cada cual tiene derecho a vindicar lo que considere y necesite, y ni yo ni nadie es quien para juzgar y mucho menos negar las necesidades de otra singularidad sobre la faz de la tierra.

Desde estos dos principios, me resulta cada día más doloroso ver cómo se aborda la diferencia de criterios que atraviesa el movimiento feminista: sobre todo, en el tema trans y en la cuestión del reconocimiento de derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Al amor del 8 de marzo, y al hilo de una interesantísima entrevista que tuve esta pasada semana con tres mujeres trabajadoras sexuales, activistas feministas y afiliadas a Otras, sindicato de trabajadoras sexuales, quisiera reflexionar sobre su necesidad de derechos. 

Es sabido que el feminismo está dividido en lo que se refiere a la prostitución: tenemos mucho que trabajar entre nosotras, a poder ser haciéndolo con la seriedad, la cordialidad y el respeto propios de personas que conviven en una lucha, en un movimiento, y sin olvidar nunca que detrás de esta discusión hay seres humanos con cuerpos, vidas y sentimiento 

De un lado, están, estamos, quienes consideramos que el trabajo sexual debe ser despenalizado por completo, porque solo la despenalización total puede garantizar derechos laborales, incluido el derecho a la salud y la prevención de riesgos laborales, y únicamente con derechos las personas dedicadas  al trabajo sexual podrán plantar cara legal a la explotación, se podrá luchar con mayor eficiencia contra la trata, se facilitará la organización de las trabajadoras en cooperativas, sindicatos, etc. Y, sobre todo, se cambiará, la percepción de un trabajo en el que el estigma crea multitud de problemas personales y sociales. Somos las feministas “pro derechos”. 

De otro, se encuentran aquellas mujeres que consideran que la prostitución es violencia contra las mujeres, y que por ello no se puede legalizar, y también se oponen a despenalizarla —situación en que estuvo hasta 1995—, y no reconocen el derecho a tener derechos de las personas en situación de prostitución. De hecho, cuando un colectivo de prostitutas quiso legalizar el sindicato de trabajadoras sexuales “Otras”, fueron llevadas al banquillo de la Audiencia Nacional, acusadas nada menos que de proxenetismo, por dos colectivos feministas abolicionistas a lo que se sumó la Fiscalía —el PSOE, abolicionista por interés, no descuida nunca su nicho de mercado electoral feminista—. Ninfa, prostituta ecuatoriana y mujer trans, objetivo, por tanto, de múltiples opresiones, me contó cuánto sufrió ese proceso, y lo doloroso que fue para ellas que los ataques llegaran del propio feminismo.  

Las abolicionistas quieren erradicar la prostitución, algo que las pro derechos compartimos como deseo —y ya, si nos ponemos, abolir todo trabajo alienante— pero creemos imposible, y no aceptamos que en el impasse las personas que ejercen estén totalmente desprotegidas, a merced de las exigencias de los proxenetas. Para las abolicionistas no puede ser que el cuerpo se consuma como un producto; las pro derechos creemos que no hay que confundir vender tiempo con vender el cuerpo o la persona siempre que seas tú, en unas condiciones de libertad similares a las que te permite escoger otras profesiones, quien decida venderlo. 

Como pro derechos, invito a las compañeras abolicionistas a tener un debate público informado, en el que se escuche, ante todo, a las protagonistas. Hay argumentaciones verdaderamente falaces que tienen derecho a desmontar con su conocimiento de la realidad como argumento de autoridad. Una teórica académica del abolicionismo, Ana de Miguel, por ejemplo, define la prostitución en centros educativos públicos, amparada en su condición de profesora, como “institución de nuestra sociedad que ofrece a los hombres mujeres de libre acceso por un precio módico”. Si se permitiera hablar en esos mismos foros a prostitutas activistas como Carolina Clemente, que además es graduada en psicología y aborda en su artículo “El impacto psicológico del estigma de la prostituta” realidades a pie de calle, podría explicarle y afearle a De Miguel lo insultante que es para una mujer que se niegue su agencia, que se diga que cuando trabajan hay “libre acceso a ellas”, generando confusión y la idea de que los varones pueden hacer lo que quieran a una mujer cuando la pagan. Pero no es así, porque las trabajadoras sexuales tienen vetado, debido al estigma, el acceso a muchos espacios y si, por ejemplo, se plantea que vayan a una universidad a menudo se les ha acusado de ir a captar jóvenes  para los clubs. La condiciones de dialogo no son, hoy por hoy, justas.  

A menudo las abolicionistas señalan que quienes se dedican a la prostitución por decisión propia es que ejercen una libertad neoliberal que no sopesa el impacto que eso tiene en las demás, que pueden ser vistas como consumibles. Una posición que, siguiendo mi principio de ponerme en el lugar del otro, de la otra, me parece puro egoísmo, pues se trata casi siempre de mujeres blancas burguesas privilegiadas pensando en su estatus sexual, con una idea de sexualidad violenta y moralista, cuestionando y negando la voz y la agencia a mujeres trabajadoras, mayoritariamente migrantes. ¿Por qué tanta preocupación por el “harem” de mujeres de diversas razas a los que los hombres tienen acceso y tan poca por denunciar la ley de extranjería que coloca a las migrantes en situación de desventaja y posibilita la trata? ¿Qué justifica los análisis que obvian elementos tan cruciales en esta cuestión como la raza o la clase? ¿Dónde queda entonces la interseccionalidad, la interacción entre factores de opresión tan manoseada en la academia?   

El 8 de marzo es un día de lucha y solidaridades, pero también de articulaciones y alianzas para avanzar que exige afrontar las cuestiones que amenazan con dividirnos. Necesitamos debatir, necesitamos confrontar con amor revolucionario, con respeto entre compañeras y con honestidad de luchadoras por un mundo mejor. Y, a poder ser, con la disposición suficiente a movernos del punto de partida que exige todo diálogo digno de ser así llamado, capaz de ser algo más que dos monólogos que confrontan. Hermanas abolicionistas, en nuestro día de lucha, yo les quiero pedir un favor: escuchen a las activistas trabajadoras sexuales, a las putas organizadas. No les nieguen su voz, no se permitan caer en ese tópico patriarcal que es velar la identidad y robar la voz de las otras.