Los afectados por los derribos firman la “libertad condicional”

El Gobierno de Cantabria y los afectados por las sentencias de derribo han firmado este viernes los primeros contratos de compensación por los cuales el Ejecutivo regional garantiza la sustitución de las viviendas que no puedan ser legalizadas y que, por lo tanto, deberán ser demolidas. Han sido 44 propietarios de las urbanizaciones La Arena, en Arnuero, y Las Torres, en Escalante, los que han estampado su rúbrica junto al presidente, Ignacio Diego, y al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, aunque se espera que antes de que concluya la legislatura lo suscriban la mayoría de los 621 afectados.

Con estos acuerdos, los afectados podrán exigir por la “vía jurídica” el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno, que pasan por entregar a cada propietario una vivienda de similares características a la que tenían en caso de que ésta sea derribada si no es posible legalizarla.

No obstante, los planes del Gobierno de Diego es que éste contrato no tenga que ejecutarse en la mayoría de los casos, ya que están convencidos que 449 viviendas podrán salvarse de la piqueta. El Parlamento autonómico aprobó en junio de 2013 una reforma de la Ley del Suelo por la que otorga a los ayuntamientos la posibilidad de legalizar estas viviendas mediante las denominadas autorizaciones provisionales.

Para ello, los consistorios han de poner en conocimiento del juzgado que dictó la orden de demolición -la mayoría en los años 90 a raíz de una denuncia de la Asociación Ecologista ARCA- que están elaborando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el que el suelo en el que asientan las casas afectadas será catalogado como urbano.

La legalidad de esta 'herramienta' urbanística está en manos del Tribunal Constitucional después de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria presentara una cuestión de inconstitucionalidad al entender que puede existir una vulneración de las competencias del Estado. La sentencia, que será definitiva para saber si podrán o no ser legalizadas las viviendas, no llegará hasta dentro de año y medio.

Por este motivo, desde AMA, el colectivo que aglutina a los afectados, califican estos acuerdos de “libertad condicional”, ya que no el problema no se resuelve definitivamente. “Ni se ha legalizado ninguna vivienda, ni se ha pagado ninguna indemnizacion ni a ningún propietario le han dado todavía ninguna vivienda en sustitucion de la suya”, ha aseverado el vicepresidente de AMA, Pedro Laín, que es uno de los propietarios de La Arena que han suscrito el acuerdo.

Desde la plataforma de afectados recuerdan que llevan “más de 20 años” sin que la cuestión se haya resuelto, por lo que prefieren se cautos. “Nos dicen que hay esperanza, que los nuevos acuerdos darán esa solución, pero esa música ya nos la han tocado otras veces. Quizás ahora suene más claramente, quizás sea verdad. Pero han enterrado tantas veces nuestras ilusiones que el recuerdo del pasado nos cubre con el manto de la prudencia”.

Además, el contrato suscrito deja muchos cabos sueltos, como por ejemplo el suelo donde se levantarían esas nuevas viviendas de sustitución o la Administración que debe hacerse cargo del coste de su construcción.

De 300 a 20 millones

Más optimistas se han mostrado los dirigentes regionales. A juicio del consejero, los firmantes de estos acuerdos, con la autorización provisional y la posterior licencia “en una mano” y con este acuerdo de compensación “en la otra”, “pueden dormir tranquilos”.

Ignacio Diego ha manifestado que estamos ante un momento “especialmente ilusionante” y ha destacado que “se ha conseguido dar una solución jurídica” que, además de “resolver” y “quitar” el “grave” problema de los afectados, también “minimiza” el que tenían todos los cántabros, y que, según ha dicho, era “enorme”.

Así, ha recordado que si no se encontraba una salida a las cerca de 600 viviendas con sentencia de derribo tenían que ser demolidas, la comunidad autónoma iba a tener que afrontar un “desembolso” de unos 300 millones para los derribos y para pagar las indemnizaciones.

Sobre este asunto, el consejero ha confiado que finalmente ese pago de 300 millones de euros se quede, “a lo sumo” en 10 o 20 millones, teniendo en cuenta aquellas viviendas con sentencia de derribo que va a haber que demoler al no encontrar un modo de legalizarse.

Fernández ha calificado de “magníficos”, “justos” y “honrados” estos acuerdos, y ha afirmado que, en ellos, se ven “plasmados” los derechos de los propietarios y que, a través de los mismos, se quiere “compensar” parte del “sufrimiento” causado a los afectados por los “muchos errores” cometidos por el Gobierno de Cantabria, por los que se ha disculpado.