El PSOE censura que el “PP desatiende los intereses de Cantabria” al no recurrir la multa de 37 millones a Sniace

El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, ha censurado que “el PP desatiende los intereses de Cantabria al dejar pasar los plazos” para reclamar, vía judicial, los más de 37 millones de euros de multa que adeudaba Sniace a la comunidad autónoma por la emisión de gases contaminantes en el año 2020.

Así se ha manifestado Zuloaga en declaraciones a los medios, acompañado por el secretario general del PSOE de Torrelavega, José Luis Urraca y otros concejales socialistas del municipio.

El líder de los socialistas cántabros ha enfatizado que es “intolerable que el Gobierno de Buruaga deje de lado los intereses de los cántabros”, lo que a su juicio hace “continuamente”, y en esta ocasión los de Torrelavega. Porque en su opinión, que la presidenta regional, la popular María José Sáenz de Buruaga, “no recurra esta sentencia judicial es desatender los intereses de Cantabria”.

Zuloaga ha asegurado que los socialistas son “conscientes de la situación que vive Sniace” y que “ganar una sentencia no significaría cobrar esa sanción, pero desistir de recurrir es dejar de lado los intereses de Cantabria”, ha reiterado.

Por ello, ha anunciado que los socialistas presentarán una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno regional se comprometa a trabajar y a defender los intereses de la región en todos los procesos judiciales, llevándolos a término, “para que cada una de las sanciones que plantean las instituciones se conviertan en recursos públicos para financiar los servicios públicos de nuestra comunidad”.

La PNL recuerda que en 2020, Sniace no entregó la cuantificación de sus derechos de emisión de ese año, que debían haber sido iguales a los de 2019, lo que derivó en una multa del Gobierno de Cantabria por 37,2 millones de euros a la que la empresa debería haber hecho frente.

El texto indica que si bien existe una estimación parcial por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la vía judicial seguía abierta para el Gobierno a fin de que la empresa pagase la multa; una vía a la que ha renunciado al no interponer un recurso contra esta estimación parcial, renunciando así a cualquier cobro de dicha multa.

“Una decisión que no genera ningún tipo de beneficio a la Comunidad Autónoma de Cantabria sino, más bien, todo lo contrario: la renuncia a un ingreso público por unos derechos de contaminación que nos han afectado a todos”, señala la iniciativa.