Castilla-La Mancha prepara un decreto propio para “aclarar” su régimen de vivienda protegida

Actualmente se encuentra pendiente de tramitación en Castilla-La Mancha la nueva Ley regional de Vivienda. Es un complejo texto legislativo que recoge los compromisos que adquirió el presidente, Emiliano García-Page, a principios de legislatura pero que, pese a estar ya finalizado, no ha entrado en tramitación parlamentaria. Mientras tanto, desde el Gobierno regional se ha ido legislando mediante ayudas públicas al alquiler o a la rehabilitación edificatoria, entre otras, para a facilitar el derecho constitucional a la vivienda. Ahora también prepara un decreto referido al régimen de vivienda protegida en la comunidad autónoma, frente a la “dicotomía” que a este respecto presenta la normativa, el decreto estatal y los planes de vivienda.

¿A qué se refiere el Ejecutivo? Ahora, el régimen jurídico de este tipo de viviendas se rige por un marco plural, concretado, por un lado, en el Decreto de Viviendas con Protección Pública de 2004 -que tiene carácter indefinido- y, por otro lado, por los decretos autonómicos temporales que culminan en los Planes Estatales de Vivienda, por periodos temporales y concertados entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para su aplicación.

Sucede que estos programas, en la práctica, se han formulado por periodos trianuales, pero en el caso específico del régimen jurídico de la vivienda protegida, establecen una regulación que o bien no se ajustaba a esa temporalidad, o bien se solapa con el mencionado decreto de 2004, que es atemporal. Los planes no derogan ese decreto, pero lo “desplazan de facto” en  su  aplicación respecto a varios de sus contenidos.

El Gobierno castellano-manchego argumenta que esta realidad se ha prolongado en el tiempo suscitando dudas en la aplicación diaria de este conjunto normativo. Por ejemplo, en esta región se han aprobado los decretos correspondientes al V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y el posterior Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016. Este último, en su Disposición Transitoria Única mantuvo la vigencia del régimen del régimen jurídico establecido por el primero, pero también con referencia la aplicación del referido Decreto de 2004.

“Compleja articulación y aplicación práctica”

Esta “dicotomía” de normas ha hecho “compleja su ”articulación y aplicación práctica“. Ha provocado ”no pocos casos de relevancia práctica y difícil integración“, denotando con ello la necesidad de ”aclarar y actualizar“ el régimen jurídico que, hoy por hoy, debe regular la  vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.

Por otra parte, el Ejecutivo castellano-manchego argumenta tras el periodo de crisis del sector inmobiliario vivido en los pasados años, se hace precisa la reconsideración, sino del conjunto de la normativa relativa al régimen jurídico de la vivienda protegida, sí al menos de aspectos como los relativos a sus procesos de adjudicación, o a la cuantificación de ingresos máximos y mínimos para los posibles adjudicatarios.

De igual modo, el decreto pretende abordar otras cuestiones de relevancia como pueden ser las referidas a la promoción pública de viviendas y su particular gestión, algo “sobre lo que las experiencias iniciadas en el parque autonómico, fundamentalmente desde 2015, hace aconsejable una reconsideración”. Todo ello en teniendo en cuenta la “trascendencia” que estos inmuebles tienen “en pos de la satisfacción del derecho de acceso y permanencia en la vivienda de sus usuarios”, bajo el mandato de  intervención que establece la Constitución.

El director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, ha explicado a este respecto que “se trata de recuperar el papel que la vivienda protegida ha tenido tradicionalmente, haciéndola accesible para el conjunto de los ciudadanos y, en especial, para los jóvenes. Se trata de que recupere su papel en favor de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre”. Entre estos, no están solo aquellos en situación de emergencia habitacional, sino que hoy se refiere a un colectivo más amplio, “como nuestros jóvenes, que por lo general quedan en un limbo entre un mercado libre que les resulta difícilmente accesible, y una vivienda pública que, en primer lugar, se destina a atender situaciones de exclusión residencial”.

“Plenamente compatible” con la futura Ley de Vivienda

Además, el Gobierno regional resalta que este nuevo decreto, que se haría con “vocación de permanencia”, es “plenamente compatible” con la tramitación del Anteproyecto de la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, norma con la cual resulta plenamente compatible. Pero ante todo, insiste en la necesidad de “aclarar” el régimen jurídico vigente para evitar que las normas vigentes se “solapen entre sí”; y de hecho, apuesta por que estas normas se actualicen dado el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, y a los profundos cambios sociales y económicos que han afectado al sector de la vivienda en todo el país.

El complejo anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, que está pendiente de la luz verde del Consejo de Gobierno, dedica buena parte de su contenido a reseñar el nuevo régimen de vivienda pública en la región. Forma parte del objetivo de dar carácter “social” a la nueva normativa. Busca intentar cohesionar su estructura y funcionamiento como “sistema autonómico”, pero su novedad más destacada es que incorpora a nuevos colectivos que pueden solicitar su acceso a este tipo de viviendas.

Se trata de todas aquellas personas que no dispongan de la posibilidad de acceso a una vivienda en régimen de arrendamiento en el mercado libre, o bien que deban ser alojadas en otras viviendas que las que ocupan, “por indignidad o inadecuación de estas”. En esos supuestos, se producirá un reconocimiento del derecho a disfrutar de una vivienda que garantice que puedan ser alojadas o, subsidiariamente, percibir ayudas al pago del alquiler.

Es previsible que esta ley no se apruebe antes de que termine la legislatura. El nuevo decreto, cuyos plazos de aprobación pueden ser más cortos, contribuiría a clarificar al menos esta cuestión, aunque tampoco está garantizado que pueda aprobarse antes de que se convoquen elecciones el próximo mes de mayo.