Coordinación entre lo social y lo sanitario

Hace muy poquitos días leía un artículo de prensa que trataba sobre el alargamiento de pacientes ingresados en los hospitales por no tener dónde ir a recuperarse ni quién los pudiese cuidar. Este artículo mencionaba que esta problemática se había trasladado al Defensor del Pueblo para su estudio y valoración, el cual a través de una consulta a todas las comunidades autónomas vería el volumen y alcance de estos problemas.

Esta problemática se centra en dimensionar la laguna del sistema, es decir, saber o conocer cuántas personas en España no tienen dónde ir una vez que reciban el alta hospitalaria o porque nadie puede hacerse cargo de ellos o cuidarlos en unas condiciones favorables para su recuperación. Según se desprende en este artículo, el grupo de personas que mayormente se ve afectado por este problema son personas mayores, de edad avanzada, con una situación económica vulnerable, con patologías cronificadas y escaso o nulo apoyo en su entorno familiar.

Si esto es así a nivel general en toda España significa que existe una gravísima coordinación entre el sistema sanitario y el social. Y lo más preocupante que se desprende de todo esto sería la falta de servicios, recursos y profesionales ya que su número no viene a ser proporcional a las necesidades surgidas y demandadas.

Pues bien, me gustaría matizar y arrojar algo de luz y esperanza en cuanto a esto. En primer lugar, desarrollo mi labor como trabajador social dentro de la denominada Gerencia de Atención Integrada de Albacete, y en concreto en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Mi experiencia es bastante corta pero suficiente para ver la problemática sanitaria-social existente.

En segundo lugar, si bien en los casos que menciona el artículo anteriormente referido, las personas que se ven afectadas por no tener dónde ir después de una estancia hospitalaria, y en consecuencia, el hospital debería asumir y prolongar dicha estancia pudiendo derivar en más problemas que beneficios al propio paciente, no suele ocurrir en nuestros hospitales, ya que en este caso, la coordinación de nuestra Gerencia con Bienestar Social es fluida y positiva, disponiendo siempre de estancias temporales residenciales públicas para todos ellos siempre que se reúnan unos requisitos previamente establecidos por la propia Consejería de Bienestar Social, y además, contar con ayudas de emergencias ya sea a través de los ayuntamientos, asociaciones u ONG.

Ahora bien, últimamente sí se nos están planteando graves problemas cuando la población a recibir estos recursos son personas adultas, con un rango de edad que va de los 30 o los 40 años a los 65, edad esta última establecida para poder ingresar en una residencia.

Aquí sí es donde los trabajadores sociales hospitalarios nos encontramos una dificultad extrema, debido, por un lado, a la falta de recursos sociales especializados para este tipo de pacientes que habitualmente están ingresados en las unidades de corta y media estancia (UMLE), y por otro, los problemas económicos derivados por esta situación. Añadiendo lo anterior a otro gran problema que nos surge, como es la rigidez del sistema de dependencia para estos casos, ya que este no permite dar una respuesta inmediata a las situaciones sobrevenidas que se producen en el ámbito sanitario sobre estas personas adultas.

En definitiva, y en relación con este último apartado, todo esto es realmente un fenómeno multicausal que necesita indudablemente de auténticas políticas públicas por parte de nuestros gobernantes basadas en la colaboración, cooperación, coordinación, evaluación y ejecución de las mismas, pues de lo contrario, aquí si podemos hablar de una falta de garantía de derechos de los ciudadanos que hay que afrontar de inmediata urgencia.