Un mes de toque de queda a las 20.00 en Castilla y León: una incidencia por encima de la media de España y 717 sanciones en el aire

Este martes se cumple un mes desde que entró en vigor el toque de queda adelantado a las 20.00 horas de Castilla y León, el único de toda España y cuyo efecto no está claro. Esta decisión se tomó cuando la comunidad registraba más de dos mil contagios diarios de COVID-19 y ahora mismo la incidencia continúa por encima de la media española. La polémica medida de la Junta de Castilla y León quería frenar los contagios para que la gente no se reuniera en casa ni quedara a cenar con personas de fuera de su burbuja.

Día tras día, desde hace un mes, bares y tiendas han tenido que adelantar sus cierres a las 19.00 o 19.30 horas para que los clientes retornen a sus casas pronto. Sin embargo, la incidencia baja más despacio que la subida de enero y otras comunidades –que registraron una incidencia tan elevada como Castilla y León– han reducido su incidencia al mismo ritmo pese a que no adelantaron el toque de queda, con otras medidas cuya legalidad no ha cuestionado el Gobierno.

“Esto se paraliza. Los findes es mucho peor, porque antes –aunque había toque de queda a las 22 horas–, la gente se animaba y a lo mejor lo pedía para casa, pero ahora...”, lamenta Ana, dueña de un restaurante del centro de Valladolid. Esta hostelera apuesta por “adaptarse” a la situación y dar el servicio “lo mejor” que se pueda, aunque reprocha que los constantes cambios les vuelven “locos”. “Te vuelven loco, vuelves loca a la gente, no sabes cómo hacerlo, cómo abrir, cómo trabajar...”, comenta a elDiario.es.

Sobre el efecto del toque de queda, como ya explicó el epidemiólogo y director del CCAES, Fernando Simón hace dos semanas, es “difícil” que el descenso de los contagios experimentado en Castilla y León se deba a una única medida. En el pico de la tercera de ola de la pandemia, la incidencia acumulada de toda España se situó en 420 casos, ese mismo día la incidencia acumulada (IA) de Castilla y León (7 días) se situó en 720.

Desde principios de enero, Castilla y León decretó el cierre del interior de los bares, centros comerciales y gimnasios. Junto al toque de queda a las 20.00 horas, implantó el cierre perimetral de las nueve provincias y limitó las reuniones a 4 personas –aunque en terrazas pueden juntarse hasta seis–. Dos semanas después, el Consejo de Gobierno decidió tomar medidas “excepcionalísimas” en los municipios en los que detectaran una incidencia “desbocada” que supere los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes y no aseguren un “decrecimiento constante”. Actualmente ya no hay municipios en esta situación.

Según defendió Simón, el adelanto del toque de queda se impuso después de haber tomado otras “medidas muy potentes”, por lo que, para el epidemiólogo, la mejora de los datos no tiene un único causante, como el toque de queda, sino que fue “el uso conjunto de todas las medidas las que consiguen un efecto en la curva”.

Solo Extremadura ha tenido una incidencia tan elevada como Castilla y León

No está claro que la clave de esta bajada sea el impacto del toque de queda a las 20.horas. Solo Extremadura ha tenido una incidencia igual de elevada que Castilla y León, superior a los 700 casos por cada 100.000 habitantes.

El 31 de diciembre, Extremadura imponía el toque de queda a las 22 horas y limitaba las reuniones a cuatro personas. El 13 de enero, prohibía la movilidad entre municipios y cerraba la hostelería y el comercio no esencial en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. Tres semanas después del pico de la incidencia, en Extremadura la IA bajaba un 78% aunque no se implantó el toque de queda, hasta los 163 casos por cada 100.000 habitantes (el 8 de febrero).

La curva de contagios en Castilla y León tuvo una tendencia similar a la de Extremadura, aunque se produjo una semana después. Veinte días después del pico de contagios en Castilla y León, el descenso acumulado es del 76% y la incidencia es de 169 casos por cada 100.000 habitantes.

La semana pasada, la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, aseguraba que el ritmo de descenso era “similar” a la velocidad de aumento de hace unas semanas. Aunque haya sido “similar”, el descenso ha sido menor que el incremento de contagios en enero. En las tres primeras semanas de enero, la incidencia en Castilla y León se multiplicó por siete –en España se duplicó– y, desde que alcanzó el pico de contagios (27 de enero), empezó a bajar, aunque no de forma tan brusca como lo fue el crecimiento de infectados diarios.

Bajada más rápida que la media nacional

Sí es verdad que Castilla y León ha reducido su incidencia acumulada de forma más rápida que la media nacional, aunque la situación epidemiológica no es comparable, puesto que Castilla y León volvió a ser una de las autonomías más afectadas por el virus.

Entre el 27 de enero (pico de la tercera ola) y el 15 de febrero, la incidencia acumulada (7 días) ha caído en Castilla y León un 76%, frente al 63% de la media nacional. A pesar de la rápida bajada, la incidencia en Castilla y León sigue siendo más alta (169) que la media nacional (145).

La incidencia ha disminuido un 48% respecto a la semana pasada, pero no es la autonomía con mayor descenso esta semana. Por delante se encuentran La Rioja (69%), la Comunidad Valenciana (57%), Extremadura (54%) y Castilla–La Mancha (53%).

717 sanciones por el toque de queda

El cumplimiento es mayoritario y las sanciones no alcanzan el millar en todo Castilla y León. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han propuesto 717 sanciones durante el mes que ha estado vigente el toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León, una medida, en vigor desde el 16 de enero en toda la comunidad, que sigue presentando dudas jurídicas. Está previsto que este martes el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legalidad de la medida, que el Gobierno central recurrió ante la Justicia, al considerar que “no tenía cabida en el estado de alarma vigente”.

El Gobierno de Pedro Sánchez recurrió ese mismo domingo el acuerdo de la Junta y pidió al Tribunal medidas cautelares de suspensión del decreto. Si hubiera pedido medidas cautelarísimas, el Supremo hubiera decidido sobre la suspensión de forma inmediata, pero se optó por una vía que a la larga está resultando más lenta. El TS dio a la Junta de Castilla y León de un plazo de diez días para justificar los argumentos legales con los que adelantaba la limitación de la movilidad. El gobierno autonómico envió la documentación requerida en el último día de plazo, el 2 de febrero.

En el tiempo en el que ha estado vigente la limitación de movilidad entre las 20.00 horas y las 6.00, se han propuesto para sanción total de 717 expedientes, que, en caso de que el Tribunal Supremo dé la razón al Gobierno central, serían declaradas nulas, como ya sucedió cuando la Junta de Castilla y León decidió implantar en octubre un toque de queda en toda la comunidad, sin el paraguas del estado de alarma. De esas 717 sanciones, 29 se han propuesto en Ávila; 126 en Burgos; 68 en León; 36 en Palencia; 180 en Salamanca, 21 en Segovia, 65 en Soria, 118 en Valladolid y 74 en Zamora.

El pasado 15 de enero, cuando el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, justificó el adelanto del toque de queda dos horas respecto al resto de comunidades autónomas, Castilla y León registró 2.892 casos de COVID-19 en un solo día, y la incidencia acumulada en 7 días se situaba en 490 casos por cada 100.000 habitantes. Un mes después, los datos han mejorado en la Comunidad y en el resto de España. La incidencia acumulada se sitúa ahora en Castilla y León en 169 casos, y este lunes, se notificaron 192 nuevos contagios, la cifra más baja desde navidades.