Los agentes medioambientales de Castilla y León avisan a la Junta que eliminar 72 plazas dificulta la defensa del medio natural

Los colectivos de Agentes Medioambientales de Castilla y León protestan frente a las Cortes este marte por la “inadmisible e inaceptable” propuesta de la Junta para la reducción de más de 70 plazas de agentes. Desde CCOO, CSIF, USCAL Y UGT señalan que “se sienten engañados por el incumplimiento 16 años después, del 80% de los puntos negociados en un preacuerdo en 2007 para la mejora de sus condiciones laborales”.

Según los agentes la carencia de efectivos en la actualidad hace muy difícil garantizar el servicio público de defensa del medio natural de la Comunidad, así como dar servicio a la cantidad de avisos que se atienden por recogida de fauna, atropellos, o daños a la ganadería que requieren en muchas ocasiones una atención inmediata de ahí que exijan a la Junta que atiendas sus reclamaciones. “De no ser escuchado nuestro requerimiento continuaremos las movilizaciones y protestas el tiempo que sea necesario”, afirman.

Asimismo, exigen la petición del cese del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, por lo que califican de “falta de gestión y el daño medioambiental y social que sus políticas están desencadenando”.

Los convocantes de la protesta, que será este martes 21 de noviembre a las 17:00 de la tarde frente a las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, piden el apoyo de la población del medio rural al ser en este entorno para defender un servicio que “debe apoyar precisamente con mayores recursos a quienes más lejos se encuentran de los poderes públicos”.

Según explica el presidente de APAMCYL-USCAL, Esaú Escolar Santos, la falta de diálogo con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha acabado por precipitar las protestas. Escolar ha criticado que el consejero haya evitado fijar una reunión para abordar su problemática, una postura que choca con lo que el propio Suárez-Quiñones afirma de estar abierto a escuchar, como ha afeado el agente medioambiental.

En toda Castilla y León, según denuncia Escolar, es que se quiere pasar de tener en más de 94.000 kilómetros cuadrados a 1.050 agentes medioambientales a 948, 72 menos. Pero es que, además, como apunta el representante sindical es que, a pesar de la cifra, la comunidad se encuentra por debajo de este máximo ya que las vacantes no están cubiertas.

La solución del Ejecutivo autonómico para tratar de dar abasto es utilizar técnicos en los servicios provinciales, como manifiesta Escolar. “Nosotros no decimos que no sean necesarios”, explica, “pero las centrales de incendios son exclusivamente para gestionar todo lo que tiene que ver con incendios. No están haciendo una organización logística y operativa para protección medioambiental” no para otro tipo de incidencias como un excursionista extraviado.

“La Junta no tiene la suficiente sensibilidad para entenderlo. El medio natural está en el Estatuto de Autonomía como seña de identidad de esta comunidad”, critica.

La Consejería defiende que “cada puesto que se amortiza permite crear otro donde sí es necesario”

Desde la secretaria General de la Consejería de Medio Ambiente, en lo concerniente a los puestos Agentes Medioambientales (AAMM), “se ha entendido que cada uno de los nueve servicios territoriales debía hacer su propia evaluación de qué nuevos puestos de AAMM eran necesarios, y cuáles ya no lo eran. Todo ello, en función del cambio de las necesidades en las distintas comarcas que se ha producido con el paso del tiempo”, defienden,

Según explican las mismas fuentes a elDiario.es, “todos los puestos que se amortizan estaban vacantes antes del comienzo del proceso: una señal de que su necesidad o importancia no era desde luego de primer nivel. Cada puesto que se amortiza permite crear otro donde sí es necesario”.

Como caso particular, según precisan, “se amortizan 21 puestos de Agentes Forestales y 2 puestos de Agentes Forestales Especialistas, de puestos pertenecientes a un cuerpo a extinguir, un cuerpo que ya no existe legalmente”.

Otro caso particular que se ha remarcado por los sindicatos, según la administración autonómica, “es la amortización de seis puestos de Jefes de Comarca, respondiendo la amortización de 5 de ellos al cambio del Cuerpo de los mismos, ya que pertenecían al Cuerpo de Auxiliar Facultativo, Escala Guardería, y por tanto se compensan con la correspondiente alta de un nuevo puesto perteneciente al Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala Agentes Medioambientales; en el último caso, se trata de un puesto que estaba duplicado.

“El objetivo es establecer una planta de AAMM no inferior al máximo histórico de ocupación de la misma, pero adecuada en distribución a las necesidades actuales”, como indican las mismas fuentes.

Critican que la falta de formación y actualización promovida por la Junta

El problema parte, como defienden los cuatro sindicatos, es que las labores que desempeñan estos profesionales pasan por asumir riesgos en las funciones de vigilancia y policía además de una alta cualificación con capacidades y formación que han tenido que aprender ellos mismos “sin apoyo de la administración”.

Escolar relata que todo lo que tiene que ver con competencias digitales han tenido que ir aprendiéndolo por su cuenta sin que la administración imparta cursos para el reciclaje o que han tenido que pagar cursos a inspectores de la policía nacional para intervención con gente armada.

Una de las medidas de presión propuesta, según explica Escolar, es realizar “un apagón digital” apuntando “absolutamente todo en una libreta y en un papel”. Esta medida es para responder a dos problemas: a la falta de un protocolo de prevención de riesgos laborales a la altura que recoge que haya que enfrentarse a “un señor que va armado con un arma de fuego, con una libreta y un papel” sin que haya “una evaluación de riesgos laborales” a la altura además de la falta de cursos de actualización digital hechos por la Junta.

Según la versión de la Consejería, las centrales sindicales argumentan que no están obligados y que realizar estas tareas podría ser motivo de reclamación de indemnización. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que según el Reglamento vigente desde 2002, los AAMM tienen el derecho de recibir el material necesario para cumplir sus funciones, incluyendo herramientas informáticas. La Administración ha mejorado constantemente los recursos proporcionados, como vehículos, uniformes y dispositivos tecnológicos. Se destaca que el uso de ordenadores y teléfonos móviles es esencial para la eficiencia y seguridad en el desempeño de las tareas de los AAMM. Además, se menciona que los AAMM tienen el deber de actuar de acuerdo con el código de conducta de los empleados públicos.

Sobre la reivindicación de ser reconocidos como carácter de policía judicial, además de ser ya agentes de la autoridad, Medio Ambiente señala que os AAMM no pueden considerarse policía judicial en sentido estricto, ya que está reservado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Montes,aseveran, define a los agentes forestales como agentes de la autoridad con funciones de vigilancia y policía judicial genérica. Aunque sus actuaciones pueden incorporarse al proceso penal, no se amplía su competencia ni estatus, y no pueden ejercer funciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado según la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Mejora de reconocimiento y salario

Por todas las funciones que tienen que hacer desde los sindicatos critican que las funciones que tienen que realizar los agentes medioambientales “no se corresponden con la nueva clasificación y niveles retributivos que la Junta de Castilla y León pretende llevar a cabo en la modificación de sus puestos de trabajo, dejando a este colectivo en el nivel más bajo de la Consejería”.

La cuestión de reconocimiento y salarial es otro agravio a su situación. Según los colectivos “no se contempla el complemento de ultra periferia, siendo el servicio de funcionarios con mayor dispersión en el mundo rural de toda la administración”. Es por eso que entienden que es más que lógica y justa la petición de equiparación a la retribución media a nivel nacional. Para ello se pide la Inclusión del colectivo en el grupo profesional de grupo B, correspondiente a la titulación superior exigida como requisito para el acceso al Cuerpo, a la vez que se faciliten fórmulas de equiparación para los agentes en servicio activo que accedieron con anterioridad a la exigencia de dicha titulación superior.

Ante esto, la Consejería de Medio Ambiente precisa que los AAMM cuentan con un complemento específico distinto al del resto de funcionarios. Para este apartado salarial, matizan, ya se tuvieron en cuenta en su momento “las especiales condiciones de prestación de servicios de los funcionarios pertenecientes a la Escala de Agentes Medioambientales, entre ellos el hecho de que sus servicios se prestan en el ámbito rural”.

Asimismo, recuerdan que “hace pocos años, cuando se creó la Escala de Agentes Medioambientales, accedieron a la misma funcionarios de la Escala de Guardería, que pertenecían al subgrupo C2, y por tanto pasaron de forma automática al subgrupo C1, con la mejora retributiva que ello supuso”.

Para la secretaria General de la Consejería de Medio Ambiente los AAMM son “un colectivo cuyos niveles administrativos y retributivos ya fueron objeto de ascenso con paso del subgrupo C2 al subgrupo C1. Una mejora de la que pocos grupos profesionales podrán presumir, y que ahora se olvida; es más, se reclama una nueva subida de categoría profesional”.

Una estructura con un subinspector en cada provincia y un jefe de cuerpo regional

Para conseguir todos estos objetivos se hace necesaria la creación en la Ley de Cuerpos y Escalas de una estructura de Cuerpo para asumir una dependencia de un mando orgánico que ostente la condición de agente de la autoridad y la creación de unidades y especialidades que se vienen realizando ya sin ningún tipo de estructura funcional ni reconocimiento alguno. Para ello es de importancia vital la nueva estructuración de la organización territorial que permita establecer servicios en pareja para mejorar la eficiencia del servicio además de ser una garantía mínima para la seguridad de los agentes.

Para ello, según la propuesta de los sindicatos, habría que establecer “como mínimo en cada una de las provincias un subinspector y un jefe de cuerpo a nivel regional”, como matiza Escolar. “Eso lo tiene Madrid y lo tiene Cataluña. Castilla-La Mancha también lo va a desarrollar ahora.

“Hay que tener un cuerpo con estructura. No puedo estar dependiendo de un jefe en el servicio que es un funcionario trabaja el lunes a viernes, el ocho a tres, que no ha salido nunca al campo, que no es agente de la autoridad, Ni se ha enfrentado a gente armada, ni conocer aplicación de normas de ningún tipo. Somos una policía administrativa y debemos tener por encima nosotros un inspector que haya pisado el campo y que sepa lo que es patrullar el campo. Desde el viernes a las dos y media, hasta el lunes a las ocho de la mañana pasan muchas cosas en el campo y yo no tengo a nadie a quien llamar”, ha relatado el representante de los agentes medioambientales.