Aprobada la nueva Ley de Residencias de Castilla y León entre críticas de la oposición

La Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración de Castilla y León, conocida como la Ley de Residencias, ha sido aprobada este miércoles con los votos favorables del PP y Vox; la abstención de UPL, Soria Ya y Por Ávila y en contra del PSOE, Unidas Podemos y el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea.

Antes de iniciarse en el pleno de las Cortes el debate definitivo entre los grupos parlamentarios, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha defendido el texto de la Ley “avanzada y pionera”, con la que ha asegurado que esta Comunidad se convierte en la primera en llevar a una ley el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP) y “superar la visión asistencialista”.

Blanco ha asegurado que esta ley deparará “entornos de convivencia más confortables y seguros” en los que se garantizará el ejercicio de los derechos de los usuarios y que incluye las enseñanzas de la pandemia de la covid porque prevé la existencia de equipos de protección suficientes, formación, sistemas de comunicación con las familias, un plan de contingencia para dar respuesta urgente y el refuerzo de la actividad de supervisión, inspección y control de situaciones de emergencia de salud pública.

La consejera ha defendido también que este texto reconoce “la realidad en el ámbito rural” y se basa en “consensos básicos” surgidos del grupo de trabajo creado en la anterior legislatura, como la necesidad de mejorar la coordinación sanitaria con Sacyl e incrementar el protagonismo de las familias y otras personas allegadas al usuario de la residencia.

La nueva normativa afectará a las más de 72.000 plazas que existen en Castilla y León en los 1.969 centros residenciales y de atención diurna para la atención tanto a personas mayores como a personas con discapacidad, ha recordado Blanco.

Debate entre los grupos 

La representante del Grupo Socialista Isabel Gonzalo ha tildado el texto de “fiasco y chapucero”, por erigirse como una “oportunidad perdida” que no plasma lo que debieron aprender durante la pandemia de la covid, como que “miles” de residentes no pueden morir “en soledad y en condiciones terribles, sin ser trasladados” al hospital.

“Me preocupa mucho que esta ley derogue el decreto”, ha sostenido Gonzalo, convencida de que el texto es “una mera declaración de intenciones disfrazada de ley”, que tiene en contra a todas las asociaciones sociales y a favor a los fondos inversores, propietarios de buena parte de las residencias que quedarán reguladas por esta normativa.

Gonzalo ha criticado especialmente que la ley no determine la ratio de profesionales que deben tener los centros residenciales -comprometido por la consejera para el desarrollo reglamentario- y que se ofrezca asistencia sanitaria sin profesionales sanitarios y asistencia integral sin los profesionales que la tendrían que prestar.

El representante del PP Miguel Ángel García Nieto ha defendido que entre tanto ruido y reproche, los procuradores pueden sentirse “orgullosos” por esta iniciativa, que ve como “verdadera política útil”, basado en un “consenso básico” y ha rechazado las 69 enmiendas del PSOE que seguían vivas para esta sesión plenaria, después de aceptar y transaccionar algunas modificaciones en la fase de comisión.

García Nieto ha asegurado que esta ley sí incorpora las enseñanzas de la pandemia, como la sectorización de los edificios, el aumento en la disponibilidad de material de protección y la creación de planes de contingencia: “eso es aprender y poner solución a las cosas”, ha resumido.

Treinta enmiendas han defendido los procuradores del Grupo UPL-Soria Ya, con críticas a la gestión de la pandemia y a las alusiones al avance pionero de Castilla y León en esta materia, ya que “hay países nórdicos muy avanzados en estas cuestiones”, sin que este texto garantice que el propio residente sea protagonista de la gestión del servicio y tampoco el servicio en el medio rural, en palabras de la procuradora Alicia Gallego (UPL), que ve “muy mejorable” el texto.

Por su parte, la representante de Soria Ya Leila Vanessa García ha apelado a la necesidad de garantizar para los residentes el control sobre sus vidas y su integración en la sociedad en la que vive, por lo que ha agradecido la incorporación de enmiendas en la fase de comisión, mientras que ha reprochado que no se concreten aspectos vinculados con la igualdad de oportunidades y otros aspectos que han sido rechazados por el PP.

Recuerdo de la pandemia 

En el caso del exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha denunciado que el PP se ha negado a admitir sus enmiendas porque defiende el interés de las empresas propietarias de las residencias: “Se beneficia a las mismas personas, empresas y empresarios que llevan gobernando esta Comunidad desde hace tiempo”, ha sentenciado.

Aunque Igea ha reconocido que la consejera es una persona “bienintencionada” y compartieron “momentos difíciles” durante la pandemia, le ha reprochado que no hayan “aprendido lo suficiente” como para incorporarlo a esta ley, especialmente en materia de derechos de los residentes, como los de no verse sometidos a sujeciones, a la movilidad fuera de los centros residenciales o a la necesidad de contar con centros residenciales de menos de 120 usuarios.

Antes de plantear estas cuestiones, el que fuera vicepresidente de la Junta ha negado la afirmación de la procuradora socialista en referencia a que en Castilla y León ocurrió lo mismo que en la Comunidad de Madrid, ya que el exceso de mortalidad en esta Comunidad fue del 3%, frente al 129% del territorio madrileño, pese a lo cual ha añadido que fue igualmente “un desastre”.

Tras la votación, el procurador de Vox Javier Teira ha tomado la palabra para explicar el sentido del voto de su grupo parlamentario, convencido de que esta ley “responde a la exigencia legal y moral, es útil y justa” en la atención de las personas “más frágiles”.

Teira ha recelado del “nihilismo” que en su opinión impera en la sociedad actual y se ha mostrado vigilante respecto al desarrollo normativo que pueda tener en los próximos meses y en su aplicación práctica en las residencias, dentro de un “contexto de desprotección de la vida”, en referencia a la eutanasia y el aborto.