Dos altos cargos del Govern se desvinculan ante el juez de la web por el referéndum pactado
La instrucción de la causa de los preparativos del 1-O ha retrocedido a diciembre de 2016. Es lo que se desprende de las declaraciones de este miércoles, en que el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer ha interrogado a dos altos cargos del Govern que han resistido al 155 sobre la creación de la web del Pacte Nacional pel Referèndum, la plataforma formada por partidos, sindicatos y entidades a favor de un referéndum pactado.
Tanto el secretario general de Presidència, Joaquim Nin, como el director general de comunicación, Jaume Clotet, se han desvinculado de la creación de la web del pacte y han asegurado que su participación fue meramente “protocolaria”, según fuentes presentes en el interrogatorio. Los dos han declarado como imputados (investigados, según la nueva denominación) en la macrocausa sobre los preparativos del 1-O que Ramírez Sunyer tiene abierta por rebelión, malversación y revelación de secretos, entre otros delitos.
Ambos altos cargos han explicado que la Generalitat encargó a un particular el registro de la web del Pacte Nacional en diciembre de 2016 ante la posibilidad de que, con el anuncio de la creación de la plataforma, cualquier internauta lo creara y no lo cediera. Han contestado a todas las partes salvo a la acusación popular de VOX y han dicho no saber nada del coste del registro y el diseño de la web, que ascendió a 300 euros.
Su declaración va en la línea del particular Ibon O., que ante el juez explicó que creó los dominios, registrándolos a su nombre, y después los traspasó a la Generalitat. Los 300 euros no los facturó directamente a la Generalitat, sino a la diseñadora web del proyecto, Teresa G., que acabó retirando la factura y aseguró no haber cobrado del Govern.
La participación en todo el proceso de Nin, ha explicado, fue “protocolaria”, ya que la normativa obliga desde 2015 a que el secretario general de Presidència estampe su firma electrónica en cualquier registro de web que realiza la Generalitat. Pasados unos meses, la web de la entidad pasó a manos de Òmnium Cultural porque, según han argumentado, el presidente de la entidad, Joan Ignasi Elena, instó a “desgubernamentalizar” el Pacte.
Fuentes judiciales han mostrado su sorpresa por las preguntas del juez, que se ha centrado en la web del Pacte, actualmente inactivo pero que en ningún momento fue cuestionado por el Gobierno o por el Tribunal Constitucional. Según las mismas fuentes, el juez ha dirigido a Nin una única pregunta del juez sobre el 1-O. Le ha requerido de forma genérica sobre si participó en los actos del referéndum, a lo que el alto cargo ha dicho que no.
De hecho, según las mismas fuentes, el juez ha inquirido a Nin sobre si los secretarios generales se reunían para preparar las reuniones semanales del Govern. El alto cargo ha respondido que sí, pero que luego no siempre estos asuntos se elevaban a las reuniones del Consell Executiu.
Asimismo, también han declarado como testigos tres exaltos cargos de la conselleria de Exteriors. Todos han negado que el registro de catalanes en el exterior tuviera una vinculación directa con el 1-O, ya que, han alegado, sirve para realizar cualquier gestión administrativa.
