El referéndum del 1-O encara su semana clave sin censo, locales ni mesas electorales

El Govern explicó cómo pensaba realizar el referéndum del 1 de octubre el pasado mes de julio con cerca de 100 días de antelación. En el acto de presentación, donde los responsables de la iniciativa presentaron las principales características de la convocatoria, el lema con el que se resumió la jornada fue “como siempre”. Pese a aquella promesa, el referéndum encara ahora su semana clave sin haber despejado las incógnitas sobre la mayoría de los detalles técnicos, políticos y garantías.

Censo sin publicar ni corregir

El censo es el documento en el que la Administración incluye a todas las personas con derecho a participar en las elecciones, distribuidos por secciones. Según la ley electoral española, este listado se actualiza mensualmente y se cierra dos meses antes de la celebración de la votación en la que se vaya a celebrar. En los procesos electorales ordinarios, tanto las candidaturas como los electores tienen un periodo hábil para recurrir el censo si entendieran que hay irregularidades.

En el caso del referéndum del 1-O, los problemas con el censo son diversos. En primer lugar, la Generalitat asegura disponer de uno, pero no ha explicado cómo lo ha conseguido o elaborado. Tampoco figura publicado en ningún sitio a menos de dos semanas de la votación. Siendo así, tampoco ha habido posibilidad de recurrirlo.

La ley electoral indica además que la Junta Electoral enviará una tarjeta censal a cada elector, con sus datos actualizados y la mesa a la que corresponde su sección censal. Estas tarjetas tampoco han llegado por el momento a los electores del 1-O.

Puntos de votación aún no comunicados

Como no hay tarjetas censales, tampoco se conocen los lugares en los que se prevé votar el 1 de octubre. Este asunto ha supuesto una auténtica batalla política entre administraciones, ya que la Generalitat deseaba que los puntos de votación en el referéndum fuesen los mismos colegios que en unas elecciones ordinarias. Pero esto no será posible en buena parte del territorio, tras haberse negado varios ayuntamientos a ceder los locales de su propiedad. Los alcaldes que sí lo han admitido han sido imputados y llamados a declarar por la Fiscalía.

Lo que se sabe por ahora es que la pretensión de la Generalitat es abrir los colegios ordinarios allí donde tiene ayuntamientos favorables y utilizar sus propios locales en los municipios que se niegan a abrirlos.

Pese a esto, los responsables electorales todavía no han publicitado esta lista, que estaría en proceso de elaboración. Tanto es así que, en lugares como Barcelona donde el Govern ha llegado a un acuerdo con la alcaldesa, Ada Colau, sobre los puntos de votación, la Administración catalana todavía no habría acabado de diseñar la fórmula para abrir centros educativos gestionados por el Consorci d'Educació, controlado al 60% por la Generalitat.

¿Cuál será la composición de las mesas?

55.000 catalanes formarán parte de las mesas. Han sido elegidos aunque, a diferencia de otras citas electorales, el sorteo para seleccionarlos lo ha realizado la Generalitat y no los ayuntamientos. La notificación que reciban irá acompañada de un manual de instrucciones.

Según la ley del referéndum, ahora suspendida por el Constitucional, los escogidos para estar en las mesas no pueden negarse a la petición del Govern, pero una vez hayan recibido la comunicación disponen de dos días para poder presentar alegaciones. La ley catalana no fija cuáles son las sanciones a las que se exponen si no se presentan. Ese podría ser un problema menor teniendo en cuenta que el Ejecutivo central ya ha advertido de que los integrantes de una mesa pueden incurrir en un delito de desobediencia.

Todo eso en el caso de que la documentación llegue a sus destinatarios, puesto que Correos ha ordenado a sus trabajadores que frenen cualquier envío relacionado con el 1 de octubre. El Govern era consciente de que podía encontrarse con este veto y asegura que ha recurrido a otra empresas para enviar las cartas.

Urnas y papeletas, en secreto

Desde hace semanas tanto en público como en privado el Govern asegura que dispone de las urnas pero ha evitado en todo momento dar ninguna pista de su paradero. En agosto el president Puigdemont aseguró que ya tenían más de 6.000 pero nadie sabe quién las ha comprado ni cómo. El concurso público para su adquisición quedó desierto después de que la empresa Plastics Express retirase la oferta. La segunda firma que también había mostrado interés, la UTE integrada por Espai World y Suministros Integrales Futbida, quedó descartada por no cumplir los requisitos exigidos por la Generalitat.

El secretismo con que el departamento del vicepresidente, Oriol Junqueras, está gestionando todo el proceso ha dado pie a todo tipo de especulaciones. La más extendida (y no desmentida) es que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) es quien se ha encargado de la compra de las urnas. ¿Podrán moverse 6.000 urnas sin que los distintos cuerpos de seguridad, que tienen la orden de requisarlas, se enteren?

Otro de los secretos aún no desvelados es quién o quiénes se han encargado de imprimir las papeletas. La Guardia Civil ha buscado en una imprenta de Constantí, un semanario de Valls y sospecha de otras tres situadas de Sant Feliu de Llobregat y L'Hospitalet. Pero, de momento, las papeletas no han aparecido.

Dos delegaciones de observadores internacionales

La suspendida ley del referéndum estipula que la Sindicatura Electoral pueda acreditar a observadores internacionales para controlar el proceso. Por el momento el organismo ha acreditado a dos grupos internacionales, que se han reunido con el conseller de Exteriores, Raül Romeva, en los últimos días. Están liderados por el diplomático holandés Daan Everts y por Helena Catt, que fue presidenta de la comisión electoral de Nueva Zelanda.

Sin poder descartarse nuevas adhesiones, el equipo de observadores internacionales contaría con una veintena de miembros.

Estas misiones internacionales son un aspecto en el que la Generalitat se ha esforzado, consciente de la importancia de la opinión pública internacional en el referéndum del 1 de octubre. Pese a eso, no han podido contar con observadores de organismos internacionales o estatales ni de gran prestigio como el Centro Carter, que en abril pasado rechazó participar tras la invitación de Puigdemont. 

Sin campaña por el 'no'

La ley no fija un mínimo de participación para que el resultado del referéndum sea aplicable, pero sus organizadores saben que necesitan que voten más catalanes que en el 9-N, cuando la cifra fue de 2,4 millones, una cantidad elevada que en ese momento sorprendió tanto a la Generalitat como al Gobierno central. PP, PSOE y Ciudadanos llaman a los suyos a no participar en la votación. Su estrategia es la de fomentar la abstención para que la participación sea lo más baja posible. Es su manera de decir 'no'.

En cambio, Catalunya en Comú, el partido que lideran Ada Colau y Xavier Domènech, ha decidido participar en el 1-O, aunque sin dar ninguna consigna de voto. Esta decisión puede resultar clave porque los electores de los 'comuns' son imprescindibles para que suba el porcentaje de participación en el área metropolitana, la más poblada y más refractaria al secesionismo.