Se ha escrito mucho sobre la coexistencia de ciencia y religión. Uno de los argumentos más utilizados por los denominados “acomodacionistas” es que religión y ciencia tan solo representan dos formas diferentes y complementarias de acceder al conocimiento, y que, al analizar aspectos trascendentes a la realidad, la ciencia no tiene nada que aportar sobre “las grandes preguntas” que abordan las religiones.
Sin embargo, hay al menos tres importantes áreas en que ciencia y religión entran en abierto conflicto. Primero, cuando la religión defiende dogmas que están en abierta contradicción con hechos comprobados científicamente. Segundo, cuando la religión utiliza hechos, interpretaciones o jerga pseudocientíficos para hacer que las argumentaciones que soportan esos dogmas sean (en ausencia de un escrutinio detallado) más convincentes. Y tercero, cuando intenta imponer esos dogmas a todos los ciudadanos, forzándoles a convertirse en feligreses “de facto”. Es por ello que algunos críticos del acomodacionismo lo consideran como “fundamentalismo con piel de cordero”.
Este debate podría ser tan sólo dialéctico si no fuera por las consecuencias realmente dramáticas que acarrean algunas creencias de religiones oficiales o muy extendidas, a menudo con la complicidad de una tolerancia legislativa que excede ampliamente la legítima garantía a la libertad de culto.
Recientemente saltó, por ejemplo, a las noticias de los grandes medios españoles la noticia de Sarah Hershberger, una niña de 10 años enferma de cáncer, cuyos padres “profundamente religiosos” huyeron del Estado de Ohio para evitar que fuera sometida a tratamiento médico bajo la supervisión de un tutor nombrado por el juez, en lugar de los “tratamientos alternativos” de la comunidad amish a la que ambos pertenecían.
A diferencia de la activa persecución legal mostrada en otros casos en que los ciudadanos eluden las decisiones judiciales, la tutora legal anunció que no demandaría a la familia para forzar el cumplimiento de la sentencia, abandonando a Sarah a su suerte, probablemente, un cóctel de “terapias naturales” que, según algunas de las organizaciones que apoyan este tipo de tratamientos, han causado su curación milagrosa en tan solo unas semanas.
Aunque algunos medios españoles cerraban la noticia concluyendo que “estas disputas judiciales son raras en EEUU”, la realidad es bastante distinta. La organización CHILD (Children’s Healthcare is a Legal Duty), que se dedica a pedir el cambio de las leyes que exculpan a los padres del daño causado a sus hijos por motivos religiosos, presenta en su página web una información profundamente perturbadora. Ésta incluye un listado de las exenciones de medidas preventivas y diagnósticas para niños cuyos padres pertenecen a iglesias que prohíben el tratamiento médico, prescribiendo en su lugar la curación mediante la oración, resultado, fundamentalmente, de la presión ejercida por la “Iglesia de la Ciencia Cristiana ” o “Iglesia de Cristo Científico” (“Christian Science Church”).
Incluso un conciso resumen de este listado de exenciones por motivos religiosos en EEUU resulta difícil de creer: los padres pueden rechazar la vacunación de sus bebés en 48 estados (todos excepto Mississippi y Virginia Occidental), el diagnóstico de desórdenes metabólicos en recién nacidos (en la mayoría de los estados), el tratamiento profiláctico de la ceguera en bebés cuyas madres portan enfermedades venéreas (en diez estados), el análisis de los niveles de plomo en sangre (en siete estados), los tests de audición en bebés (en cuatro estados), el suministro de vitamina K para prevenir las hemorragias espontáneas en bebés (en Oregon) y los test de tuberculosis, obligatorios para la escolarización (en Ohio, donde se permite usar “métodos reconocidos de curación religiosa” para tratar a los niños con tuberculosis, una enfermedad altamente contagiosa).
Además, y siempre por motivos religiosos, seis estados permiten la exención a estudio de las secciones del programa escolar que abordan la causa y tratamiento de las enfermedades, al menos tres permiten exenciones a los exámenes médicos, tests, tratamientos y vacunación durante emergencias de salud pública, y dos (Oregon y Pennsylvania) eximen del uso obligatorio de cascos de bicicleta.
Si el párrafo anterior le ha preocupado, el que sigue le romperá el corazón. CHILD incluye en su página web la “página de las víctimas”, con algunos casos de niños que han muerto por negligencia médica causada por motivos religiosos. En ella, podrán leer casos como el de Ian Lundman, que murió de diabetes a los 11 años debido a que su madre y su padrastro sólo permitieron que lo tratara un “sanador espiritual” que cobró 444 dólares por rezar por él durante dos días, y una “enfermera” cristiana que observó su coma diabético durante cinco horas sin solicitar asistencia médica ni hacer nada más que darle agua a través de una pajita.
La de Neil Beagley, de 16 años, que murió tras una terrible agonía de tres meses por las complicaciones de una obstrucción urinaria, cuyos padres (miembros de la congregación de Seguidores de Cristo) trataron con rezos y friegas de aceite de oliva. La de Robin Twitchell, de 2 años, que murió de una peritonitis tratada tan solo por “sanadores cristianos”.
Estos tres casos, que son tan solo una minúscula parte de los ocurridos, resultaron en condenas por negligencia homicida. Casos similares ocurridos en estados de EEUU que permiten las citadas exenciones religiosas (como los de Amy Hederson y Andrew Wantland, muertos a los 7 y 12 años de diabetes en California y Florida; o Harrison Johnson en Florida, que agonizó durante 7 horas tras ser picado 432 veces por avispas, mientras su padres y amigos se limitan a rezar por él) acabaron, por el contrario, en veredictos de inocencia que consideraban explícitamente que las creencias religiosas de los padres amparaban la negligencia en el cuidado sus hijos.
La creciente popularidad de estos procedimientos, unida a la tolerancia legislativa y judicial hacia sus terribles consecuencias, ha llevado a algunos a hablar de “homicidio por sanación basada en la fe”. Ya en 1998, Seth Asser y Rita Swan (fundadora de CHILD) documentaron en un artículo en la revista “Pediatrics” 172 muertes causadas por “sanación basada en la fe”, ocurridas durante un período de 20 años y en relación a 23 sectas diferentes en 34 estados de EEUU, la mayoría casos con excelente prognosis de haberse tratado con procedimientos médicos estándar.
Un reciente reportaje de investigación de KATU TV en Portlan (Oregon) indica que al menos diez niños han muerto en los últimos dos años debido a la negación de tratamiento médico por sus padres, miembros de los Seguidores de Cristo y la Iglesia del Primogénito, en Idaho, donde este comportamiento está amparado por la ley y no se persigue judicialmente. Y la Iglesia de la Ciencia Cristiana ha aumentado en 26 y 900 veces la mortalidad de niños y madres respectivamente en relación a los casos que están bajo tratamiento médico.
El menosprecio fanático del dolor de los propios hijos no se limita a EEUU, ni a las religiones oficiales. Los ejemplos recientes de “sanación basada en la fe” incluyen el de Ryan Lovett, que murió a los 7 años de una infección por estreptococos fácilmente tratable con penicilina, mientras su madre (que no le había llevado a ningún control médico desde su nacimiento y le había mantenido escolarizado en casa) le trataba en casa con remedios homeopáticos y herbales.
Como argumenta Jerry Coyne, los paralelos entre este caso y los descritos anteriormente muestran que “el problema último no es la religión sino la fe. La fe en las medicinas alternativas muestra los mismos rasgos pseudocientíficos que la fe en la religión… en ambos casos, el abuso a los niños está causado por el rechazo de la medicina moderna y una fe injustificada en remedios no apoyados por evidencia alguna, sean estos rezos, hierbas, o placebos acuosos”. (No nos referimos aquí a los procedimientos o productos considerados “alternativos” que han demostrado su eficacia, incorporándose incluso a la práctica médica estándar, sino a la plétora de “terapias naturales” a las que se atribuyen efectos extraordinarios que nunca han sido evaluados adecuadamente).
En el caso de la vacunación, a las numerosas sectas cristianas y creencias New Age que se oponen a la inmunización por motivos religiosos o elucubraciones pseudocientíficas del “funcionamiento natural” y “reforzamiento espiritual” del sistema inmune se sumó recientemente el Dr. Majid Katme, portavoz de la influyente Asociación Médica Islámica del Reino Unido. Como describió en el post “Islam, vacunas y salud”, escrito en 2011 para el Consejo Médico Internacional sobre Vacunación (IMCV), Majid Katme se opone a todas las vacunas por ser antiislámicas. Su post está plagado de afirmaciones pseudocientíficas, como que “los ingredientes de las vacunas incluyen (…) pústulas de animales enfermos”, y para dejar claro que su motivación no es la responsabilidad médica sino la fe religiosa, incluye comentarios como este: “Ofrecer a nuestras hijas vacunas contra el cáncer cervical estimula la inmoralidad sexual y el adulterio”.
Las consecuencias de esta forma de pensar no solo incluyen los recientes brotes de enfermedades como las paperas, el sarampión y la tosferina en países en los que estaban prácticamente erradicadas, como Irlanda y EEUU, obligando al resto de la población a aumentar sus niveles de vacunación. También podemos contar el asesinato de miembros del equipo de vacunación contra la polio de la ONU (la mayoría mujeres, algunas menores de edad) por fundamentalistas islámicos, tanto en Pakistán como en Nigeria.
A menudo, los mismos gobiernos que permiten a los padres dejar morir a sus hijos enfermos por motivos religiosos, están también dispuestos a dejar morir a las madres cuya vida es puesta en peligro por un embarazo inviable, aunque estas (y, a menudo, sus médicos) no compartan la fe religiosa de sus legisladores y jueces.
Veamos tres ejemplos recientes.
Recientemente, la dentista india Savita Halappanavar murió estando embarazada de 17 semanas porque la ley irlandesa, de inspiración explícitamente católica, prohibía que los médicos practicaran el aborto de un feto que, dada la grave enfermedad de la madre, no tenía ninguna probabilidad de sobrevivir. El aborto era posible si los médicos concluían que la madre estaba en peligro de muerte de no terminarse el embarazo: pero éstos se negaron a hacerlo. Cuando el corazón del feto dejó de latir, cuatro largos días después del diagnóstico, la madre ya padecía una septicemia provocada por esa espera, que le causó la muerte. Savita murió pidiendo que no le aplicaran a ella, una hindú que solo estaba en Irlanda de paso, una ley inspirada en una religión que ella no profesaba y unos “principios morales” que ella no compartía.
En El Salvador, Beatriz, embarazada de un feto inviable por carecer de cerebro, pasó varias semanas gravemente enferma a la espera de un aborto terapéutico que nunca llegó. Los médicos habían dejado claro que para ella, que ya tenía un hijo de 13 meses y estaba gravemente enferma de lupus e insuficiencia renal, esperar al nacimiento del bebé representaba un riesgo mortal.
A pesar de contar con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia le negó el derecho a abortar (negando que esa decisión supusiera “vulneración de los derechos a la salud y vida” de la demandante) y la ministra de Sanidad tan solo autorizó que, tras superar el límite de 20 semanas de embarazo, se practicara una cesárea, dejando claro que lo había hecho porque en ese momento “la interrupción del embarazo ya no es un aborto, es un parto inducido”.
Aunque Beatriz salvó su vida, su caso quedó como un ejemplo universal de mala práctica causada por la imposición de los dogmas de fe sobre los criterios médicos. Las autoridades religiosas salvadoreñas intervinieron en numerosas ocasiones para descalificar las valoraciones de los equipos médicos, trivializar los problemas y el sufrimiento de la madre, y dejar claro que su preocupación principal era que no se sentara un precedente “para legalizar el aborto”.
En Michigan, los hospitales católicos niegan, por orden directa de la Iglesia, el procedimiento médico estándar a mujeres cuya vida corre peligro si no se realiza el aborto de un feto inviable. Recientemente, una mujer que había roto aguas a las 18 semanas de embarazo fue enviada a casa dos veces, hasta que regresó con fiebre por una innecesaria infección que puso en severo riesgo su vida y tuvo que ser sometida al correspondiente aborto. Ante la denuncia de la ACLU por poner en riesgo la vida de la paciente, el arzobispo Joseph Kurtz declaró que esta denuncia era un caso claro de “ataque a la libertad religiosa”. Sin embargo, como denunció The New York Times en su columna “Cuando los obispos dirigen el tratamiento médico”, está claro que sus directivas recomiendan un procedimiento que pone en peligro dos vidas cuando una es ya inviable, causando un daño evidente a algunas pacientes.
Todo esto no ocurriría si no existiera un dogma religioso que, al considerar al feto como una persona completa con alma, impide que las decisiones médicas se tomen de forma racional.
En nuestro país, un ministro y un gobierno declaradamente católicos han introducido cambios legales para supeditar el tratamiento médico a los dictados de la fe. Incluso en los casos especialmente graves, que son los únicos aceptados por la nueva ley (el riesgo para la salud de la madre y los embarazos resultantes de una violación), se introducen procedimientos largos y complejos basados en la desconfianza en el criterio de los médicos a cargo de la paciente que, al retrasar la intervención, aumentan innecesariamente tanto el sufrimiento como el riesgo para su vida. En otros casos que quedan fuera de la nueva ley, como el de fetos con graves malformaciones, se actúa directamente contra el respeto a la dignidad humana y contra un criterio amparado explícitamente por el Tribunal Constitucional.se introducen procedimientos largos y complejos basados en la desconfianza en el criterio de los médicos a cargo de la pacientey contra un criterio amparado explícitamente por el Tribunal Constitucional
El debate de fondo afecta a los límites que la libertad individual impone a la libertad religiosa. Cada uno de nosotros debería ser libre de vivir y morir conforme a sus creencias personales, religiosas o no. Pero, para que esto sea posible, nadie puede tener derecho a imponer riesgos innecesarios de morir o sufrir graves problemas de salud a otras personas. Es sorprendente que algo así siga siendo tan difícil de entender.
Si piensan que todo esto se detiene aquí y que la imposición de los dogmas de una determinada fe es compatible con el respeto a los derechos de quienes no la profesan recuerden que, a día de hoy, el ateísmo está condenado con penas de muerte en 13 países (todos ellos islámicos), la “ofensa a la religión” está condenada con penas de cárcel en seis países occidentales (le sorprenderá conocerlos: Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Polonia, Alemania y Grecia) y, en un estudio reciente realizado entre ciudadanos de seis países europeos, un 65% de los musulmanes y un 12% de los católicos opinaban que las normas religiosas deben predominar sobre las leyes seglares.
¿Es este el tipo de sociedad en el que queremos vivir? Cuando los dogmas se imponen sobre la racionalidad y el respeto mutuo, todos perdemos.
Foto: Algunas víctimas de la sanación basada en la fe. Imagen tomada de la “página de las víctimas” de la organización CHILD, en http://childrenshealthcare.org/ En el orden de las agujas del reloj: : Robyn, Austin, Matthew, Ian, Troy, Andrew, Amy y Dennis.
Sobre este blog
Ciencia Crítica pretende ser una plataforma para revisar y analizar la Ciencia, su propio funcionamiento, las circunstancias que la hacen posible, la interfaz con la sociedad y los temas históricos o actuales que le plantean desafíos. Escribimos aquí Fernando Valladares, Raquel Pérez Gómez, Joaquín Hortal, Adrián Escudero, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Luis Santamaría, Silvia Pérez Espona, Ana Campos y Astrid Wagner.
