La acusación popular en el juicio del 'caso Gürtel' denuncia la “degradación” del Gobierno de Camps con la trama

Diez meses de juicio con un centenar de tomos de documentación. El juicio contra Francisco Camps en la Audiencia Nacional por la pieza separada sobre los contratos menores del 'caso Gürtel' encara su recta final con la exposición del informe de conclusiones de la acusación pública. La fiscal Concepción Nicolás aludió en la sesión de este lunes a la condena del expresident balear del PP Jaume Matas en el 'caso Palma Arena' y de la exlíder de Junts Laura Borràs para establecer paralelismos con este causa de 'Gürtel' en la que el Ministerio Público ha rebajado la solicitud de pena para Francisco Camps a un año de prisión por los presuntos delitos de tráfico de influencias en concurso con prevaricación administrativa, inhabilitación para el sufragio pasivo, además de una multa de 250.000 euros (con una responsabilidad subsidiaria por impago de un año de cárcel) e inhabilitación para cargo público de seis años.

La representante de la Fiscalía Anticorrupción inició su exposición con una referencia al poeta romano Juvenal —¿Quién vigilará a los vigilantes?— para arremeter contra el descontrol en la adjudicación de contactos menores a la trama 'Gürtel' durante la etapa de Camps al frente de la Generalitat Valenciana. La firma Orange Market, filial de la red 'Gürtel' en València, “era una empresa que al president le gustaba mucho”, recordó la fiscal retomando las palabras de un testigo.

Mientras que “todas las cosas con las que se debe proveer a la administración pública se deben hacer de forma transparente conforme a la legalidad”, en el caso del Ejecutivo de Camps fue todo lo contrario, a tenor de las declaraciones de los testigos y de las confesiones de la decena de acusados que han alcanzado un pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal, un “inestimable testimonio” que se suma a la prueba pericial “irrefutable y contundente”.

La fiscal también destacó el “valor incalculable” de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que permitieron “conocer en tiempo real lo que pasaba” en el interior de la trama corrupta. Las confesiones y las pruebas e indicios que ha aportado la acusación pública han permitido que de 300 testigos finalmente sólo hayan comparecido 106, aligerando así un juicio que se ha eternizado durante buena parte de este año.

Camps se dedicó a introducir a su amigo Álvaro Pérez 'El Bigotes' en la administración, según la tesis de la acusación pública. La fiscal rememoró la declaración de un testigo que describió la tarea del delegado de 'Gürtel' en Valencia como “una sola mesa con un teléfono y muchísimos contactos”. La representante de Anticorrupción también recordó los regalos de la trama a toda la familia del expresidente valenciano (incluyendo a sus hijos, sus padres y sus suegros). De hecho, El Bigotes era “la persona a la que recurría el presidente para que su hermana [Estrella] pudiera trabajar”.

En definitiva, la trama 'Gürtel' contaba con “información privilegiada” y “anticipación” sobre los pliegos de contratación de la administración autonómica en el marco de “relaciones económicas y políticas complejas” que quedaron en la “penumbra”.

Las relaciones de Álvaro Pérez y Francisco Camps

El letrado de la acusación particular, que ejerce la Generalitat Valenciana, destacó que la ilegalidad de los contratos menores ha sido “reconocida expresamente” por los acusados que han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía. El abogado anunció, para rechazar la condena en costas a las acusaciones solicitada por la defensa de Camps, que la posible indemnización —que cifró en algo más de medio millón de euros— se destinará a becas, prestaciones sociales e infraestructuras de la administración de justicia.

Por su parte, la letrada de la acusación popular, que ejerce el PSPV-PSOE, lamentó la “visión absolutamente deprimente” del funcionamiento de la Generalitat Valenciana durante la presidencia de Camps y su “degradación”.

Las relaciones entre Álvaro Pérez y Francisco Camps “exceden de los límite estrictamente profesionales o de partido”, aseveró la abogada, quien también recordó que la contratación menor supuso unos “enormes sobrecostes” de dinero público “haciendo caso omiso a la regulación vigente”. La acusación popular defendió la abundante prueba documental: “Vale más un papel que mil palabras”, concluyó. 

Cándido Herrero se descuelga del pacto con la Fiscalía

La defensa de Cándido Herrero, gerente de Orange Market, cerró la sesión del juicio con un informe de conclusiones que atacó frontalmente a la Fiscalía Anticorrupción tras el fallido pacto de conformidad que había alcanzado inicialmente.

La letrada del acusado dijo que las respuestas de Herrero durante el interrogatorio “no fueron las esperadas” por el Ministerio Público. “Parece ser que no le gustó o no le vino bien” la declaración, insinuó la abogada, quien sostuvo que su cliente prefiere volver a prisión antes que mentir. “En consecuencia, [la Fiscalía] no le ha concedido los beneficios que sí se le han dado a otros”, concluyó.