Los vecinos afectados por la depuradora de Pinedo pedirán la ejecución de la sentencia que podría suponer su cierre
Todo en la vida tiene un límite y la paciencia de los vecinos que llevan años soportando los malos olores, gases tóxicos y tráfico de camiones con lixiviados procedentes de la depuradora de Pinedo se ha agotado definitivamente.
Las 18 familias que denunciaron la ilegalidad de la tercera fase de esta instalación en el año 2005 y que en el año 2016 recibieron el respaldo de la justicia con una sentencia que la declaró ilegal por carecer de licencia han acordado en la tarde de este domingo por unanimidad pedir la ejecución de la sentencia.
Según ha explicado el portavoz de los afectados, Jaume Chornet, la ejecución del fallo judicial supondría el cierre de la fase tres, pero esto en la práctica implicaría que toda la planta dejaría de funcionar.
Chornet ha recordado que desde el fallo judicial han recibido constantes promesas por parte del Ayuntamiento de València y de la Generalitat, responsable de la instalación, sobre la elaboración de un plan para reducir de forma significativa las molestias, que sin embargo nunca se ha llegado a materializar.
Sin ir más lejos, la semana pasada se reunieron con la Conselleria de Medio Ambiente sin que llegaran a concretarles en qué iba a consistir el plan, así como las fechas de ejecución y la inversión prevista.
Ante esta situación, han decidido solicitar la ejecución de la sentencia: “llevamos 40 años soportando malos olores, gases tóxicos y tráfico de lixiviados frente a nuestras casas, las cuales no podemos ni reformar porque el suelo está en reserva en previsión de una nueva ampliación con la que nos podrían tirar de ellas; la depuradora nos ha arruinado por completo”, ha lamentado Chornet.
El cierre de la depuradora de Pinedo supondría un auténtico problema para la Generalitat, puesto que da servicio a 1,5 millones de personas de València y su área metropolitana. Es con diferencia la mayor planta de depuración de aguas de la Comunitat Valenciana y de las más grandes de España.
Su nombre ha estado vinculado a la corrupción desde que el verano de 2010 saltara el escándalo Emarsa, nombre de la empresa pública que explotaba las instalaciones, por saquear unos 24 millones de euros de dinero público.
Recientemente, la Conselleria de Medio Ambiente aprobó destinar más de 86 millones de euros en los próximos cinco años a la realización de los servicios de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de la instalación.
