Barreras administrativas a los migrantes: acceso al padrón y a oficinas de extranjería y restricciones en la sanidad gratuita

El acceso al padrón municipal, a la tramitación y mantenimiento de permisos de residencia, al procedimiento de asilo o las restricciones a la sanidad pública gratuita son algunas de las barreras administrativas más frecuentes a las que se enfrentan las personas migrantes que residen en el territorio valenciano. Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de ONG que forma parte de la Mesa Territorial de la Comunitat Valenciana del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) en un informe que incluye propuestas de solución.

El acceso al padrón municipal, para garantizar el acceso a derechos como la protección social, la vivienda o la educación, constituye una barrera debido a que las fechas para solicitarlo son “de largo plazo”. “A los menores solicitantes de asilo les exigen documentación que algunas veces no pueden presentar”, tal como la autorización de ambos progenitores traducida como declaración jurada. Además, según el informe “no se aplica debidamente el procedimiento especial de empadronamiento” a personas que están en situación de calle al no disponer de contrato de alquiler o solo ocupar una habitación.

La Mesa Territorial de la Comunitat Valenciana del CEDRE, que incluye a València Acull, la Fundación Cepaim, el Movimiento por La Paz, CEAR o la asociación Rumiñahui, propone al Ayuntamiento de Valencia que dote de recursos materiales y humanos al servicio municipal del padrón y al Gobierno autonómico que revise los protocolos y la documentación exigida para formalizar la inscripción.

Oficinas de Extranjería

El informe también reseña la dificultad de los migrantes para conseguir cita previa, en algunos casos con “dilaciones excesivas”. Como propuesta de solución, las ONG plantean el aumento del número de citas previas, tanto telemáticas como presenciales, y la dotación de más personal y recursos en las Oficinas de Extranjería, así como un reducción de las tasas “en aquellos casos supuestos económicamente vulnerables acreditados”.

El informe aporta propuestas similares para el acceso al procedimiento de asilo. “Un número elevadísimo de personas siguen sin poder obtener citas”, critica el informe, que también denuncia incidencias en el desarrollo de las entrevistas con los solicitantes como “vulneración de la confidencialidad en espacios comunes de trabajo” o “deficiencias del personal entrevistador”. Para solucionarlo, propone que el Ministerio del Interior otorgue un mayor número de citas durante más días a la semana y que no se requiera el empadronamiento o documentación relacionada con la identidad o la nacionalidad.

Las personas migrantes también e enfrentan a “grandes dificultades para acceder a la atención sanitaria pública gratuita o directamente no la pueden recibir”, al exigírseles que demuestren una estancia mínima de tres meses. “En muchos casos se niega la tarjeta con cobertura sanitaria si no se prueba tres meses de empadronamiento y se factura por la atención recibida (provocando temor a volver a solicitar asistencia), incluyendo a menores de edad, embarazadas, urgencias, solicitantes de asilo y víctimas de trata”, agrega el informe, que propone, entre otras medidas, una normativa de la Conselleria de Sanitat que no exija un tiempo mínimo de estancia o la disposición en los centros sanitarios de un servicio de intérpretes y mediadores.

Identificaciones por perfil étnico

Las ONG también detallan “malas prácticas” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacia personas migrantes y solicitantes de protección internacional: “Identificaciones por perfil racial o étnico en la vía pública, agresiones verbales y físicas, trato humillante o intimidatorio, archivo de denuncias por agresiones por expulsión de la víctima o demanda de empadronamiento para soltar protección internacional”.

El informe insta al Gobierno central a “poner fin a las identificaciones por perfil étnico, asumiendo las recomendaciones internacionales y del Defensor del Pueblo” y a suspender las expulsiones de víctimas o de testigos de presuntas agresiones policiales mientras la justicia se pronuncia sobre ella denuncia

En materia educativa, también se enfrentan a la discriminación y a la concentración del alumnado migrante en determinados centros educativos. “La guetización o concentración del alumnado de origen migrante en algunos centros educativos públicos en detrimento de los concertados” es un hecho, según el informe, que “agrava la discriminación y no refleja la heterogeneidad de la realidad social del barrio donde se ubican” impidiendo que el sistema educativo actúe como mecanismo de inclusión.

Segregación escolar en la concertada

Así, el informe pide “políticas comprometidas en la lucha contra la segregación escolar” y planes de acogida para los menores migrantes y sus familias, además de un seguimiento durante el curso y la formación del profesorado en en materias como la diversidad o el cuestionamiento de prejuicios racistas. También propone la reelaboración de los currículum escolares “para incorporar la historia y culturas de origen del alumnado migrado”.

El informe también reseña la dificultad del acceso a la denuncia segura en comisaría : “Se exponen bien a una incoación de un expediente de expulsión, bien a una citación frente a la Brigada de Extranjería”. La Mesa Territorial de la Comunitat Valenciana del CEDRE pide mejorar la información sobre los derechos de las víctimas entre las fuerzas de seguridad, con instrucciones específicas y exigir una formación específica del personal de seguridad externo destinado en juzgados de guardia “u otro lugar de recepción de denuncias”.

En el apartado de prestación de servicios, el informe apunta a la “exclusión financiera” de los migrantes en situación irregular que impide solicitar la Renta Valenciana de Inclusión. En materia de vivienda “son innumerables las incidencias” de las inmobiliarias con trato discriminatorio que incluye “la no atención a personas de origen extranjero”. Las solicitudes de las tarjetas para el transporte público tampoco “admiten la situación de estancia irregular”. Por otro lado, la brecha digital, en relación a las citas online, supone “una barrera muchas veces insuperable” por la dificultad de acceso o la barrera idiomática.