Igualdad reprocha al Síndic de Greuges que admita una queja de Aerte a una norma recurrida judicialmente por la misma patronal

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Aitana Mas, reprocha al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, que abra una investigación a petición de la patronal de las residencias por un asunto ya judicializado. El Síndic ha admitido a trámite las quejas presentadas por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) contra el decreto 102/2022, aprobado en agosto, que la misma empresa ha recurrido en los tribunales. La patronal solicitó en diciembre la paralización cautelar del decreto, que el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado, a la espera de una respuesta sobre los cuatro artículos impugnados.

La patronal asegura que el sistema de dependencia está “bloqueado” por la entrada en vigor del decreto y asegura que Igualdad pretende “limitar” los importes. La asociación empresarial anunció el pasado 28 de febrero que el Síndic de Greuges, cargo que ocupa el exportavoz del PSPV en las Corts Valencianes Ángel Luna, ha admitido a trámite las quejas de la patronal y ha abierto una investigación a la Generalitat Valenciana por una posible vulneración de derechos.

La norma recurrida modifica el decreto de reconocimiento del grado de dependencia y acceso al sistema público de servicios y prestaciones sociales, el decreto 62/2017. Este primer texto también fue recurrido por la patronal y obtuvo el visto bueno en parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en 2020, una decisión que corrigió el Tribunal Supremo en noviembre de 2022. Cuando el Consell aprobó la modificación del decreto, la patronal pidió al TSJ la suspensión cautelar, que el tribunal ha rechazado. Por el momento el decreto está en vigor plenamente, a la espera del pronunciamiento del tribunal.

En respuesta a la queja, el departamento que dirige Aitana Mas recuerda que la ley que rige la Sindicatura impide que pueda investigar asuntos que están judicializados y realiza una serie de consideraciones, como que no indica cuántas personas serían objeto de la supuesta vulneración de derechos que plantea la patronal. Según la conselleria, resulta sorprendente “que la Sindicatura de Greuges, que indica en sus escritos dirigidos a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que ha efectuado un análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable”, no haga referencia alguna al hecho de que están judicializados, “cuando ha sido objeto de numerosas noticias aparecidas en prensa y en redes sociales y es por tanto público y notorio”.

La conselleria recuerda al Síndic que, “en cumplimiento del artículo 30.2. d) y del artículo 30.2. k) de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (...), para no vulnerar su propia ley y en salvaguarda del principio de legalidad (...) no debería haber admitido tales quejas”. En consecuencia, sigue el escrito, “no corresponde atender sus solicitudes de información para no incurrir en un incumplimiento de la normativa que regula tan alta institución estatutaria”.

Este lunes, la patronal se ha vanagloriado de la admisión a trámite de las quejas y ha criticado “la falta de financiación suficiente” para mejorar las ayudas que reciben las personas usuarias y que “permitan cubrir los incrementos de costes que van a generar los requisitos del nuevo modelo”. Aerte ha convocado una concentración por las mismas cuestiones este martes, según ha informado la patronal en un comunicado.