El conflicto por una cantera, las dos caras del enfrentamiento
La multinacional Lafarge Holcim dispone de una cementera y una cantera de piedra caliza en el municipio valenciano de Sagunto, unas instalaciones que generan alrededor de 500 puestos de trabajo -unos 120 en la fábrica y una veintena en la cantera, además de un centenar de empleos en empresas auxiliares y otros 250 puestos indirectos-.
Sin embargo, la empresa está inmersa en un conflicto con el consistorio saguntino a cuenta de la explotación de caliza en el Salt del Llop, cuya concesión en la montaña de Romeu debe ser renovada antes de final de año. Además, la multinacional está inmersa en un proceso para ampliar la actual cantera, mientras se busca una solución alternativa y viable para la extracción de áridos en otro punto próximo a la cementera.
Más allá del enfrentamiento entre la empresa y el ayuntamiento -gobernado por Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre (la marca blanca de Podemos) y PSPV desde las pasadas elecciones municipales-, nos encontramos con dos colectivos afectados directamente por este conflicto: Los trabajadores de Lafarge Sagunto y los vecinos de la zona de Bonilles y Tres Barrancs, a los que habría que añadir un centro educativo, próximos a la explotación de áridos.
Situación compleja
“La situación es complicada por muchas razones”, explica Félix García de Guevara, empleado de la cementera, quien lamenta que “se meten muchas cosas diferentes en el mismo paquete para transmitir miedo a la opinión pública”. Así, relata que lo único que ellos, como trabajadores, exigen a la administración local -hace unos días protagonizaron un encierro en el ayuntamiento de Sagunto- es la tramitación del expediente administrativo de monte público de Salt del Llop, “sólo queremos que se renueve la explotación de caliza (debe ser renovada en diciembre una vez cumplidos treinta años) sobre la que tiene los derechos mineros la empresa, ni un milímetro más de la zona en la que se está trabajando en la actualidad”, un trámite que cuenta con el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente.
Además, Félix es consciente de que, en la actual coyuntura económica y como está el sector del cemento, en el caso de que la multinacional se quede sin la cantera existe un riesgo real de que la empresa decida cerrar su planta en Sagunto, “alegando causa justificada”. Por ello, reconoce que él y sus compañeros están realmente “preocupados”. “Sabemos cómo se hace el cemento, y si no tenemos caliza, la fábrica no puede fabricar cemento y cerrará. Eso no nos lo tiene que decir la empresa”.
Molestias provocadas por las explosiones
En las proximidades de la explotación de áridos hay varios centenares de viviendas, algunas se encuentran apenas a unos metros de la valla que delimita el perímetro de la cantera. César Alcaide es vecino de Bonilles y su casa, aunque no es su residencia habitual, se encuentra a menos de 500 metros. Reconoce que sufren molestias a causa de las explosiones, que provocan pequeños temblores: “Aunque no es algo que suceda actualmente, sí que ha habido a quién le ha caído una piedra en el dormitorio procedente de una voladura”. A estos inconvenientes, “que han ocasionado y ocasionan grietas después de tantos años”, se añade el polvo en suspensión con el que conviven muchas veces: “Tienes que meterte en casa y cerrar puertas y ventanas”.
César defiende que esta actividad afecta directamente al paraje natural de la montaña de Romeu, el bosque más próximo a la ciudad de Sagunto, “es un pulmón verde que hay que proteger, y más cuando se le están dando alternativas a la multinacional para que traslade su actividad a otras zonas cercanas”. Sin embargo, censura, la multinacional “ha utilizado a los trabajadores y sus empleos, ya que parece que no acepten las opciones que se les plantean”.
Desde la óptica del trabajador de Lafarge, Félix insiste en que la actividad en la cantera no genera tantas molestias como denuncian los vecinos: “Se pueden producir un máximo de una voladura a la semana cuando el horno funciona a pleno rendimiento, y actualmente lo hace al sesenta por ciento”. “Estas explosiones no duran más tres segundos, están custodiadas por la Guardia Civil y todas controladas por sismógrafos a diferentes distancias, tal y como marca la Conselleria de Medio Ambiente”, insiste García de Guevara, que sostiene que claro que se producen vibraciones pero que no se llega “ni de lejos a los niveles máximos permitidos”.
Difícil entendimiento
A pesar de que desde ambos lados apuntan que se ponen en el lugar del otro, Félix García de Guevara y César Alcaide defienden sus intereses. Así, el empleado de la cementera reconoce que “seguramente, la actividad de la cantera producirá algunas molestias a los vecinos, pero el día que se hicieron sus casas ya sabían dónde las construían, igual que cuando te compras un piso junto a una carretera sabes que vas a escuchar el tráfico”. No obstante, se muestra contundente al afirmar: “Si tengo que elegir entre las molestias que puedan sufrir y mi puesto de trabajo, yo lo tengo claro, voy a defender siempre mi empleo, siempre que se cumpla la más estricta legalidad”, al tiempo que añade: “La continuidad de la cantera tiene un horizonte máximo, que es 2030, y cuando acabe hay un compromiso firmado por la empresa para restaurar la zona y dejarla incluso mejor de lo que estaba antes”.
Alcaide, por su parte, asegura entender la preocupación que puedan tener los empleados de la multinacional, “pero ellos también tienen que entender cuál es nuestra situación, y en cuanto a la posición de la empresa, parece que no quiere oír hablar de alternativas cuando yo veo que se le están dando”.
Así pues, ni los vecinos ni los trabajadores tienen en su mano resolver un conflicto cuya solución está en manos de una empresa -que cuenta con los permisos correspondientes de la conselleria para desarrollar la actividad que realiza- y de una administración (el consistorio) que quiere alejar la actividad extractiva de zonas pobladas, donde considera que la afección será menor, tanto para los ciudadanos como para el paisaje.
