Rus presionó al 'yonki del dinero' un año antes de las detenciones del 'caso Taula' para que dejara “cerrado todo lo que pueda comprometerles”

El 24 de diciembre del 2014, mientras el país se preparaba para las celebraciones navideñas, cuatro dirigentes del Partido Popular valenciano se apretujaron en un coche. Alfonso Rus, entonces presidente de la Diputación de València, acompañado por dos de sus pesos pesados en la institución provincial, Emilio Llopis y Rafael Soler, presionaba al autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, para que abandonara con viento fresco su puesto en la empresa pública Imelsa, epicentro del caso Taula. “En esta conversación le dicen que lo arregle todo, que deje cerrado todo lo que pueda comprometerles”, declaró Benavent ante la Guardia Civil sobre esa peculiar reunión. Rus, que ya sabía que se estaba investigando la supuesta red de corrupción, le insistió para que “se vaya y deje todo arreglado”. 

Benavent tranquilizó a sus interlocutores y les dijo que asumiría la culpa y “no dirá nada”. Lo que no sospechaba el entonces presidente de la Diputación es que el yonki del dinero llevaba años grabando las turbias reuniones de la presunta banda corrupta (unas diez horas en total). Benavent, lejos de no decir nada, es el principal colaborador de la Fiscalía anticorrupción. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que varios de los investigados sabían que Anticorrupción les seguía la pista.

Uno de los principales investigados, el exconsejero delegado de la empresa pública Ciegsa Máximo Caturla, tuvo conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial en su contra, entonces secreto, según el último informe de la UCO incorporado a la causa que analiza la “despatrimonialización” de sus bienes. Seis meses antes de ser detenido, Caturla abonó 48.400 euros al despacho P&A-World Wide Abogados y Economistas, cuyo letrado Emilio Gordillo ha representado al expolítico del PP en el caso Taula. Parte de esos fondos provenían de la indemnización que recibió, por un total de casi 70.000 euros, el exsecretario autonómico de Educación del Banco Santander para evitar que se reincorporara a la entidad.

Caturla, uno de los principales imputados en la pieza separada que investiga la presunta corrupción en la empresa pública de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcción de colegios, se desembarazó de parte de sus bienes antes de ser detenido el 26 de enero del 2016 para “evitar posibles medidas en contra de su patrimonio”. El expolítico del PP vendió una vivienda en Dénia, una nave industrial y seis de sus 18 vehículos. Su Jaguar de coleccionista lo vendió por apenas 10.900 euros.

Caturla hizo una ampliación de capital en la empresa familiar Estilo Kiki SL y cedió su participación a sus tres hijos, aunque, tal como destaca la UCO en el informe, mantuvo “el usufructo de esas participaciones de forma vitalicia”. El investigado “mantuvo su participación en el funcionamiento y de los beneficios de la empresa, si bien se deshizo de la propiedad formal de la misma”.

El exsecretario autonómico de Educación cambió también de número de teléfono móvil, lo que “la práctica policial evidencia como una de las acciones desarrolladas habitualmente por aquellas personas que se consideran objetivos de una intervención de sus comunicaciones”, según apunta la UCO. Los agentes intervinieron durante el registro del domicilio de Caturla unas anotaciones manuscritas en las que el ex alto cargo del PP planificaba una suerte de estrategia de defensa. “Jamás he hecho nada conducente a conseguir fondos para el Partido ni para mi”; “no he recaudado fondos ni para el partido ni para mi”; “no he estado en esas tramas ni las he visto, es más he intentado alejarme de ese tipo de problemas”; “yo nunca he dado o recibido dinero que no obedezca a una operación lícita y moralmente lícita”, se lee en las anotaciones de Caturla.