UGT presenta dos recursos contra la supresión del C1 de valenciano para ser inspector educativo

El sector de Enseñanza de UGT Serveis Públics ha interpuesto dos recursos administrativos contra la la eliminación del requisito lingüístico del valenciano en el cuerpo de la inspección educativa, lo que incluye tanto el procedimiento de provisión o concurso de traslados para ocupar estos puestos, como en la convocatoria de bolsa de trabajo.

Desde UGT aseguran que la “disposición única de la Ley 1/2024, de 27 de junio por la que se regula el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano”, también conocida como Ley de “Libertad Educativa”, no suprime el requisito del C1 para los inspectores porque “no aparecen entre los colectivos docentes exentos de dicha exigencia”. En este sentido, añaden que durante la tramitación de la ley, en un primer momento se añadió a este grupo en la norma de derogación, pero se eliminó del texto con la intención de conservar esta condición.

Concretamente, la Conselleria justifica su decisión en base al artículo 17 de la ley, que “elimina el requisito lingüístico de multitud de especialidades y cuerpos docentes”; es decir, al funcionariado que se encarga de impartir docencia. Asimismo, el sindicato considera sorprendente que no haya ninguna regulación específica dedicada a la inspección educativa y que solamente se señala en la disposición adicional sexta, encargada de velar por el cumplimiento de la ley; asesorar a los equipos directivos y comunidad educativa; y supervisar los programas lingüísticos de los centros.

Según UGT, el borrado del C1 es fruto de “una lectura interesada de la ley que atenta contra el marco jurídico” y que debilita el estado de “la lengua propia en el sistema educativo valenciano”. Además, consideran “un grave ataque a la legalidad vigente y una interpretación interesada” de la ley aprobada por PP y Vox, cuando este formaba parte del Consell antes de la ruptura.

Desde el Sector de Enseñanza instan a la Conselleria a rectificar esta medida y avisan de que interpondrán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana si no “respetan el marco normativo establecido y la catalogación lingüística de determinados puestos de trabajo”.