El firmante del informe de Puertos del Estado sobre la vigencia de la evaluación ambiental es miembro del consejo del Puerto de València

Puertos del Estado hizo públicos el pasado 9 de abril un informe técnico y otro jurídico sobre la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2007 para dar cobertura a la ampliación norte del Puerto de València, un proyecto que ha sufrido importantes modificaciones con respecto al que obtuvo la DIA favorable, que data de principios de siglo.

El estudio jurídico concluye que la mencionada evaluación ambiental de hace 14 años, basada en una ley de 1986, no ha caducado ya que considera que las obras de los diques comenzaron a ejecutarse antes de cumplirse un año desde la publicación de ésta, por lo que no incurre en ninguno de los supuestos de caducidad de las legislaciones en materia de evaluación ambiental, incluyendo la actual Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El firmante de este documento es el jefe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, quien al mismo tiempo es miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

Morillo-Velarde del Peso fue nombrado consejero el 19 de octubre de 2018 como vocal en representación de la Administración General del Estado y ha venido a refrendar la postura defendida por la APV al respecto de la vigencia de la DIA de 2007.

Tras hacerse público el informe jurídico, desde la entidad portuaria valenciana se emitió un comunicado en el que expresaba “su agradecimiento y satisfacción por el informe remitido por los técnicos de Puertos del Estado”, uno de ellos de un consejero de la propia APV, puesto en el ha estado en diversas etapas del organismo.

Además, este documento será el principal argumento del que el presidente de la APV, Aurelio Martínez, se valdrá en el consejo de administración de este mes o del que viene para defender la adjudicación de la futura terminal norte a TIL, filial de MSC, mediante una concesión a 50 años.

Un informe jurídico alternativo de la Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada por entidades vecinales y ecologistas, sostiene que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2007 para la ampliación norte del Puerto de València perdió su vigencia en diciembre de 2019 y no puede amparar de ninguna manera las nuevas obras que la autoridad portuaria afirma querer ejecutar próximamente.

Según la normativa que regula las evaluaciones ambientales (ley 21/2013) en la que se basa este informe, las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley (2013) perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta norma. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

La Comissió Ciutat-Port, junto a partidos como Podem, Esquerra Unida y Compromís, ha anunciado que emprenderá acciones legales si no se realiza una nueva DIA para evaluar las modificaciones que incluye el nuevo proyecto de ampliación.