Puertos del Estado niega a la Generalitat el proyecto de ampliación del Puerto de València: “La competencia es exclusivamente del Estado”

Los organismos portuarios públicos siguen haciendo gala su nula lealtad institucional y transparencia en todo lo que rodea a la polémica ampliación del Puerto de València.Tanto es así, que Puertos del Estado acaba de negar a la Generalitat Valenciana el proyecto definitivo de los nuevos muelles que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) le remitió recientemente para su análisis y validación.

Así se desprende de la respuesta que ha dado el nuevo presidente del ente estatal, Álvaro Rodríguez, a la petición realizada por la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, habida cuenta de su competencia en materia de protección medioambiental del área geográfica de influencia del Puerto de València, en especial del Parque Natural de la Albufera, lo que abarca la lámina de agua protegida de la Red Natura 2000 ubicada frente a las playas de El Saler.

“Lamento que no sea posible atender a su solicitud, toda vez que la competencia para la evaluación ambiental de proyectos de titularidad estatal corresponde exclusivamente al Estado, concretamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, argumenta Rodríguez en la misiva.

El presidente de Puertos del Estado viene a pedir a Mollà que espere a que el proyecto se apruebe en el seno del consejo de administración de la APV, donde el Gobierno valenciano cuenta con dos representantes: “Se encuentra en elaboración un informe de Puertos del Estado sobre un proyecto constructivo en curso cuyo órgano promotor es la Autoridad Portuaria de Valencia, a quien le corresponde tanto su redacción como su aprobación. Desde dicha Autoridad Portuaria se nos indica que, una vez acordada la aprobación técnica del proyecto, será remitido a su Consejo de Administración, del que forman parte representantes de la Generalitat Valenciana, que podrán tomar conocimiento del mismo”.

Sorprende que Rodríguez afirme que la competencia para la evaluación ambiental corresponda al Ministerio para la Transición Ecológica, que a su vez ha derivado en la APV la responsabilidad de solicitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto, en una maniobra que investiga la Audiencia Nacional.

Como informó elDiario.es, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contra la resolución, de 30 de marzo pasado, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que posibilitaba que la Autoridad Portuaria pueda decidir por sí sola acerca de si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.