La necesaria nacionalización de la fibra óptica

Una de las noticias más esperadas en el mundo de las telecomunicaciones es la resolución que finalmente tome la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la obligatoriedad o no por parte de Telefónica de tener, como empresa dominante del mercado, que compartir sus redes de fibra óptica de cara a mantener una competencia óptima en el Estado. Según las últimas noticias publicadas, el ente regulador estaría sopesando obligar a Telefónica a compartir sus redes con otros operadores en aquellas zonas donde no haya fibra óptica desplegada por, al menos, otros dos operadores. En la práctica, esta regulación supondría que Telefónica se vería liberada de compartir sus redes -esto es, sus inversiones- únicamente en catorce de las principales urbes nacionales, donde existe más implantación de este tipo de conexiones ultrarrápidas.

A la espera de lo que finalmente decida el órgano regulador, Telefónica mantiene paralizadas sus nuevas inversiones en este tipo de fibra, pues, desde su punto de vista, si se viese finalmente obligada a tener que compartir su despliegue con otras competidoras no le resultaría rentable llevar a cabo esta inversión valorada en millones de euros y que permitiría que la fibra óptica llegase al 97% de la población en 2020.

Es decir, nos encontramos en una situación en la que el desarrollo final del tejido de fibra óptica por todo el Estado depende de la posibilidad de una empresa, única con capacidad económica para llevar a cabo estas inversiones, de poder explotar de forma individual las mismas. Por tanto, un sector que en la actualidad se debe considerar estratégico depende para su desarrollo de la voluntad de una empresa privada.

Es totalmente lícito -y lógico- que una empresa privada quiera sacar el máximo beneficio de sus propias inversiones. No obstante, en un sector como este, con un antiguo monopolio nacional privatizado que le hace partir en mejores condiciones, y crucial para el desarrollo del país, lo que cabe preguntarse es: ¿este es el tipo de desarrollo más eficiente? Y también: ¿es lo más positivo para los consumidores?

Las redes de fibra óptica no dejan de ser carreteras por las que circula información, y de la extensión de las mismas en la actualidad depende la conexión y desarrollo de los territorios alejados de las principales urbes. En este sentido, ¿se entendería desde un punto de vista económico que para llegar de Madrid a A Coruña se construyesen diferentes autopistas operadas cada una por un agente diferente? Evidentemente no, pues supondría un derroche de recursos del que el consumidor no resultaría beneficiado. Nos encontramos ante un monopolio natural o, en el mejor de los casos, en las urbes más importantes, ante un oligopolio natural. La gran inversión que hace falta para desarrollar estas redes genera que para la “mano invisible” del mercado no sea rentable llevar a cabo la misma en lugares más remotos si no va a poder asegurarse su explotación en régimen de monopolio.

Lo que Telefónica pide es que, si va a llevar a cabo esta inversión, sea ella la única con posibilidad de explotarla. Hay que tener en cuenta que en este sector, así como en otros regulados como la energía, existen diferentes elementos en la cadena, donde no únicamente existen las redes de transmisión, sino otros como, por ejemplo, la comercialización de las mismas. Por tanto, Telefónica estaría facultada para establecer individualmente los precios que creyese conveniente, sin que hubiese competencia en la comercialización de las redes de banda ancha al consumidor final.

En otros sectores regulados como la energía, las redes de transporte -si bien pertenecen a mercantiles mayoritariamente de capital privado- actúan como “operadores del sistema” que de una forma neutra deben permitir el acceso, mediante peajes previamente determinados, a todas las operadoras que quieran distribuir energía. Es decir, al ser el transporte de la energía un monopolio natural el mismo debe ser neutral, permitiendo que exista competencia entre empresas privadas en el eslabón siguiente de la cadena, el que permite que podamos elegir la comercializadora que acaba llevando la electricidad a nuestros hogares.

En el sector de las telecomunicaciones, sin embargo, estas redes de transporte todavía deben desarrollarse en gran parte del territorio y, como ya hemos comentado, la mercantil que podría llevar a cabo esta extensión no lo hará en el caso de que le obliguen a ser una especie de operador “neutral” que deba permitir el acceso a otras comercializadoras.

Por tanto, las dos alternativas que se nos plantean en el momento actual son: o bien permitir que Telefónica desarrolle estas redes de alta velocidad y ostente ella el monopolio para su comercialización; o, en el caso de obligarla a compartir sus redes, frenar el desarrollo que pretende llevar a cabo y mantener las conexiones actuales fuera de las principales capitales.

Bajo mi punto de vista ninguna de estas dos opciones es óptima, pues en la primera el consumidor se vería perjudicado ante el establecimiento de precios en régimen de monopolio por parte de una operadora y, en el segundo, el desarrollo del país se vería lastrado. La opción que debemos empezar a barajar es la nacionalización de estas redes, de forma que el desarrollo y mantenimiento de las mismas no dependa de la voluntad de un operador privado, sino de una apuesta de desarrollo estatal como sector estratégico que es. No obstante, sólo se debería nacionalizar lo que realmente es el monopolio natural, las redes de fibra óptica, permitiendo una verdadera competencia en igualdad de condiciones en el campo de la comercialización.

En este primer momento, en el que las redes no están desarrolladas, no cabría la opción “pseudoliberalizadora” que se da en el sector eléctrico, puesto que Telefónica ya ha dicho que, de tener que actuar como “neutral”, no llevaría a cabo la inversión. Por lo tanto, no podría actuar de facilitador de acceso en unas redes que nunca se desarrollarían.

Esta opción “intervencionista”, en mi opinión, es la única que puede aunar una mejora en la eficiencia de inversión, pues sólo se construiría una “carretera” para cada recorrido, un control estatal del desarrollo de un sector clave de la economía, se permitiría caminar hacia una competencia perfecta en la comercialización y, en última instancia, se conseguiría el beneficio en precios del consumidor.