Los socialistas designados por la Generalitat como consejeros del Puerto de València se borran de la votación de la terminal de cruceros y Compromís se divide

Los miembros socialistas del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) designados hace solo unos días por la Generalitat Valenciana se han ausentado de la reunión celebrada este lunes en la que se ha dado el visto bueno al pliego de condiciones de la futura terminal de viajeros para cruceros y ferries del Puerto de València.

Ni la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien repite como consejera, ni la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ambas del PSPV, han asistido a la reunión del consejo. Ambas han delegado su voto favorable en el presidente de la APV, Aurelio Martínez. En el caso de Piñero, ha excusado su ausencia por motivos de agenda. Por su parte, Morant ha explicado que se ha quedado en la capital de La Safor para coordinar las labores de emergencia del temporal 'Gloria'.

Sí lo ha hecho y ha votado a favor del proyecto el otro consejero por designación de la Generalitat, Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), cuyo puesto en el consejo se renovará este año.

Así, la aprobación de los pliegos de la terminal ha contado con el único voto en contra de Iván Castañón, secretario autonómico de Coordinación Institucional de la Conselleria de Igualdad y mano derecha de la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra.

Fuentes de este departamento han explicado que Castañón ha votado en contra al entender que antes de seguir adelante con los diferentes proyectos del Puerto se debe clarificar si es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la ampliación norte.

Sin embargo, el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), que votó en contra en su momento de la ampliación precisamente porque reclama una nueva evaluación ambiental, ha votado a favor del proyecto del muelle de cruceros contra el criterio del nuevo consejero Castañón, compañero de partido.

Ribó ha explicado que ha condicionado su apoyo a que se garantice que los buques apagarán motores y se conectarán a la red eléctrica una vez atraquen en la futura terminal, a que los criterios ambientales tengan un peso de un 25% a la hora de adjudicar el proyecto y no del 4% como figuraba en el pliego, que los nuevos edificios que se construyan sean autosuficientes en materia ambiental, que se instalen placas fotovoltaicas y que en la zona de aparcamiento haya plazas con cargadores para vehículos eléctricos. Todas estas condiciones se tendrán en cuenta finalmente en el pliego, lo que ha propiciado el voto favorable del alcalde.

Sobre si sería preceptiva una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para este proyecto en concreto por su cercanía y afección al barrio de Natzaret o si se debe incluir ese estudio en la DIA que el Ayuntamiento exige para la ampliación norte, Ribó ha comentado que “esto no es la ampliación norte, es una cosa diferente; esos aspectos los hemos planteado en un plan de residuos líquidos, sólidos y gaseosos que hemos exigido también y que se van a tener en cuenta”.

Ribó ha afirmado que ahí no ve la necesidad “objetivamente de retrasar un tema por una declaración de impacto porque no hay unos temas sustanciales, creo que no es necesario; la intención del Ayuntamiento no es frenar los proyectos del Puerto, es hacerlos mediambientalmente posibles y hemos trabajado en esta idea”.

Sin embargo, este proyecto está directamente relacionado con los cambios que ha introducido la APV en la ampliación norte, sobre la que el Ayuntamiento con su alcalde Ribó a la cabeza exige una nueva DIA, precisamente para que se avalúe si esas modificaciones que no estaban contempladas en el proyecto inicial tendrán efectos en el medio ambiente.

La construcción de la terminal de cruceros que se ubicará en los astilleros de la antigua Unión Naval (junto al barrio de Natzaret), cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM), viene como consecuencia de los cambios introducidos en el proyecto de ampliación del Puerto de València por parte de sus actuales responsables, con Martínez a la cabeza, por lo que implicará la eliminación de la actual terminal ubicada en la zona norte, en un punto mucho más alejado del casco urbano.

Para aprobar este traslado de la terminal de la zona norte a los astilleros de Boluda, la APV aprobó una compensación al empresario mediante una concesión de 35 años para construir dos torres de oficinas de 13 pisos a cambio de rescatar la de los astilleros de Unión Naval que ya no utilizaba y cuyo contrato expiraba en 2027.

Según ha explicado Martínez, la futura terminal tendrá una capacidad diaria para recibir de forma simultánea a 5.000 cruceristas, un coste aproximado de 20 millones de euros a abonar entre la APV y la empresa concesionaria (el porcentaje que corresponde a cada uno dependerá de las ofertas) y se prevé su puesta en servicio para el año 2024. El pliego establece una concesión para la construcción, gestión y explotación de la terminal a 35 años, ampliables a 50.

El proyecto implica la prolongación del espigón Turia norte donde pararán provisionalmente los cruceros una vez se elimine la actual estación ubicada en la zona de la ampliación norte y hasta que esté finalizada la terminal definitiva.

Por recomendación de la cátedra Demetrio Ribes, se rehabilitarán cinco naves industriales de los astilleros de Boluda cuyos usos son compatibles con los de la terminal y se mantendrán dos grúas.