Las acciones del presidente
El conflicto de intereses puede ser aparente, potencial o real. Es una clasificación que manejan las agencias antifraude. Durante algún tiempo, podía considerarse que el socialista Ximo Puig ni siquiera encajaba en el primer nivel, “cuando la persona no tiene un conflicto de interés -ni real ni potencialmente- pero alguien podría llegar a concluir razonablemente, aunque fuera de manera tentativa, que sí lo tiene”, según la definición que esos organismos emplean.
Sin embargo, en buena parte de su carrera política, aquella en la que ha desempeñado cargos de responsabilidad autonómica, el suyo bien podía considerarse un conflicto de intereses potencial, que se produce “si la persona tiene un interés particular que podría influir a la hora de hacer un juicio profesional desde la posición o cargo que ocupa, pero aún no se encuentra en una situación en la que tenga que ofrecer ese discernimiento”. Podríamos preguntarnos si no es eso lo que ocurre cuando desde la presidencia de la Generalitat que desempeña, aunque él no intervenga directamente, se distribuye la publicidad institucional a los medios de comunicación, entre ellos el diario Mediterráneo, de Castellón, del que posee un 1,16% de las acciones.
El problema potencial que representaban esas acciones -originadas hace cuatro décadas, en su etapa inicial como periodista, cuando convirtió junto a otros socialistas en participación accionarial en el diario en el que trabajaba una indemnización por despido- se ha agravado al otorgar su Gobierno a ese periódico una quita de 1,3 millones, el 70% de lo que debía Mediterráneo al Instituto Valenciano de Finanzas. Era parte de una operación en la que estaban implicados la banca privada y organismos públicos de finanzas, sobre todo en Catalunya, para hacer posible la compra del Grupo Zeta por Editorial Prensa Ibérica (propietaria en la Comunidad Valenciana de los diarios líderes en Valencia, Levante-El Mercantil Valenciano, y en Alicante, Información).
Pero las luces rojas se han encendido tarde en el Palau de la Generalitat, solo cuando se ha conocido públicamente y ha levantado un comprensible escándalo la participación del presidente en la aprobación el pasado marzo por el Consell de un nuevo reglamento del banco público de la Generalitat Valenciana que hacía posible la única condonación de deuda que ha llevado a efecto. Es decir, cuando el conflicto, lo quieran o no, se ha convertido en real.
Puig sabe lo que significa el conflicto de intereses porque se ha abstenido de participar en algún acuerdo de su Gobierno en el que se otorgaban concesiones a los medios de comunicación que gestiona su hermano en Morella y la comarca de Els Ports. Pero no consideró que debiera hacerlo en algo que tenía relación con el periódico del que él mismo posee un porcentaje en la propiedad con el argumento de que aprobaba una norma de “carácter general”, como ha sostenido la vicepresidenta Mónica Oltra.
La información publicada por eldiario.es revela que no fue un tema puntual que le pillara desprevenido porque el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, ha reconocido que Puig se interesó por la operación, aunque no le diera indicaciones concretas ni le advirtiera de que posee acciones en el rotativo castellonense.
Las acciones del presidente valenciano, que él mismo valora en su preceptiva declaración de bienes ante la Administración autonómica en 177.886,8 euros, constituyen, además de una casa en Morella, todo su patrimonio. Pero creo que no exagero si digo que nadie piensa que Ximo Puig pueda haber tenido una motivación económica, de lucro personal. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Un descuido? ¿Una imprudencia?
Es alarmante que Ximo Puig no sintiera la presión del conflicto de intereses. Su Gobierno, bipartito del PSPV-PSOE y Compromís en la anterior legislatura y tripartito ahora con la incorporación de Unides Podem-Esquerra Unida, creó una Conselleria de Transparencia y ha promulgado una legislación gracias a la cual existe una Oficina de Control de Conflictos de Intereses a la que, cito textualmente, “la persona con cargo público podrá realizar en cualquier momento las consultas que considere necesarias sobre la procedencia de formular o no abstención o inhibición en asuntos concretos”.
El presidente no ha hecho uso de esa oficina y mantiene que no había motivo para adoptar precauciones, dado que nunca ha actuado en condición de accionista. Pero el hecho es que esa condición contamina precisamente cualquier argumento sobre la bondad de la quita aprobada para hacer viable una operación de compra que ha salvado un grupo mediático de la quiebra (aunque haya implicado también el despido de decenas de profesionales del Levante de Castelló, sacrificado por Prensa Ibérica para no duplicar rotativos locales en la misma ciudad).
¿Y si los intereses de Puig no eran económicos, qué ha ocurrido? Probablemente que la colusión político-mediática ha pesado más que el buen juicio. Lo que no es muy alentador.
