La reducción del déficit en España por debajo del 3% se traduce en más ajustes
La Unión Europea establece una línea divisoria entre los países que superan un déficit público del 3% del PIB y los que no. Los primeros deben ser corregidos y los segundos han de prevenir para no volver a sobrepasar dicho desfase entre lo que ingresan y lo que gastan. España lleva desde 2008 por encima de ese límite, año en el que se le abrió un Procedimiento de Déficit Excesivo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado esta semana que el déficit público de España ha quedado por debajo del 2,7% del PIB en 2018. Una década después, saldrá de ese procedimiento, una vez que se confirmen los datos de contabilidad nacional.
España estuvo acompañada en el llamado “brazo corrector” por prácticamente todos los países de la UE (llegó a haber 24 estados miembros en 2011), pero en 2018 era el único que quedaba, por muy poco (3,1% del PIB). Tan poco, 10.000 millones de un presupuesto de 400.000, que hubo sospechas de que el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro eligiera adrede mantenerse en el “pelotón de los torpes”, algo que él siempre negó. Salir del brazo “correctivo” implica en todo caso una vigilancia menos estrecha.
El motivo que podría haber tenido Montoro es que salir de este brazo correctivo, lejos de suponer acabar con los ajustes, lleva aparejado afrontar un nuevo reto, aún más complejo, para las finanzas públicas: rebajar el déficit estructural. Un asunto que por el momento está ocupando muchos menos debates preelectorales que polémicas como la oportunidad de que cada familia tenga su arma en casa. De hecho varias formaciones abogan por un aumento de los gastos, mientras que otras prometen una rebaja de impuestos, opciones que parecen incompatibles con el nuevo condicionante, como recuerda el economista José Carlos Díez.
¿Qué es el déficit estructural?
La Unión Europea aprobó un “seguro” para obligar a los países a ahorrar cuando la economía va mejor y se baja del 3% el déficit nominal: rebajar el déficit estructural, es decir, aquel que no depende de si el ciclo económico es mejor o peor, explica el economista José Moisés Martín. Sería estructural, por ejemplo, el gasto en pensiones, sanidad, educación, dependencia, o el sueldo de los funcionarios. Por el contrario, sería gasto cíclico (dependiente de la marcha de la economía), entre otros, el desembolso en prestaciones por desempleo, que es mayor cuantos más parados haya. O los gastos puntuales que suponen un rescate bancario.
A su vez, son ingresos estructurales los que dan, por ejemplo, los impuestos, aunque también dependan del ciclo económico (como en Sociedades o IRPF). Los impuestos tienen una parte cíclica y otra estructural.
El complicado concepto de déficit estructural es el que, una vez librado del efecto del ciclo económico, nos permitiría determinar qué sostenibilidad a largo plazo tienen unas cuentas públicas, recalca Martín.
¿Cómo se calcula el déficit estructural?
Es un cálculo muy complejo y “flexible”, que depende de factores como el crecimiento del PIB potencial y su diferencia con el real, factores estadísticos, gastos extraordinarios...Lo establece para cada país la Comisión Europea, y de hecho España ha expresado sus reticencias sobre esta estimación en el pasado.
España tiene en 2019, según Bruselas, un déficit estructural del 3,1% del PIB, unos 35.000 millones de euros, el mayor de Europa. Este año, en el que ya se preveía que en 2018 se había bajado del 3%, se había encargado una reducción del 0,65%.
En ausencia de presupuestos, esta bajada es más complicada. Pero incluso con el plan presupuestario que pretendía el Gobierno de Pedro Sánchez para 2019 en Bruselas no se creyeron la previsión de que se recortaría un 0,4%, como aseguraba el texto, sino tan solo un 0,15%. Tampoco la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó que los presupuestos pudieran conseguir el objetivo marcado.
Según el organismo que preside José Luis Escrivá, el déficit estructural del sistema de la Seguridad Social en la actualidad es entre el 1,3 y el 1,5% del PIB, debido básicamente al desfase entre los ingresos de cotizaciones sociales y los gastos en pensiones. El resto de las administraciones tendrían un déficit estructural conjunto del 2%.
En este contexto, si no se quiere recortar en gasto estructural, solo una elevación de ingresos estructurales, por ejemplo los impuestos o las cotizaciones sociales, puede ayudar a reducir este tipo de déficit.
¿Qué ocurre si no se rebaja el déficit estructural?
La Comisión Europea tiene un mecanismo de sanciones para los países que no reduzcan el déficit estructural al ritmo marcado. En realidad es poco usual que el ejecutivo comunitario ponga multas a los países miembros, y de hecho nunca llegó a hacerlo con España a pesar de incumplir año tras año las previsiones de déficit nominal. Sí que estuvieron a punto de poner una sanción al país en 2016, aunque se canceló por el apoyo alemán a Mariano Rajoy. Eso sí, a cambio tuvo que ajustar 10.000 millones más.
En el brazo “preventivo”, que es el que comenzará ahora a regir para España, no hay multas, aunque si un país aumenta su déficit estructural un 0,5% del PIB en un año, o el 0,25% de media en dos ejercicios consecutivos, se abriría un procedimiento de desvío significativo, algo que ya le ha ocurrido a Hungría y Rumanía.
En este punto, si no se corrige el desvío, Bruselas podría reclamar al país que depositara el equivalente al 0,2% de su PIB en un fondo a nombre de la Comisión Europea, lo que para España equivaldría a unos 2.500 millones.
