El Gobierno acelera la tramitación de la nueva ley hipotecaria para evitar sanciones de Europa
El Consejo de Ministras ha anunciado este jueves la aceleración del trámite de la ley de crédito inmobiliario que está actualmente en el Congreso de los Diputados. La ministra portavoz, Isabel Celáa, ha anunciado que pedirá que se traslade al Senado en una “tramitación acelerada”.
Con ello, la nueva regulación, que está llamada a suponer una mayor protección del cliente hipotecario, llegará al Senado “en 20 días naturales y no en dos meses”, según ha subrayado la ministra Celáa. La portavoz del Gobierno ha defendido que esta aceleración del trámite se produce por el retraso que acumula esta ley —que proviene de una directiva de 2014— y “no queremos muchas multas por incumplimiento”.
En el marco de esta “prisa” por no retrasar la transposición de directivas europeas a la normativa española, el Gobierno ha aprobado también un anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones. Según ha explicado la portavoz del Gobierno, se trata de actualizar o trasladar a la legislación española una directiva de 2016 relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.
En esta línea, Bruselas ha anunciado este jueves que suspende dos de los procesos que había abierto contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer en tiempo y forma otras dos leyes que hacen referencia al sector financiero. Una de ellas de regulación de instrumentos financieros, conocida como MiFid II, que fue aprobada en Real Decreto en octubre, y la de supervisión prudencial.
Aprobada la modificación del impuesto hipotecario
El Consejo de Ministras ha aprobado el Real Decreto para la modificación de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos declarados, para que sea el banco y no el cliente el que abone el polémico impuesto hipotecario, tal y como anunció el miércoles el presidente del Gobierno.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que supone la modificación del artículo 29 de dicha ley, para clarificar que es el banco el sujeto pasivo. Adicionalmente, ha añadido que las entidades financieras no se podrán deducir este impuesto.
El Real Decreto será publicado este viernes y entrará en vigor el sábado. Por ello, en las hipotecas firmadas a partir del lunes, los bancos comenzarán a abonar el impuesto de actos jurídicos declarados. Tras ello, la ministra se ha mostrado confiada en que reciba el respaldo del Congreso de los Diputados, a tenor de las declaraciones que han hecho las distintas fuerzas políticas. Y ha advertido al PP que si no vota a favor, mostrará que considera que debe ser el cliente el que abone el impuesto y no el banco.
Montero ha criticado “el mantra” de que este coste que tendrán que afrontar los bancos será trasladado a los consumidores. La ministra de Hacienda entiende que serán “las leyes del mercado y la competencia” las que acaben marcando cómo afronte el banco este nuevo coste.
Precisamente sobre este aspecto, Moody's ha publicado este jueves un informe en el que considera que la decisión del Supremo es buena para los bancos, ya que evita el hecho de que se pudiera realizar retroactividad en el pago del impuesto. Además, añade que, aunque lo vayan a pagar en el futuro, “tendrá un impacto limitado ya que transmitirán el coste a través de intereses y comisiones.
En este sentido, la ministra ha asegurado que será la autoridad de defensa del consumidor hipotecario el que velará por que los bancos no trasladen este coste mediante cláusulas abusivas. Esta autoridad fue anunciada el miércoles por Pedro Sánchez y aseguró que se “presentará en las próximas semanas”, como ha remarcado Montero este jueves.
La ministra no ha avanzado cuáles serán los poderes de esta autoridad y si sus decisiones serán o no ejecutivas. Se ha remitido a la presentación que realizará Economía de este nuevo organismo.
La responsable del ramo, Nadia Calviño, ha asegurado en un acto organizado por la CNMC que hay ya una prohibición “clara” de cláusulas y comportamientos abusivos de la banca. Ha avanzado que la autoridad de defensa del consumidor financiero que prepara reunirá algunas funciones que actualmente están en manos del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
