¿Quién pagará la factura de esta crisis?

La respuesta a la Gran Recesión se basó en recortar el gasto público y subir los impuestos a la clase media. La adopción de estas medidas dio lugar a una larga recesión y al auge del resentimiento populista en Europa. Las devastadoras consecuencias de las recetas aplicadas hace una década constituyen un motivo más que suficiente para que la respuesta a la Gran Reclusión sea completamente distinta. Las firmas más contaminantes, las grandes corporaciones y las rentas más altas llevan años evadiendo impuestos, y es el momento de acabar con esta práctica. Para ello, es fundamental tomar medidas a nivel europeo.

La era del sector público menguado ha llegado a su fin. El Estado ha impedido que la sociedad implosionara en nada menos que dos ocasiones en los últimos 15 años. El Estado nos protegió, pero lo hizo a cambio de pagar un alto precio. Los miles de millones de euros de deuda pública estaban todavía muy lejos de haber sido devueltos cuando el Estado tuvo que actuar de nuevo para proteger vidas y rentas de sus ciudadanos. 

Tras la crisis financiera, los presupuestos se reequilibraron mediante recortes del gasto público y subidas de impuestos a las clases medias. En este sentido, es necesario tomar medidas a escala europea para evitar cometer los mismos errores que entonces. Solo lograremos construir una economía más justa y sostenible si hacemos que sean las empresas más contaminantes y los más ricos quienes paguen la factura de la presente crisis. La recién constituida subcomisión permanente de Asuntos Fiscales del Parlamento Europeo impulsará una ambiciosa agenda con este fin.

En primer lugar, la UE necesita focalizarse mucho más en la lucha contra la evasión fiscal. Los gobiernos de la UE pierden anualmente en torno a 170.000 millones de euros en ingresos fiscales, lo que merma la confianza de la ciudadanía en nuestra democracia. Algunos Estados miembros de la Unión tienen una gran responsabilidad sobre este asunto, y el Parlamento Europeo es la única institución que se ha atrevido a apuntarlos con claridad. Con independencia del resultado de las negociaciones que se están llevando a cabo para reformar nuestro sistema fiscal, la UE debe crear un “muro fiscal” -que asegure que se gravan adecuadamente todos los dividendos y pagos de intereses a países terceros- para detener la planificación fiscal agresiva.

Los que más tienen no solo se benefician de los impuestos bajos a través de los beneficios que generan las compañías de las que son propietarios. Sacan provecho, además, del hecho de que dinero llama a dinero, lo que está provocando una acumulación de riqueza en las manos de unos pocos sin precedentes desde la II Guerra Mundial. El resultado de todo esto es la creciente brecha entre la clase pobre trabajadora y los más ricos. Para evitar que estas desigualdades alcancen cotas que serían muy difíciles de revertir, Europa debe poner en marcha impuestos a la riqueza. 

La sociedad europea del post-coronavirus tiene que ser más igualitaria y sostenible que ninguna otra sociedad en la historia. Para ello, las compañías más contaminantes deben pagar por el daño que causan al medioambiente, de manera que podamos cumplir con los compromisos adoptados en la Conferencia sobre el Clima de París. Del mismo modo, tampoco podemos cruzarnos de brazos ante las empresas extranjeras que venden productos contaminantes en nuestro mercado. Con un impuesto sobre las importaciones contaminantes (mecanismo de ajuste de carbono en frontera), la UE puede salvar a los productores nacionales y al mismo tiempo utilizar su tamaño de mercado para exportar nuestras ambiciones climáticas en todo el mundo.

Hasta ahora, el hecho de que aprobar legislación europea en materia de impuestos requiera unanimidad en el Consejo ha impedido en gran medida la adopción de normas serias. Paradójicamente, el resultado de la unanimidad ha sido una erosión, gradual pero constante, de la soberanía nacional. Pese a haber sido aclamada como una herramienta para proteger el poder de los Estados miembros, la unanimidad y el estancamiento que ha provocado en materia fiscal ha puesto el poder en manos de las empresas, que ahora pueden obtener beneficios y pagar impuestos donde quieran. 

Esta situación pone a los gobiernos bajo presión para seguir las bajadas de impuestos puestas en marcha por los Ejecutivos de otros países de la Unión. Así, todos los Estados reducen sus impuestos, lo que provoca que, en lugar de ser capaces de tomar el control de sus políticas fiscales, los Estados tengan permanentemente una soga alrededor del cuello. Cada movimiento en este sentido provoca que los Estados se alejen cada vez más del nivel de presión fiscal necesario para mantener los servicios públicos a flote. La unanimidad ha fallado en su cometido de proteger el poder de los gobiernos nacionales y, por ello, es hora de dejar atrás este mecanismo de toma de decisiones en materia fiscal.

Con el telón de fondo de la crisis del COVID-19 y el retorno del Estado como garante del bienestar ciudadano, la política fiscal europea está alcanzando la madurez. Necesitamos reconstruir nuestras economías y hacer que sean mejores: más justas y más sostenibles. Un impuesto justo para las empresas, los ricos y los grandes emisores de gases contaminantes es la hoja de ruta a seguir. El rumbo que hemos de tomar está claro, pero es necesario alejarse de la unanimidad para emprender este camino al ritmo que requiere la gravedad de la situación que vive Europa. El Parlamento Europeo, a través de su nueva subcomisión de Asuntos Fiscales, está listo para actuar ya.