El Gobierno de Urkullu saca adelante los presupuestos de 2023 sin sobresaltos merced a su mayoría absoluta

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha llegado hacia las 9.00 horas al último pleno de 2022 en el Parlamento Vasco con la esperanza de que, a última hora, algún partido de la oposición cambiara de idea y se sumara a los presupuestos de 2023, el único punto en el orden del día de la sesión. No ha habido sorpresas y no ha sido así, como era evidente desde hace ya un mes se rompieran las conversaciones emprendidas con EH Bildu -el socio en 2022-, con Elkarrekin Podemos-IU -el socio en 2020- y PP+Cs -el socio en 2018 y también en 2017-. Pero, lo mismo que Azpiazu llegaba esperanzado, lo hacía también tranquilo. PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta en la Cámara y la aprobación de las cuentas estaba asegurada. Así se ha confirmado al término del debate, a las 13.00 horas, cerrado con un deseo de feliz navidad verbalizado por la presidenta, Bakartxo Tejeria.

“El Gobierno está hoy muy satisfecho”, ha admitido el hombre de los números de Iñigo Urkullu. “Son presupuestos buenos para el conjunto de los ciudadanos”, ha añadido Azpiazu en una breve intervención ante los periodistas en la que, de fondo, se escuchaba una protesta contra los “presupuestos militares” con gritos como “¡No, no, no! ¡Ni un euro más a la industria militar!”, aunque Euskadi no tiene ninguna competencia en Defensa. El Parlamento ha dado el visto bueno a la ley con más capacidad de gasto de la historia. Son 14.250 millones de euros. Además, los cuadros macroeconómicos son moderadamente optimistas y no aprecian signos de recesión a pesar de la crisis energética y las incertidumbres que genera la guerra en Ucrania. Algunas voces de la oposición, como EH Bildu, alertan de que esa capacidad de gasto es en realidad inferior a la de 2022 tras los ajustes e incrementos que se han ido dando durante el año y que, medidas las cantidades en términos de PIB, son cuentas al nivel de las de 2009.

A pesar de no haber pacto, el Ejecutivo recalca que ha decidido incorporar 'motu proprio' unos 39 millones en enmiendas propuestas por la oposición. Son alrededor de 20 millones euros procedentes de las iniciativas de Elkarrekin Podemos-IU, principalmente con 12 millones para sufragar parte del gasto previsto de 72 millones que supone mantener en Euskadi los descuentos del 50% en el transporte público. Nadie ha explicado el porqué de esa cantidad que en teoría es solamente suficiente para los meses de enero y febrero y que en teoría también figura como “no ampliable” en la ley aprobada. De PP+Cs se han asumido 17 millones de euros. El resto, menos de 2 millones, proceden de aportaciones de EH Bildu. Vox ni participó en las conversaciones ni tampoco en el trámite posterior de enmiendas. Azpiazu ha indicado que, además del transporte, estos ajustes mejoran los capítulos de Osakidetza o de Educación.

La exconsejera Sonia Pérez ha intervenido en nombre del PSE-EE. “Son los presupuestos más expansivos que hemos conocido. El mayor alcance de ingresos con el que jamás hemos contado”, ha descrito. Ha enumerado Pérez los puntos que se llevaron a la mesa de negociación y que la oposición ha rechazado, particularmente medidas de las áreas que dirigen los socialistas, como Trabajo o Vivienda. Ha incluido también la aprobación “en el primer trimestre” de la reforma del definitivo proyecto de ley de educación, dando a entender que los partidos la desean para más tarde al no haber secundado las cuentas. Sin embargo, la iniciativa legislativa es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, nada tiene que ver con los presupuestos y ha sido él el que lo ha pospuesto hasta esa fecha cuando estaba prometido para otoño y luego para finales de 2022.

La oposición: “conservadores”, “progrewashing” y “alivio fiscal”

“El Gobierno no ha encontrado apoyos. Dejó claro desde el principio que no los necesitaba. [...] Con esa actitud ha encarado la negociación. Nada de medidas estructurales. Nada de hablar de fiscalidad”, ha afirmado desde la bancada de EH Bildu Leire Pinedo, una de las tres parlamentarias de EA. “Son conservadores” y “la verdad, poco novedosos”, ha seguido. “Estábamos dispuestos a colaborar. Pusimos encima de la mesa nuestras propuestas”, ha explicado Pinedo ante las insinuaciones del Ejecutivo de la que la cercanía de las elecciones municipales y forales de 2023 han evitado la reedición de los acuerdos del pasado año. Para EH Bildu el problema es que, a su juicio, PNV y PSE-EE consideran “tabú” la palabra “estructural” y entiende que se precisan medidas no cortoplacistas en un contexto de incertidumbres. Entre ellas, ha incluido la revisión de la fiscalidad. La coalición asegura que la aceptación de unos 40 millones de la oposición es “maquillar la foto final”, ya que no altera en nada que son unas cuentas sin más apoyos que los del Ejecutivo ni la “actitud” de no querer negociar, según Pinedo. “Los presupuestos nacen caducados”, ha concluido la portavoz económica.

Como es habitual en los grandes debates, Podemos e IU se han repartido los tiempos de intervención. En el pasado, este matiz no fue menor, ya que cuando en 2020 se firmó un pacto presupuestario, los electos de IU se descolgaron. La portavoz de Podemos, Miren Gorrotxategi, ha aportado al debate un término de nuevo cuño “progrewashing”. A su juicio, el Ejecutivo de PNV y PSE-EE -pero ha parecido mirar más a los nacionalistas con su reflexión- muestra iniciativas de apariencia progresista que en realidad no lo son. Ha recordado que el PNV, por ejemplo, ha buscado en las Cortes Generales apoyar al “oligopolio” de grandes empresas energéticas. “No creemos que sea justo que mañana el Olentzero traiga a unos niños un patinete eléctrico, una tablet y zapatillas de 200 euros y a otros las cosas donadas buenamente por la Cruz Roja”, ha ironizado Gorrotxategi para denunciar que esa sociedad de dos velocidades se da también en Sanidad o Educación. De hecho, ha insistido en que son necesarios más recursos para la enseñanza pública. “Honestamente, creo que estos presupuestos no avanzan a la sociedad que queremos”. Desde las filas de IU, Jon Hernández ha defendido la necesidad de “mayor gasto” para tener unos “buenos servicios públicos”. “Pero nos han dicho que no, que los presupuestos ya son lo suficientemente expansivos”, ha lamentado. Las quejas de Elkarrekin Podemos-IU al Gobierno contrastan con el acuerdo consumado solamente 24 horas antes para reformar la ley reguladora de la RGI.

Desde PP+Cs, Luis Gordillo ha verbalizado su decepción por no haber logrado un acuerdo no ya en torno al gasto sino sobre sobre todo con los ingresos. La coalición insiste en la necesidad de acometer un “alivio fiscal”. “Tenemos una sobrerrecaudación del 9%. Y sistemáticamente hay partidas que no se ejecutan. Y llevamos acumulando más de 2.000 millones en remanentes. Además, aliviar fiscalmente tiene un efecto positivo para moderar o incluso reducir la inflación. Sería la mejor contribución de este Parlamento al bienestar de las familias”, ha insistido Gordillo. En Euskadi, la competencia real en materia fiscal es foral no autonómica, aunque del debate presupuestario se ha cerrado con un compromiso de hacer una evaluación del modelo a partir del año próximo y cuando los indicadores se estabilicen. A PP+Cs no le parece suficiente dado que, como ha apuntado Gordillo, en 2023 se prevén dos procesos electorales y también en 2024 llegarán las autonómicas. Entre otras propuestas, PP+Cs también ha demandado más financiación para la escuela concertada. Gordillo, en todo caso, ha mostrado su “agradecimiento” al Gobierno por haber accedido a sumar algunas partidas de su autoría. En años anteriores esta misma formación había denunciado el “rodillo” de PNV y PSE-EE. En cuanto a Vox, su única parlamentaria ha usado buena parte de su turno para repetir los mensajes de la ultraderecha sobre el feminismo o la agenda 2030. Sobre los presupuestos, Amaia Martínez Grisaleña ha afirmado que las cuentas están “cargadas de sectarismo” y que sería necesario “un texto alternativo”, no “zurcidos parciales”.