Jabyer Fernández vuelve a perder el pulso con la Diputación de Bizkaia, que no tendrá que indemnizarle con 30 millones

Jabyer Fernández vuelve a perder en el pulso que mantiene abierto con la Diputación de Bizkaia por el fiasco de la empresa Habidite, que en 2006 se presentó a bombo y platillo avalado por la institución foral como un proyecto revolucionario para fabricar viviendas modulares que se iban a instalar en Alonsotegi y que daría empleo a más de 2.000 personas. Finalmente el proyecto quedó en nada y supuso el principio del fin del que parecía un empresario de éxito, que acabó finalmente en la cárcel y con todas sus empresas quebradas. De hecho, hoy en día encabeza la lista de los mayores deudores de la Hacienda foral. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Bilbao ha dado la razón a la Diputación de Bizkaia y ha desestimado el recurso interpuesto por Habidite en el que reclamaba una indemnización de 30 millones de euros a la administración por retirar finalmente su apoyo al proyecto de casas modulares sin ningún tipo de contrapartida, según adelantó Radio Euskadi y ha podido comprobar este periódico. En concreto, la reclamación planteada por Habidite era de 24,6 millones por responsabilidad patrimonial, 3,3 millones por lucro cesante y 2,9 millones por daños morales: 30, 8 millones en total. El juzgado, sin embargo, da portazo a la petición de la empresa, al considerar que la actuación de la Diputación de Bizkaia, que esos momentos estaba presidida por José Luis Bilbao, se ajustó a derecho, aunque Habidite tiene opción de recurrir el fallo.

La sentencia, no obstante, también pega un tirón de orejas a la administración al afirmar que su actuación en el proceso fue “muy mejorable” y que hubo una “falta de diligencia” por parte de la Administración a la hora de comunicar los convenios entre la diputación y la empresa a la Comisión Europea, que finalmente bloqueó el proyecto por considerar que las ayudas que la Diputación había comprometido con la empresa eran contrarias a la libre competencia. Entre esas ayudas estaba el solar donde se iban a colocar las viviendas en Alonsotegi valorado en 40 millones de euros y que pertenecía a la diputación o el compromiso foral de que compraría 1.500 casas. Precisamente, uno de los argumentos en los que se basa el juzgado a la hora de rechazar el pago de la indemnización es que, aceptar la misma, sería saltarse el veto comunitario a estas ayudas que alteraban la competencia.

La sentencia del Contencioso Administrativo tiene su origen en un acuerdo de la Diputación de Bizkaia de 2013 en el que se rechazan todas las reclamaciones por parte de Habidite por los supuestos daños que le había causado la paralización de los acuerdos. Finalmente la empresa presentó un recurso contencioso-administrativo en 2018 contra este acuerdo reclamando la indemnización, sobre el que ahora se ha emitido el fallo después de escuchar a las partes.