El PP pone a uno de sus altos cargos a revisar los últimos casos pendientes de la Oficina Anticorrupción balear

El PP ha nombrado a una de sus altos cargos, Catalina Ferrer, como Inspectora General de Calidad y Servicios para revisar los casos remitidos desde la Oficina Anticorrupción balear (OAIB), impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, y ahora liquidada por Vox y los conservadores. Populares y extrema derecha han convertido el archipiélago en la primera autonomía en eliminar un órgano de control de estas características y en nadar a contracorriente en la batalla abierta por los organismos internacionales contra la corrupción política.

El nombramiento de Ferrer, adelantado por Diario de Mallorca, ha sido objeto de reproches este martes durante el pleno del Parlament balear, en el que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigido al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, “respeto por los funcionarios de carrera de la Comunidad”, después de que éste haya recriminado previamente que “la número 2 de la Conselleria de Vivienda, cesada hace tres semanas”, esté ahora a cargo de revisar los expedientes pendientes de la OAIB. Ni desde el PP ni desde la Conselleria de Presidencia, de la que depende la inspectora general recién designada, han atendido a la petición de información de elDiario.es sobre el nuevo nombramiento.

“Han puesto a la número 2 de la señora Vidal [consellera de Vivienda del Ejecutivo autonómico]. Esto es lo que le importa la vivienda a usted cuando coge a la secretaria general encargada de redactar la vivienda y la pone al frente de vigilar todos los temas relacionados con la corrupción”, ha afeado el socialista a la presidenta. Al respecto, Prohens ha respondido pidiendo “respeto” por los funcionarios de carrera de las islas.

Al nombramiento también se ha referido la consellera de Presidencia y Administraciones Pública, Antònia Estarellas, que ha señalado que se trata de un puesto transitorio, aseverando que Ferrer no profundizará en los expedientes de la OAIB. “Lo que ya está cerrado no lo queremos ni ver, va a la Mesa del Parlament, y lo que está en la Fiscalía, tampoco porque ya está en la Fiscalía”, ha argumentado. Estarellas ha asegurado que se trata de un puesto de libre designación al que la que fue secretaria general de la Conselleria de Vivienda optó libremente.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, durante una interpelación sobre transparencia y buen gobierno, ha recordado que Ferrer fue también alto cargo con José Ramón Bauzà, cuando el PP siempre había afeado que se pusiera al frente de la OAIB a personas que hubieran sido cargos socialistas.

PP y Vox decidieron, a finales del pasado año, acelerar el cierre de la Oficina tras hacerse público que el ente estaba investigando una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, actual director general de Emergencias del Govern de Prohens, aunque desde la formación conservadora aseguraron que el texto ya estaba redactado antes de que las pesquisas en torno a Sureda salieran a la luz. Tras ello, más de una veintena de asociaciones y entidades de ámbito nacional e internacional emitieron en noviembre declaraciones de apoyo con las que reclamaban evitar la supresión del organismo. “No sólo es una medida que debilita el Estado de derecho, sino que es contrario a los compromisos asumidos por parte todos los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, claman las organizaciones.

El cierre de la Oficina Anticorrupción ha sido uno de los firmes propósitos que alcanzaron los populares y la extrema derecha en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los conservadores pudieran gobernar las islas en solitario. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de Vox en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y la asunción, por parte de los conservadores, de gran parte del ideario político de la extrema derecha.

Además, mientras se tramitaba la ley para acabar con la Oficina, PP y Vox decidieron asfixiarla económicamente. Los Presupuestos autonómicos para 2024 únicamente contemplaban 50.000 euros para los gastos de personal de este organismo. En declaraciones a elDiario.es, el ya exdirector de la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, lamentó que con el dinero que les habían dado PP y Vox no se podía pagar “ni el alquiler, ni la seguridad, ni la limpieza, ni la energía eléctrica, ni las comunicaciones telefónicas”. “Nada, absolutamente nada”, resumía.