Burorrepresión contra los pobres en el Impuesto Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción: ejemplo práctico

Manu, Álex y sus hijos – Lara (12 años) y Teo (7)– no tienen ingresos desde 2012, por lo que no hacen declaración del IRPF, tal y como permite la ley. En 2021, enfrascados en el proceso de solicitar el Impuesto Mínimo Vital aprobado por el gobierno en 2020, comprueban que los requisitos para la adjudicación del subsidio marcan la obligatoriedad de hacer la declaración, independientemente de los ingresos, de aquellas personas a quienes se les conceda el IMV, pero no piden haberla hecho para solicitarlo. Aunque ellos han solicitado el ingreso en febrero, cuando acaba el plazo para hacer la declaración de la renta (el 30 de junio) aún no tienen noticia positiva del IMV, por lo que optan por seguir eximidos de hacer la declaración

Poco después, el 7 de julio, reciben la noticia de que les ha sido concedido el IMV…junto con la notificación de la Seguridad Social de que necesitan haber hecho la declaración de la renta de 2020 para percibirlo. Al explicar a la Seguridad Social que durante el plazo de pago de la renta aún no se les había concedido el subsidio, por lo que según los artículos 33.1f y 33.2c de la norma no estaban obligados a hacerlo, les remiten a otro tentáculo de la administración, Hacienda.

Tras una consulta a Hacienda, les dicen que no hay problema: pueden entregar la declaración fuera de plazo previo pago de una multa de 200 euros. Amablemente les indican que, tras pagar la multa, pueden reclamarla alegando precisamente la queja de la familia de Manu, Álex, Lara y Teo: la fecha de la notificación del IMV es posterior al periodo de liquidación del IRPF.

La historia es real (salvo algunos detalles para salvaguardar la intimidad de sus protagonistas) y ha sido denunciada por RMI tu derecho. El presentar casos concretos, ejemplos sintomáticos de las debilidades del sistema público que sostiene los distintos ingresos mínimos, es una práctica expresiva que ya se ha ensayado antes por parte de los movimientos sociales. Un grito con caras y nombres como el recogido en el relato Yo, Antonia García (julio de 2020) que estaba inspirado en la película de Ken Loach Yo, Daniel Blake, que narra la violencia administrativa sufrida por un carpintero de 59 años durante la carrera de obstáculos para acceder al sistema de protección social inglés. En Yo, Antonia García se contaban las dificultades administrativas de una medida de protección aún nueva y sin engrasar, pero el relato que ahora da a conocer RMI tu derecho es un retrato poco amable de la medida a más de un año de su puesta en práctica.

La historia es un ejemplo claro de un tipo concreto de lo que en los últimos años se ha venido caracterizando como burorrepresión. En su sentido más habitual, el término se ha usado para hablar del uso indiscriminado de sanciones administrativas para ejercer el control social (por ejemplo, se ha usado mucho en relación a la llamada Ley Mordaza) pero también podría hacerse extensivo a la negación de derechos que, como es el caso, se lleva a cabo desde la Administración a través de laberintos burocráticos y su muro de papel.

En esta vertiente, la burorrepresión también se produce a través de sanciones arbitrarias que se anteponen al principio de redistribución que debería mover a la administración pública y que, a menudo, desembocan en medidas cautelares que dejan sin los subsidios a familias en el umbral de la pobreza o, como en el caso presentado, llegan a suponerles una multa.

RMI tu derecho es una plataforma que viene trabajando desde 2016 por el buen cumplimiento y la mejora de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, una ley de mínimos contra el paro de larga duración, el empleo precario y la falta de ayudas públicas que existe desde 2001. Desde hace años, vienen denunciando que el RMI no llega a la mayoría de los hogares de bajos ingresos de la Comunidad de Madrid por la cicatería en la aplicación de la Ley por parte de unos representantes políticos, que, con una dotación insuficiente de medios, priman la desconfianza ante los solicitantes en lugar de la rapidez a la hora de otorgar una prestación que, en la mayoría de los casos, no puede esperar. La primera causa por la que las familias vulnerables no obtienen el RMI es no entregar toda la documentación en forma y fecha, muy por delante de las denegaciones por no acreditar la situación económica que se requiere para ser beneficiario. Y la precariedad no para durante los periodos de tramitación

Curiosamente, explican en la plataforma, actúan contra el espíritu de la propia Ley 15/2001 que dio origen al RMI, pues esta dice literalmente que “la renta mínima deberá concederse sin mayores condicionamientos… La exclusión de la misma debe limitarse a los casos de fraude o de actitudes extremadamente inaceptables como la negativa sistemática e injustificada a aceptar un empleo adecuado”.

La plataforma nació como una campaña respaldada por numerosos colectivos: asambleas del 15M, entonces aún operativas; grupos que trabajan a pie de calle contra la exclusión, como la red de Invisibles (en Tetuán, Villaverde, Hortaleza y Coslada), Redes de Solidaridad Popular o plataformas transversales como la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública (Marea Blanca); Cristianos de Base de Madrid; la FRAVM o la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán, entre otros.

Invisibles de Tetuán, uno de los colectivos impulsores de la red, ha denunciado en numerosas ocasiones las trabas administrativas que, bajo el paradigma de que el solicitante del subsidio es presuntamente culpable, acaban paralizando cautelarmente o recortado la recepción de las rentas. En conversación con este medio, por ejemplo, relataron como ante la sospecha de que un vecino receptor de Tetuán tenía ingresos en negro provenientes de la recogida de chatarra, se recortó de su RMI la parte de la prestación supuestamente correspondiente a lo que esta persona sacaba por la venta de chatarra, a pesar de no existir pruebas de esta actividad ni saber qué ingresos recibía de ella, en el caso de que así hubiera sido. Es solo un ejemplo de los muchos posibles con los que se topan cotidianamente en Invisibles de Tetuán.

Con la aprobación del Impuesto Mínimo Vital a nivel estatal, que se aprobó el 29 de mayo de 2020, se abrió un nuevo frente para las organizaciones de base como Invisibles de Tetuán. La llegada de la nueva prestación era una buena noticia que “daba trabajo” a un grupo que habitualmente ayuda en el proceso de las solicitudes y acompaña a los solicitantes en sus trámites ante Servicios Sociales. En junio de 2021 sacaron un informe con su experiencia del primer año de vida del IMV que se titula, elocuentemente, Ingreso Mínimo Vital: un año de indignación. Hasta mayo de 2021 solo se había aprobado un 17% de los expedientes en trámite para obtener el IMV en Madrid región, el resto permanecían en trámite (25%) o habían sido denegados (50%).

En Invisibles fueron, junto con otros colectivos, interlocutores sociales en la fase de diseño del IMV, consiguiendo que se incluyeran en su redacción final una serie de puntos que no aparecían en su primera versión, pero reclaman que el diseño de requisitos sigue siendo muy excluyente y afirman que el simple hecho de eliminar los que no son importantes agilizaría el proceso. Lamentablemente, el colectivo también denuncia que el IMV está sirviendo como coartada para desmantelar la RMI de la Comunidad de Madrid: entre junio de 2020 y mayo de 2021 el número de RMI mensuales pagadas cayeron en más de 12000, con una reducción del 53%.

Por otro lado,  desde el colectivo han trabajado en detectar otros puntos que ayudarían a que la medida llegara a sus potenciales receptores, rodeando el infranqueable muro de papel, como su detección de oficio por parte de la administración, dado que mucha gente no solicita el IMV por desconocimiento del propio derecho; reforzar la coordinación entre administraciones para evitar la solicitud de documentación que ya está en posesión de la Administración, o el refuerzo de las plantillas de personal que ayuda presencialmente a los solicitantes, entre otras cosas que detallan en su balance.

La pandemia y el cierre parcial de la Administración ocurrido durante los distintos confinamientos y medidas preventivas asociadas al Coronavirus no han hecho sino incrementar la carrera de obstáculos y la actitud permanente de sospecha con que, en tiempos de crisis social acuciante, se han encontrado las familias madrileñas más necesitadas, y los colectivos de apoyo mutuo están tratando de contárnoslo.