Sube la tensión en las cocinas fantasma de Madrid: incendios, averías, litigios y chefs que las abandonan

“El accidente del lunes muestra la peligrosidad de una actividad que debería ubicarse en zonas industriales, y nunca en edificios de viviendas”. Lo dijo la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAMV) después de que un incendio en las cocinas fantasma de la calle Canillas (Prosperidad) acabara con un apagón de luz en toda la calle, que afectó durante varias horas a vecinos y a comercios de la zona.

El fuego, originado en un transformador, se produjo el lunes a pesar de que las 38 cocinas fantasma que se alojarán allí no han entrado todavía en funcionamiento. El Ayuntamiento de Madrid está tramitando todavía su licencia. Fue “un pequeño cortocircuito”, según el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, pese a que obligó a la intervención de varias dotaciones de bomberos y dejó sin electricidad al vecindario. El Ayuntamiento intenta rebajar el ruido y la presión sobre este tipo de negocios, que están proliferando coincidiendo con el auge del envío de comida a domicilio. En paralelo, las molestias y quejas vecinales aumentan en torno a ellos.

El de Canillas fue el último pero no el único suceso de gravedad en los últimos días en Madrid. El anterior también lo ocasionó Cooklane, empresa vinculada al fundador de Uber que está montando la instalación de Prosperidad y que tuvo otro quebradero de cabeza en la calle José Calvo (Tetuán), donde tiene funcionando 20 fuegos industriales desde hace meses, con quejas constantes. Allí se rompieron los congeladores de sus cocinas la semana pasada, por causas que se desconocen. La solución que ideó la empresa fue la de colocar un camión congelador aparcado en la calle y meter allí toda la comida que iba camino de ponerse mala: cada vez que sus cocineros necesitaban género, salían a la calle, cogían los alimentos y se metían de nuevo a cocinarlos, esquivando el cable de alta tensión que cruzaba la calzada y la acera para mantener enchufados los generadores del camión. Los vecinos, hartos del trasiego diario de motoristas y de los olores de las chimeneas, estallaron por la peligrosidad y el ruido del camión.

Tal fue el nivel de cabreo entre los habitantes de esta calle de Berruguete -el primer lugar donde se armó una respuesta vecinal a las cocinas fantasma- que Cooklane intentó calmar sus ánimos ofreciéndoles bocadillos y pizza gratis. Los vecinos los rechazaron, porque no querían comer nada que se hubiera elaborado en el foco de sus problemas. Luego la empresa les hizo llegar una carta en la que prometía algunas reformas en sus cocinas relativas a sistemas para reducir los malos olores, insonorización, mejora en la carga y descarga. Incluso prometía sancionar a los cocineros y repartidores “que no tengan un comportamiento ejemplar”. Cooklane reconocía en esta carta que su negocio genera inconvenientes a los vecinos que viven junto a él: “Sabemos que hay ciertas actividades que están siendo molestas y queremos que vean un propósito real de corregirlas”, escribían en el texto.

Para las asociaciones de vecinos, es evidente que este modelo de negocio acarrea “impactos manifiestos sobre la calidad del aire, la contaminación acústica, la movilidad y, como hemos visto, la seguridad”, denuncia la FRAMV a raíz de los últimos incidentes. Y la tensión sigue subiendo, porque el miércoles una persona agredió frente a la cocina fantasma de Canillas 18 a un equipo de periodistas de Telemadrid, que en ese momento entrevistaban en directo a los vecinos de la zona.

Hace mes y medio, la FRAMV denunció la actividad de ocho dark kitchen, entre ellas las dos citadas anteriormente. Además, sitúan otras seis que están causando problemas: son las de C/ Suero de Quiñones 11 y C/ Mantuano 4 (Chamartín), C/ San Bernardino 20 (Centro), Felipe Fraile 5 (Puente de Vallecas), Araucaria 19 (Tetuán) y C/ Alejandro Ferrant 8 (Arganzuela). Aunque la lista podría ser aún más larga según otros nuevos proyectos en ciernes vayan entrando en funcionamiento por la capital.

El Ayuntamiento empezó a inspeccionar estas cocinas justo después de la denuncia, en el mes de mayo, según indicó este jueves el propio delegado de Desarrollo Urbano: “Nos centramos en aquellos establecimientos que ya tenían licencia”, añadió antes de asegurar que tanto la Agencia de Actividades como la Dirección General de Sostenibilidad están llevando a cabo inspecciones de actividades económicas “que pueden presentar un problema de convivencia vecinal”, también de lugares como obradores o restaurantes de gran tamaño en toda la ciudad, que también se están utilizando como cocinas para delivery.

La FRAVM y la Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma creen que no es suficiente y solicita una legislación urbanística específica para regular este nuevo tipo de actividad, que hasta hace un par de años no existía. Además de pedir su prohibición en edificios de viviendas, también reclaman una moratoria de licencias hasta que se modifique la ley, como ya está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona.

Adiós de Dani García y batalla judicial

Como a los circos en los que crecen los enanos, los problemas de Cooklane se incrementaron al saber que después de todas las polémicas uno de sus más prestigiosos clientes, el chef Dani García, anunciaba que abandonaría el espacio y sus servicios para buscar otro lugar menos conflictivo. El tres estrellas Michelín operaba desde hace meses allí con su marca de comida a domicilio, La Gran Familia Mediterránea. Había alquilado los servicios de Cooklane para alojar en este espacio a sus cocineros y recetas, algo mucho más cómodo para este cocinero de prestigio que montar su propio local. Según la página web de su arrendataria, poner en marcha un negocio de este tipo en su espacio solo lleva entre dos y cuatro semanas y necesita de una inversión de 40.000 €, frente a los 12 meses de tiempo y el millón de euros de gasto que podría acarrear a un chef montar esta infraestructura por su cuenta, aseguran.

Los habitantes de la calle José Calvo celebraron el adiós de Dani García a las dark kitchen que les preocupan: “Sabia decisión, no creo que compense joder la vida a los vecinos y su propia imagen por mucho dinero que haya en juego”, explicaban. Y luego contaban a Somos Tetuán que la victoria final se producirá cuando estos negocios “se marchen a un polígono industrial porque el humo de lo que cocinan nos lo estamos tragando los vecinos”.

Además de protestar, algunos vecinos han optado por la vía judicial para intentar frenar que estas instalaciones industriales se asienten junto a sus viviendas y centros escolares. Es el caso de las familias del colegio Miguel de Unamuno (Arganzuela), que denunciaron al Ayuntamiento el pasado 28 de mayo por permitir la instalación de otra cocina fantasma junto al patio de la escuela. Cuatro visibles chimeneas muestran su ubicación y se muestran en un vídeo de denuncia publicado el pasado miércoles, que bajo el título El cole de Julia explica su situación.

El vídeo está protagonizado por una alumna del centro y rodado por una madre que trabaja como realizadora. Toda la fuerza y conocimientos de las familias se han puesto a luchar contra un futuro que ven lleno de malos olores y motoristas de reparto: grupos de arquitectos e ingenieros revisan las licencias, otros con mejores dotes de comunicación han abierto canales en redes sociales y hablan con la prensa... entre todos han montado un crowdfunding que servirá para sufragar el litigo contra el Ayuntamiento de Madrid. De momento, la recaudación va a buen ritmo y está a punto de llegar a su objetivo mínimo, aunque esperan llegar a los 21.700 que se han marcado para pagar el informe pericial, los abogados y el procurados que necesitan para llevar el caso.

“No queremos llegar a una situación de inseguridad y de insalubridad total”, explica Noelia, una de las madres implicadas en la lucha vecinal, unificada en el barrio bajo la plataforma Stop Cocinas Fantasma Delicias. Desconocen si la vía judicial tendrá éxito, se mueven en la incertidumbre pero creen que sus protestas pueden ayudar a cambiar la forma de ver algunos servicios y el precio que se ha de pagar por ellos. “La gente debería pensar de dónde viene la comida que piden”, añade.