La Fiscalía archiva las denuncias de corrupción al Ayuntamiento de Murcia y las rebaja a faltas administrativas

Cerca de un año ha tardado la Fiscalía en dar salida a las denuncias presentadas por la UDEF (Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía) en las que se ponía en duda la legalidad de los procedimientos bajo los que se realizaban algunos contratos en el Ayuntamiento de Murcia durante el mandato del Partido Popular; que desde junio de 2019 compartía el equipo de gobierno con Ciudadanos. Las cuatro investigaciones abiertas han sido archivadas hace unas semanas al no hallar la Fiscalía indicio de delito, según informaron varias fuentes a elDiario.es, aunque sí desajustes y defectos de forma que “no alcanzan la valoración de injustos y arbitrarios propios del delito de prevaricación, entendiendo procedente el archivo”. El expediente relativo a los contratos de luces de navidad se ha reabierto esta semana a raíz de una denuncia del abogado murciano Diego de Ramón, que ha propiciado una nueva actuación por parte del Tribunal de Cuentas.

“Dos fiscales estudiaron cada uno dos denuncias y coincidieron en que no había nada muy escandaloso o grave, necesario para probar la prevaricación o el cohecho, pero sí que había procedimientos irregulares e ilegales en los contratos menores que corresponden a faltas administrativas. El Ayuntamiento deberá decidir si procede incoar expedientes disciplinarios a algunos funcionarios”, apuntaron fuentes judiciales a elDiario.es de la Región de Murcia.

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, adscrito a la UDEF, reclamó en octubre de 2020 al Consistorio los contratos salientes de las Concejalías de Turismo, Descentralización, Contratación y Cultura tras una denuncia por acoso interpuesta por el entonces vicealcalde Mario Gómez (Ciudadanos) que desencadenó las sospechas de la UDEF y abrió el melón de la presunta corrupción del PP en el seno del gobierno municipal, poniendo de manifiesto la mala relación de los socios de Gobierno. Gómez era también concejal de Fomento y responsable de la mesa de contratación del municipio. Era mediados de octubre de 2019. Cinco meses después las disputas internas dieron paso a una moción de censura propiciada por Ciudadanos y Partido Socialista que se hicieron -gracias al apoyo de Podemos- con el Ayuntamiento de Murcia después de de 26 años de gobiernos ininterrumpidos del PP en la capital.

“Había razones más que de sobra para justificar la moción; es indudable que el PP no hizo una buena coalición con Ciudadanos, solo saben gobernar solos; no hay más que ver lo perdidos que están en la oposición”, argumenta el portavoz municipal de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, quien apunta, además, que el apoyo de su formación a la moción “no estuvo vinculada exclusivamente a la denuncia de corrupción”. Sobre el archivo de las causas, dice, “no significa que las cosas se hayan hecho maravillosamente, son temas difíciles de probar, y, obviamente, todo lo que no es delito no es sinónimo de buen gobierno; la gestión del PP fue pésima”.

“Contratos dados a dedo y fraccionados de forma sucesiva”

“En uno de los casos archivados el fiscal reconoce irregularidades y en el otro, irregularidades e ilegalidades, aunque no comparte los indicios de prevaricación y cohecho que señaló la unidad especializada de la Policía. El Ayuntamiento continuará con la vía de lo contencioso-administrativo porque sí que han sido identificados contratos dados a dedo y fraccionados de forma sucesiva”, apuntan fuentes de Ciudadanos.

“Es una desfachatez que, a pesar de haberse demostrado esas irregularidades contables, el PP, en lugar de dar explicaciones, se dedique a pedir mi dimisión”, apunta Mario Gómez. “Es necesario recuperar la confianza de los políticos hacia los ciudadanos. El Gobierno actual demuestra que hay otra forma de gestionar el dinero público. De forma transparente, eficiente y cumpliendo la ley, algo que con el PP no pasaba”, añade.

“La Fiscalía ha reconocido irregularidades, y eso demuestra que las cosas no estaban funcionando bien”, recuerdan también fuentes socialistas municipales refiriéndose a las causas archivadas por el fiscal José Luis Díaz Manzanera. Aun así, desde el PSOE consideran que la moción de censura con la que desbancaron al PP sigue estando justificada. “Aunque hay algunas dificultades a la hora de formar equipo de gobierno con Ciudadanos, estamos gobernando juntos, algo que no sucedía cuando estaban con el PP”, afirman los mismos dirigentes.

“Los técnicos municipales se refieren al período en el que estuvimos en coalición de gobierno con el PP como la época en la que estábamos en la oposición”, señalan fuentes de Ciudadanos. “Y es que era justamente eso, nos sentíamos en la oposición”, subrayan fuentes de este partido quienes también admiten “diferencias” con el nuevo socio socialista, pero reconocen que “ahora tienen más competencias” y cuentan con mayor “relevancia y visibilidad”.

Un PP que decidía de forma unilateral

Sobre todo, “se respeta el marco de gobierno; antes el anterior alcalde [José Ballesta] incluso derogaba decretos aprobados por concejales de Ciudadanos”, apunta otra fuente del partido naranja. “Estaban muy crecidos porque sabían que a nivel nacional el socio preferente de Ciudadanos era el PP, así que decidían todo de forma unilateral. Pero llegó un momento en que el partido, tanto a nivel regional como nacional, se dio cuenta de lo que estaba pasando en el Consistorio murciano”, añade.

Los episodios de confrontación protagonizados por Mario Gómez y técnicos municipales habían llegado en más de una ocasión al despacho del exalcalde José Ballesta antes de que la UDEF se hiciera con más de 300 gigas de información y 200 carpetas con expedientes de información para probar una presunta corrupción y adjudicaciones ilegales de contratos municipales que iban desde proyectos menores a adjudicaciones más importantes. El más grande, el de conservación, mantenimiento y restauración de parques y jardines de Murcia capital.

Dicho contrato se había formalizado con la firma de Mario Gómez pero se había fraguado antes de su entrada en el gobierno local. Con una inversión de 70 millones de euros, se había adjudicado a Actúa y STV cinco de los siete lotes en los que se había repartido, ascendiendo a 50 millones de euros. Los otros dos, por valor de 10 millones, se adjudicaron también a STV.

Acoso personal al vicealcalde

“Hay que recordar que fui a la policía a denunciar el acoso personal que estaba sufriendo -incluso con pinturas amenazantes en en la puerta de mi casa- y cuando me preguntaron que por qué pensaba que estaba sucediendo aquello respondí que porque no estaba dispuesto a firmar contratos en el Ayuntamiento que me parecían irregulares. Entonces me pidieron que entregara esta información a la UDEF y esta ya actuó de oficio”, apunta Gómez.

La mala relación entre Mario Gómez y sus hasta hace poco compañeros de gobierno no se ha suavizado en los últimos meses. Y el pasado 29 de octubre se volvieron a escenificar en el pleno del Ayuntamiento en el que se aprobaron los presupuestos de 2021 con los votos de PSOE, Cs y Podemos. “Banda criminal”, “poca vergüenza”, “golfo” o “doctor vacunas” -en referencia al escándalo que salpicó al exconcejal de Deportes por las vacunas de la COVID-19- fueron algunos de los insultos que se cruzaron el vicealcalde y portavoz de Ciudadanos y los miembros del PP.

“La situación económica actual en el Ayuntamiento no es ni la que se había dicho ni la que se esperaba, y se está tardando en poner en marcha los proyectos que se habían anunciado más de lo que nos gustaría”, dice el portavoz de Podemos. Ruiz Maciá cree que además “está faltando comunicación hacia fuera de lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer”. Tampoco “hay mucho tiempo para engrasar la maquinaria, tienen menos de año y medio y hay que establecer un orden de prioridades”.