Consejería y sindicatos entran en vía muerta y prevén un 'otoño caliente' en la Educación

Tras la calma vivida durante la temporada veraniega, el conflicto entre la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación con motivo de la supresión parcial de la jornada reducida en Infantil y Primaria se ha revivado igual que un fuego en un día de intenso viento sur. Los sindicatos han comparecido este jueves en rueda de prensa para dejar claro que no se van a dar por vencidos y que lejos de cancelar la huelga prevista para este viernes, coincidiendo con el arranque del curso escolar, tienen previsto convocar un nuevo paro dos semanas más tarde. 

Así lo han expuesto Jesús Aguayo, representante del STEC; Rus Trueba, de ANPE; María José García, de UGT; y Conchi Sánchez, de CCOO., quienes han anunciado que van a “mantener el pulso” con la administración y han adelantado que preparan nuevas acciones de protesta. 

Por lo pronto, los maestros están llamados este viernes a no acudir a las aulas pese a ser 'la vuelta al cole'. La huelga se acompañará también en esa ocasión de una concentración por la mañana y, además, de una manifestación por la tarde. En función del respaldo que obtengan esta jornada, que espera que sea “mayoritario”, la Junta de Personal Docente llevará a cabo una nueva huelga -esta vez parcial- el próximo día 20, para la cual ya han iniciado los trámites administrativos de solicitud. 

“No se va a seguir jugando con nosotros”, han declarado los sindicalistas, que afirman que el profesorado “no se conforman con un día de huelga”. También han aprovechado para cargar contra Francisco Fernández Mañanes, al que no consideran un “interlocutor válido” y del que ya pidieron la dimisión o cese cuando comenzó la polémica, porque mientras él “esté al frente”, no es “posible que el conflicto se resuelva”, señalan.

En este sentido, han denunciado la “sensación de humillación” de los docentes, al haber “minusvalorado” su trabajo, que ha “simplificado” al hecho de dar clases y sin tener en cuenta las labores de coordinación, planificación y programación de las sesiones lectivas y otras actividades, que han de hacerse en equipo y en los centros. “Para nosotros esto es irreparable”, se han quejado acerca de que se haya “cuestionado” su labor.

Un conflicto en vía muerta

El conflicto parece haber entrado en un callejón sin salida. La Consejería que capitanea Mañanes asegura estar atada de pies y manos en base a los informes jurídicos que obligan a su departamento a cumplir el Real Decreto de 2012 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, el cual eleva las horas del profesorado hasta las 875.

Para cumplir con la ley y mantener el calendario bimestral, Educación ha suprimido parcialmente la jornada reducida -de 6 a 3 semanas- y ha ampliado de 175 a 178 los días lectivos. Así, durante las dos primeras semanas se septiembre y la última de junio, profesores y alumnos seguirán teniendo tres y horas y media lectivas en lugar de las cinco que cursan a lo largo del resto del año.

“Hasta que no se modifique ese Decreto no podemos hacer otra cosa, salvo incumplirlo a sabiendas, y eso no debiera ser ninguna opción para un responsable político”, sostenía esta semana el consejero en una entrevista con este medio.

A preguntas de los periodistas por este “conflicto laboral”, Mañanes ha lamentado este jueves el “daño” que causará la huelga y lo hará “especialmente”, precisamente por ser el primer día de clase, por lo que ha calificado de “absolutamente excesiva” la respuesta sindical que alterará el normal comienzo del curso. Y una vez más, ha reiterado que la Consejería solo se ha mantenido en la legalidad y que el acuerdo no fue posible porque la Junta de Personal Docente “se negó a negociar dentro de lo que la ley permite”. 

Recurso de alzada

Al margen de las iniciativas “en la calle”, con las que la Junta de Personal Docente quiere canalizar y expresar la “indignación y enfado” que “arrastran” en los últimos meses los profesores, los sindicatos van a llevar a cabo las medidas legales que consideren “oportunas”. Así, han presentado el recurso de alzada previo al proceso contencioso-administrativo por “defectos de forma” en la convocatoria en la Mesa Sectorial donde se aprobó el calendario, que “no” se realizó con las 72 horas de antelación que marca la ley y el orden del día no “explicitaba” la modificación del calendario.

Tampoco hubo “buena fe negociadora” por parte de la administración, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público y a juicio de los sindicatos, que también han afeado a la Consejería la “mala idea” de mandar el calendario a los centros educativos “antes” que a la Mesa Sectorial para su estudio y aprobación.