Canedo destaca el quebranto económico que supuso para familias y Administración el fraude en los comedores escolares
Tres meses después de su última sesión, la comisión de investigación creada en el Parlamento Vasco para investigar el papel del Departamento de Educación en la adjudicación de la contrata de 'catering' para los comedores de la escuela pública se ha reactivado este miércoles para escuchar a la expresidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Pilar Canedo, impulsora de la investigación que destapó el cártel de empresas que se repartieron durante una década ese servicio logrando maximizar sus beneficios. Canedo, que ha insistido en que hay pruebas abundantes y abrumadoras que confirman esta “concertación” entre Auzo Lagun, Cocina Central Magui, Cocina Central Goñi (las tres del grupo Mondragon), Gastronomía Cantábrica, Gastronomía Baska, Eurest y Tamar, ha destacado el elevado coste económico que estas irregularidades acarrearon para la Administración, los contribuyentes y, desde luego, para las familias usuarias del servicio.
Canedo ha destacado el “nivel de gravedad” muy elevado de lo ocurrido en Educación. Con gráficas, ha mostrado cómo por sistema las mismas empresas ganaban siempre los mismos lotes o áreas geográficas en que el Gobierno dividía la contrata. Es más, cuando se modificaron los lotes, el nuevo reparto se ajustaba exactamente al anterior si se analizaba en clave territorial. Había empresas homologadas para distribuir menús escolares en más zonas pero se limitaban a gestionar la suya, en la que no tenían competencia de otras cocinas. “¿Qué pasa con los precios? Presentan ofertas al precio máximo. Es difícilmente creíble que vayan al precio máximo si no sabían de antemano que iban a sacarlo”, ha explicado la ahora vocal de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).
Según la expresidenta de la Competencia vasca, el primer contrato en que se introdujeron algunos cambios en el sistema de adjudicación del servicio ya “se verificó un ahorro de 7 millones” haciendo “un cálculo conservador”. Pero la sospecha de irregularidades se mantiene en el actual marco de contratación del 'catering' escolar. De hecho, al poco de que se destapara en 2016 este caso entró una segunda denuncia en Competencia y Canedo abrió una nueva investigación. En ella aparecieron indicios llamativos como que dos marcas de la misma empresa (Mondragon) 'compitieran' entre sí por los mismos lotes o que los precios de las empresas del cártel fuesen sustancialmente más baratos en la única comarca en la que presentó su oferta Aibak, la empresa denunciante de este caso en un inicio y que nunca antes había sido homologada para acceder a este contrato.
Canedo ha confirmado la existencia de esta segunda parte del caso de los comedores, adelantado por eldiarionorte.es, aunque ha dado algunos detalles de los problemas internos que tuvo para sacarla adelante. Según ha indicado, los responsables internos de investigación se oponían a seguir analizando esta denuncia y el pleno de la Autoridad Vasca de la Competencia encargó por ello un informe externo a un experto de la Universidad de Chicago en el que se daban por probadas las anomalías. Esas conclusiones “llevaron a la convicción de que sería necesario analizar con más profundidad” el caso. “Pero se me nombra en la CNMC y dejo de tener conocimiento del caso”, ha indicado. A la vez, otra vocal, Natividad Goñi -que ha acompañado a su excompañera en la Cámara-, presentó su dimisión por diferencias de criterio y el nuevo equipo que asumió el control de este organismo, encabezado por Alba Urresola, decretó como primera medida el archivo de esta investigación. Urresola manifestó en la comisión de investigación que ese informe “no era válido” y que debería primar el criterio del equipo propio de Investigación.
Urresola también dijo que no hay constancia de que hubiera “connivencia” del Gobierno en las irregularidades. Canedo, en cambio, ha recordado que el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al confirmar el fraude, rebajó la sanción a las empresas por la corresponsabilidad de la Administración. “Fueron muchos años y no se reaccionó”, ha resumido Canedo, que ha insistido en que las sanciones bajas existentes para luchar contra estos casos de concertación no disuaden a las empresas infractoras.
La comisión continuará sus trabajos en las próximas semanas. Una de las comparecencias más esperadas es la de la exconsejera de Educación entre 2009 y 2012, período incluido en la investigación, Isabel Celaá, actual ministra del ramo y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. También están citados otros exresponsables educativos de Euskadi.
