Hacienda investiga a los sindicatos vascos por la 'caja de resistencia'

La Hacienda vizcaína ha decidido investigar la 'caja de resistencia' de los sindicatos en Euskadi y si las centrales practican las retenciones debidas a las remuneraciones que perciben los trabajadores en huelga, normalmente de larga duración, o que han sido objeto de algún tipo de sanción o despido. En una decisión sin precedentes en este país, el fisco vizcaíno ha remitido una misiva a las centrales, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, en la que se exige las identidades de los trabajadores que hayan percibido ese tipo de retribuciones para sostener huelgas, las cantidades abonadas y “las retenciones practicadas, en su caso” por los sindicatos durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

El Departamento de Hacienda de la Diputación de Bizkaia, competente en materia tributaria en este territorio y en manos del PNV, da un plazo de diez días para que las centrales aporten la información y le recuerda, ademas, que incumplir el requerimiento supone una “infracción tributaria sancionable con una multa”. El requerimiento especifica que el sindicato no debe “especificar” si los beneficiarios son afiliados o no.

La carta de la Hacienda vizcaína, de tres páginas y con fecha del pasado 26 de enero, fue remitida la pasada semana y va firmada por uno de los inspectores actuarios de Finanzas de la Diputación de Bizkaia. El requerimiento de información se realiza porque Hacienda considera que ese tipo de pagos realizados por los sindicatos a los trabajadores que participan en huelgas de larga duración o que han sido objeto de algún tipo de represalia o sanción por las empresas son rendimientos de trabajo, sujetos a retención fiscal.

“El pago a los trabajadores que hayan participado en una huelga con cargo a la denominada ”caja de resistencia“, -apunta el inspector en su misiva- ”constituye un instrumento por el que se garantiza al trabajador una renta que complementa el salario dejado a percibir al encontrarse en suspenso su relación laboral. Los importes percibidos de la caja de resistencia derivan de forma indirecta del trabajo y de la relación laboral de su perceptor, debiendo, por lo tanto, ser calificados como rendimiento de trabajo personal“.

Y el inspector recuerda a los sindicatos que la normativa foral que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de diciembre de 2013, plantea en su artículo 107 (apartado 1) que “estarán obligados a practicar retención e ingreso a cuenta en concepto de pago a cuenta del IRPF correspondiente al perceptor, en la cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar su importe en la Diputación Foral en los casos previstos en el Concierto Económico”.

El inspector defiende en la carta la competencia de Hacienda para exigir la cesión de este tipo de datos de carácter personal porque “con carácter general no es necesario el consentimiento del afectado” ya que se trata de cumplir con las “obligaciones de información establecidas en las normativa tributaria”.

Enfrentamiento entre la Diputación y ELA

¿Qué sindicato utiliza la caja de resistencia en las huelgas que se prolongan en el tiempo? En el País Vasco hay una central que está especialmente orgullosa de su caja de resistencia, ELA, la central mayoritaria. Según datos oficiales de ELA, entre 2008 y 2011 hizo una aportación a su caja de resistencia de 13,7 millones de euros (el 15,1% de sus gastos), mientras que en el periodo que va de 2012 a 2016, la cantidad aportada subió a los 19,1 millones (el 16,24%). La importancia que el sindicato mayoritario da a esta herramienta viene de lejos. Ya en 2007, el consejo nacional de la central fijó en 708 euros mensuales la ayuda básica, en 814 euros cuando el 35% de los convocados a una huelga estén afiliados a ELA, y una indemnización extraordinaria del 65% del salario neto con un tope de 1.417 euros.

Las relaciones entre el PNV y el lehendakari, Íñigo Urkullu, y ELA son tormentosas y la polémica ha rodeado también la relación entre el diputado general de Bizkaia, el peneuvista Unai Rementeria, y el secretario general de la central nacionalista, Adolfo Muñoz, Txiki. ELA ha mantenido una política sindical de “contrapoder” con el PNV, en la Función Pública, con la patronal vasca Confebask y se ha negado a firmar pacto social alguno.

ELA ha acusado al diputado general Unai Rementeria, que da la circunstancia de que es afiliado a ELA. en innumerables ocasiones de tener como norma la “explotación laboral” en su actuación al frente de la institución foral. “Al parecer, en el marco mental del diputado general de Bizkaia la explotación laboral no se discute. Es el estado natural de las cosas”, llegó a escribir el máximo responsable de la Federación de Servicios Públicos de la central-Gizalan, Igor Eizagirre.

Paralelamente, el último gran choque entre la Diputación vizcaína y ELA fue la huelga de 370 días que realizaron las trabajadoras de las residencias de Bizkaia, que dependen precisamente de la institución foral y en la que se implicó en primerísima persona el propio Txiki Muñoz, acudiendo en numerosas ocasiones a lo largo de la huelga a las concentraciones realizadas por las trabajadoras de ese sector. ELA lideró la huelga y sostuvo el conflicto hasta el final: la paz se firmó tras 370 días a finales de noviembre pasado. Durante el conflicto, ELA entró en el cuerpo a cuerpo con los responsables de la Diputación y les acusó de “permitirse el lujo de estar inactiva y omisa a las reivindicaciones de las trabajadoras y los familiares.