El alcalde de Hondarribia del PNV tramitó un macrocentro comercial 24 horas antes de que el Parlamento aprobara la ley para impedirlo
El alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu (del PNV y que revalidó la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales de mayo), aprobó un decreto para dar luz verde al proyecto de macrocentro comercial Zaldunborda 24 horas antes de que el Parlamento Vasco -con los votos de todos los partidos, incluido el nacionalista- aprobará una ley restrictiva que impediría la apertura de este tipo de espacios. Así lo ha denunciado la oposición en pleno del municipio en un comunicado conjunto firmado por los portavoces de Abotsanitz (Igor Enparan), PSE-EE (Josu Álvarez) y EH Bildu (Xabier Isasi).
En la nota, estas tres formaciones recuerdan que Zaldunborda será un área comercial de 100 tiendas, locales de hostelería, 2.000 aparcamientos y una estación de servicio, un “monstruo comercial” para atraer no sólo a vecinos de la comarca sino también a compradores franceses. Entienden que “esta implantación es contraria a lo dispuesto en normativas de la Unión Europea sobre superficies comerciales” y que “estas recomendaciones han sido recogidas en la nueva ley aprobada en el Parlamento Vasco”. Sin embargo, hacen constar que Sagarzazu, por decreto, tramitó “en tiempo récord y con alevosía” la puesta en marcha del proyecto horas antes de la promulgación de la nueva ley autonómica.
En ese debate, el portavoz del PNV (Unai Grajales), manifestó que apoyaba la normativa pero que dudaba de su eficacia: “Para bien o para mal, me temo que esta ley no va a influir en los nuevos usos de las personas a la hora de relacionarse con el comercio, con su tiempo de ocio, con las nuevas formas de comprar y de vender. Tengo la sensación de que a veces en esta casa matamos las moscas a cañonazos”.
Abotsanitz, PSE-EE y EH Bildu indican que el PNV local ha actuado con “opacidad y falta de transparencia” y que todo el desarrollo urbanístico está “antecedido de multitud de irregularidades”. La oposición entiende que Sagarzazu impone una “hipersuperficie” cuando “es nociva y contraria a los intereses del comercio de Hondarribia” y porque “es perjudicial medioambientalmente” porque Gaintxurizketa es “un corredor libre para aves” y porque se incrementará el tráfico en una zona ya de por sí colapsada al ser fronteriza.
No es la primera polémica con la gestión del PNV en Hondarribia. Como ha venido publicando este periódico, la interventora municipal ha alertado de numerosas irregularidades en la contratación de empresas, particularmente en el área de Cultura y Fiestas y particularmente con la firma Montai como beneficiaria. Esta compañía es propiedad de un destacado militante del partido 'jeltzale', Aitor Elorza, y ha facturado más de dos millones de euros en la última década por adjudicaciones 'a dedo' y sin contrato. Un informe de la interventora dejó constancia de que las anomalías se extendieron a 27 empresas en 2018 por un importe próximo a los 1,3 millones, el 7% del presupuesto local.
Este periódico ha tratado de ponerse en contacto en cuatro ocasiones con un portavoz municipal para recabar su opinión de esta denuncia de la oposición. En ninguno de los intentos ha sido posible establecer la comunicación.