La falta de acuerdo en la ponencia de paz del Parlamento abre una brecha entre los socios del Gobierno vasco

La ponencia de memoria y convivencia del Parlamento Vasco -heredera de la antigua ponencia de paz- corre serio riesgo de acumular un nuevo fracaso en su ya dilatado historial. Casi tres meses después de haberse reunido por última vez, este foro parlamentario ha retomado sus contactos este lunes y la cita, de unos 75 minutos, se ha saldado con una “discusión de fuerte calado” entre los portavoces del PNV, Iñigo Iturrate, y del PSE-EE, José Antonio Pastor. Ambos partidos comparten Gobierno de coalición y se han dado hasta el viernes de la semana próxima para limar asperezas y decidir sobre el futuro de la ponencia, ya que las políticas para la gestión del final de ETA no están incluidas, ni mucho menos, entre las “discrepancias pactadas” dentro del acuerdo de Gobierno de 2016, como sí ocurre con la reforma del Estatuto.

El núcleo de la discusión entre PNV y PSE-EE reside en que los socialistas no ven reflejadas sus posiciones en el documento de síntesis elaborado por la coordinadora de la ponencia, la exconsejera y parlamentaria 'jeltzale' Ana Oregi. Ese texto recoge una valoración del trabajo realizado en cada uno de los bloques en que se dividieron las reuniones, como víctimas, memoria o política penitenciaria. A través de ruedas de prensa y comunicados, el último de la pasada semana, distintas voces socialistas ya han criticado algunos extremos de este dictamen -que no es público- al entender que no se ajusta al denominado “suelo ético”, las conclusiones alcanzadas en la ponencia en 2012 y que incluyeron desde el PP hasta una parte de Aralar pasando por los propios PSE-EE y PNV (la izquierda abertzale estaba ilegalizada).

El PSE-EE, por boca de su líder, Idoia Mendia, pidió que la ponencia explicite que “no hubo nunca razón alguna para el terrorismo de ETA” y que no se rebaje el suelo ético para acomodar a EH Bildu. Fuentes socialistas inciden en que esta posición recoge sus contactos con las víctimas y en que no excluye la condena de otras violencias. Sienten que el trabajo de síntesis de Oregi no ha sido, precisamente, un compendio adecuado de ese posicionamiento.

En el otro lado, en el PNV, existe un evidente malestar con los socialistas por haber sacado a la luz pública las discrepancias existentes en la ponencia. De hecho, subrayan que una de las premisas básicas de funcionamiento era la discreción -por momentos hermetismo-. Esta sensación de que los puentes se han roto la comparten también fuentes de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos. El PP, por su parte, no participa en la ponencia al entender que nació viciada por no tener como premisa básica la deslegitimación del terrorismo de ETA.

En medio de este debate, fuentes de la ponencia sólo confirman la convocatoria de una nueva reunión para el viernes de la semana próxima y que el espíritu es “seguir trabajando”. Será ese 15 de marzo cuando, en principio, habría que valorar si el documento de síntesis de Oregi continúa siendo la base para explorar posibles consensos. Nadie en el Parlamento es capaz de pronosticar qué puede ocurrir a partir de entonces en caso de que se mantengan las discrepancias, aunque los parones de meses ya se han producido. Además, se da la circunstancia de que varios miembros destacados del grupo, incluida Oregi, podrían abandonar el Parlamento a partir de mayo al concurrir como candidatos en las elecciones municipales.

Preguntado al respecto, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha manifestado es “consciente del contexto” que vive la ponencia de paz. A Urkullu le “satisfaría que hubiera avances compartidos” pero ha mostrado “respeto” a los partidos como líder de un gabinete que integra a tres consejeros del PSE-EE. En todo caso, el lehendakari ha parecido utilizar como contrapunto que en el Instituto de la Memoria gestionado por el Gobierno no sólo existen esos “avances compartidos”, sino que incluso participa con normalidad una representación del PP. “Participan todos y cada uno de los grupos”, ha enfatizado.

En el Gobierno, en todo caso, destacan que este debate no tiene por qué afectar al día a día del Ejecutivo. Fuentes oficiales recuerdan que el PSE-EE también criticó el programa educativo Herenegun, ideado para explicar en las aulas décadas de violencia, y que esa situación se ha sabido reconducir internamente.