“La probabilidad de que se use el euskara sin traducción en la Justicia es muy pequeña”
“Desafortunadamente estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo”, valora la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, preguntada sobre la posibilidad de que un procedimiento judicial “desde el inicio hasta su resolución” se haga íntegramente en euskara, lengua cooficial desde 1978. San José, a la que EH Bildu ha requerido datos y explicaciones sobre la materia en el Parlamento, explica que el Gobierno trabaja “paso a paso” para avanzar en este terreno, si bien, “dadas las circunstancias, la probabilidad de que un asunto se inicie y culmine en euskara sin necesidad de traducción es muy pequeña” y no sólo porque buena parte del personal de la Administración de Justicia no acredita un dominio del idioma (64,5% entre los funcionarios) sino porque tampoco lo hacen “los operadores que intervienen en un procedimiento”.
San José ha enviado a la Cámara algunas cifras. Del total de funcionarios autonómicos, exclusivamente el 35,5% tiene el “perfil requerido”. Son el 45,1% de los auxiliares, el 41,7% de los tramitadores, el 36,7% de los gestores y el 10% de los médicos forenses. En total, 1.146 de los 2.296 empleados públicos de la Administración de Justicia no disponen de una titulación homologada de lengua vasca. El Gobierno explica que estos son los únicos indicadores “fiables”, pero matiza: “Puede haber casos de personas que no habiendo acreditado el perfil correspondiente tengan capacidad lingüística suficiente, lo mismo que puede ocurrir que haya quienes hayan acreditado el perfil hace tiempo pero hayan perdido el nivel alcanzado”.
Euskadi aprobó en 2011 un “plan de normalización lingüística” en el ámbito de la Justicia y el Gobierno se marca 2020 como el año en que se deben alcanzar unas exigencias mínimas “en cada partido judicial”. Sin embargo, se trata de un proceso con dos velocidades. Si entre los funcionarios son el 35% quienes dominan el idioma -la exigencia es menor para quienes sólo lo necesitan para atención oral que para quienes han de redactar escritos-, el porcentaje se desploma entre jueces, fiscales y letrados (antiguos secretarios judiciales). Los primeros dependen del Gobierno vasco y están sujetos al plan lingüístico, mientras que los segundos forman parte de cuerpos nacionales regulados desde el Estado.
Según datos que obtuvo eldiarionorte.es en 2017, de los 343 jueces y fiscales destinados en el País Vasco apenas 16 de los primeros y 2 de los segundos tenían un perfil 3 o superior. Igualmente, solamente 18 de los 203 secretarios judiciales acreditaban esa titulación. Ahora bien, otros 22 jueces, 6 fiscales y 32 letrados acreditaban algún conocimiento menor del euskara.
Con estos mimbres, en 2016 apenas se celebraron tres juicios en lengua vasca, uno en el contencioso-administrativo 5 de Bilbao y dos en Instrucción 2 de Tolosa. “Hay jueces, letrados y fiscales vascoparlantes, pero la lengua no se tiene en cuenta a la hora del reparto de los asuntos. Los asuntos se distribuyen por turno entre los juzgados. Y entre fiscales rigen las especializaciones, de manera que el reparto se hace por temas”, señala San José a EH Bildu. Eso sí, el plan Auzia Euskaraz ha planteado como experiencia piloto poder hacer procesos sencillos íntegramente en euskara, como los divorcios con acuerdo. La estadística oficial muestra que el 8,65% de loas comunicaciones entre funcionarios se hacen en euskara. En cuanto a los escritos, el 65% son bilingües y el 34% de los modelos -los más habituales- también están traducidos a los dos idiomas oficiales.
