Corrupción judicial
La corrupción no es sólo el dinero público que desaparece en bolsillos privados. Hay un deje neoliberal en el argumento que nos quiere escandalizar con el montante de lo que los corruptos nos han robado. El dinero es importante pero no es lo más importante. La corrupción va mucho más allá y se extiende y ramifica. La corrupción consiste en su sentido amplio en echar a perder, depravar o pudrir algo. En este caso es nuestra sociedad y nuestra democracia las que están siendo corrompidas. La corrupción “crece como la masa que se deja fermentar en artesas de madera” que diría Roberto Saviano.
La corrupción es un árbol que se enraíza profundamente en la sociedad que parasita y que junto a las raíces profundas y evidentes va produciendo ramificaciones que se infiltran en todos los ámbitos de la sociedad buscando impunidad. Para ello necesita nutrirse y colonizar todos los estamentos. Cuando las raíces son muy abundantes, acaban saliendo a la superficie y disgregando carreteras, aceras o cimientos. Eso mismo sucede con la sociedad. Los pilares se convierten en arenilla. Este símil me lo regaló hace tiempo un magistrado y sigue siendo muy ilustrativo. Por ese motivo es altamente improbable que la corrupción no llegue a los centros de control como son la Fiscalía, el Poder Judicial o las policías. Y llega, vaya si llega.
Corrupción es que tengamos noticia de que una magistrada alertó al entorno de un investigado de que era sujeto de intervenciones telefónicas judiciales bajo secreto, que le permitieron intentar sustraerse a ellas. Corrupción y delito. Eso también rige para los miembros del Gobierno. Corrupción –y quizá omisión del deber de perseguir delitos– fue no que Eloy Velasco tras tener notitia criminis se negara a abrir una pieza para investigarlo –no era competente– sino que no lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía para que ésta lo presentara en Plaza de Castilla para su investigación por el juzgado competente.
Ha tenido que ser un partido llamado Contrapoder, formado por abogados al frente de los que está el conocido José Luis Mazón, el que ha presentado una denuncia que ha sido admitido a trámite por el Juzgado de Instrucción número 6. Ya no hace falta que les vuelva a explicar por qué molestan la acusación popular y esas cosas. El juez tendrá ahora que investigar quiénes conocían las escuchas secretas. No son tantos. El propio Velasco, los guardias civiles, el secretario judicial y los fiscales. Tendrá que averiguar si se lo contaron a otras compañeras. Tendrá que solicitar los datos procesales para saber si algún otro tribunal de la Audiencia Nacional tuvo conocimiento de las escuchas secretas al resolver un recurso. Tendrá que tomar declaración a todos los implicados que no estén aforados y si encuentra indicios sobre cualquiera de los que sí lo son –magistrados o fiscales– elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que los impute y tome declaración. La búsqueda se restringe a una mujer que sea “amiga” de un diario conservador y a quién se lo contó a ella. Tampoco hay tantas opciones.
Claro que no sólo Eloy Velasco ha tenido noticia de la comisión de ese presunto delito. Tanto la presidencia de la Sala de lo Penal como de la Audiencia Nacional lo saben. Tampoco han hecho nada. Y eso es una forma de pudrir el sistema. Una vez que concluyamos que los jueces de la Audiencia están dispuestos a mirar para otro lado si los ilícitos los cometen los de su clase, habremos concluido que el sistema está corrupto. También pende la sospecha de la corrupción sobre esa presunta petición por parte del juez Velasco a Ignacio González para que empleara a su mujer, que investiga el CGPJ como posible falta disciplinaria. Esa denuncia, presentada también por Contrapoder, afirma que podría haber un delito de cohecho impropio en caso de probarse.
Corrupción es ser fiscal del Reino de España y saber que has heredado parte de una sociedad en un paraíso fiscal y no hacer nada. Un hombre de leyes cabal es consciente de que esa situación es insostenible y, aún admitiendo que sólo la conociera tras heredar, no podría consentir ni un minuto tomar su parte de algo así y no regularizarlo. Moix no puede continuar al frente de la Fiscalía Anticorrupción.
Pero corrupción y corruptelas son muchas más cosas. Podredumbre es aceptar dar conferencias y hacer trabajos muy bien retribuidos para asociaciones bajo sospecha, bancas privadas que acaban investigadas, para escuelas de comisarios dudosos o para fundaciones directamente ligadas al partido en el poder y otras muchas por el estilo. Muchos jueces de base se rebelan cuando se cita esta actividad como poco limpia pero es porque ellos dan una conferencia de ciento en viento por una perrillas. Si supieran los miles de euros que suponen para algunos este negocio y hasta qué punto están dispuestos a no preguntar para seguir con el saneado negocio, también se escandalizarían. A fin de cuentas, como me explicó el director general de una empresa patrocinadora de estos eventos, “es evidente que mal no les caes si les proporcionas buenos ingresos” y voluntad de pensar que detrás haya algo raro tampoco hay mucha, añadiría yo. Corruptelas son los ingresos obtenidos en negro cuando se preparan opositores.
Corrupción también es pedir favores y tener a los próximos y próximas trabajando en bufetes que operan en el tribunal al que perteneces. La ley recoge que los cónyuges de los magistrados no pueden ejercer la abogacía en el mismo lugar que ellos si no es una plaza con más de un número determinado de juzgados y no siendo en el suyo. Lo cierto es que a veces no obra matrimonio, a veces son hijos o yernos, a veces... todo eso también es una forma de corrupción. O los magistrados que escriben obras, y las promocionan de gira por España, con letrados que luego ejercen ante ellos mismos o... el compadreo que todo el mundo ve ya con total normalidad.
Corrupción y corruptelas también son las actitudes silentes y/o serviles ante el poder político a sabiendas de que sólo esa mansedumbre puede producir un nombramiento deseado –más poder y más sueldo– y que durante estas semanas ya les he explicado. Corrupción son las maniobras jurídicas legales, o con su apariencia, para devolver los favores o para evitar vetos que puedan perjudicar a posteriori las carreras y las ambiciones.
Corrupción es, y sobre todo, utilizar el órgano llamado constitucionalmente para proteger la independencia judicial para dañarla y destruirla.
La corrupción está dentro del Poder Judicial, como no podía ser menos, puesto que un sistema corrupto no conserva jamás limpios sus mecanismos de control. No crean, no obstante, que es algo generalizado. Tampoco lo de los políticos lo es.
Miles de jueces les mirarán con cara de pasmo si les dicen todo esto. Son esos miles de jueces que apechugan con órganos colapsados, que sacan a trancas y barrancas su trabajo con jornadas infinitas en despachos y salas desvencijadas, y en juzgados con cucarachas y humedades y techos derrumbados. Recuerden que hasta uno de ellos ha muerto por sobrecarga de trabajo. Esos que quieren saber cuándo crearán más juzgados y más plazas de juez y les darán un sistema procesal digital que funcione y adecuarán las instalaciones y todo eso que los políticos deberían emplearse en hacer pero que no hacen porque no les interesa. La Justicia no da votos. “Inaugura un hospital y tendrás votos. Inagura un edificio de juzgados y no tendrás nada”, me dijo una vez un consejero de Justicia, pero es algo que saben todos.
No admitir que la corrupción ha permeado también los órganos llamados a combatirla es no querer acabar con ella. Hay asociaciones judiciales y de fiscales que están siendo muy activas en los últimos tiempos denunciando la situación. Lo hacen con cautela. Aun así se echa en falta a otras. Quizá aquellas cuyos miembros están siendo más favorecidos por la situación. Espero que no falten a la cita.
Si soy tan insistente con estos temas es porque el riesgo de destrucción del Estado de Derecho y de las bases del sistema democrático es muy alto y porque en ello nos va mucho a todos. Desconfíen de quien les diga que todo está bien. Ustedes, como yo, saben que no.
