Marlaska y los derechos humanos

Fernando Grande-Marlaska tiene una relación complicada con los derechos humanos. En el 2011, cuando el Comité Europeo para la prevención de la Tortura visitó España, señaló como “sorprendente” que “todas las detenciones en régimen de incomunicación” que se habían producido durante los cinco primeros meses de ese año habían sido autorizadas por el mismo juez. Sí, el juez Grande-Marlaska. Otros magistrados de la Audiencia Nacional aplicaron el protocolo para asegurarse que no se cometerían malos tratos a detenidos pero no fue el caso del actual ministro del Interior.

La falta de diligencia a la hora de investigar si algunas de las denuncias de torturas eran ciertas acabaron en Estrasburgo y en varapalos por no haber indagado como correspondía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) condenó a España a pagar 20.000 euros al miembro de Ekin Iñigo González Etayo, a quien se detuvo e incomunicó en una operación dirigida por Grande-Marlaska. Estrasburgo no entró en el debate de si se le había maltratado o no, sino que reprochó a España que el magistrado no hubiese llevado a cabo la investigación necesaria para aclararlo. 

“El juez central de instrucción número 3 [Marlaska] no atendió ninguna de las solicitudes de la familia del demandante referidas a las medidas de investigación y protección durante su detención. No ordenó ninguna medida de investigación tras las declaraciones del demandante y no trasladó el expediente del caso a ningún otro juez competente”, se constataba en la sentencia del TEDH.

En su etapa de instructor en el tribunal especial, Grande-Marlaska también sentó en el banquillo a una quincena de jóvenes por quemar fotos del rey en Girona, que después fueron absueltos. Ya como magistrado de la sección 1ª, firmó un voto particular contrario a la absolución de algunos de los encausados por el cerco al Parlament al rechazar que la protesta estuviera amparada por el derecho de reunión.

Antes de acabar como ministro del PSOE, el PP lo propuso en el 2013 para ocupar una vocalía en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras una década en la Audiencia Nacional. Su nombre apareció posteriormente para sustituir como Defensor del Pueblo a Soledad Becerril en el 2017 e incluso para ocupar el puesto de José Manuel Maza en la Fiscalía General del Estado cuando este falleció. 

A diferencia de otros colegas, Grande-Marlaska nunca se afilió a ninguna asociación de jueces (que acostumbra a ser la manera de mostrar afinidades), aunque representó con eficiencia al sector conservador del CGPJ. El arranque de la crónica que Pedro Águeda escribió en elDiario.es cuando saltó del órgano de gobierno de los jueces al Consejo de Ministros lo resumía a la perfección: “Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) amaneció este miércoles vocal del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial y se acostó ministro de un Gobierno socialista. Pedro Sánchez ha elegido para el departamento de Interior a un juez aupado por el PP al CGPJ, que defiende que en los Centros de Internamiento de Extranjeros ‘no se vulneran los derechos fundamentales’ y que puso por escrito en un voto particular que apartar a Concepción Espejel de los juicios de Gürtel y caja B por su proximidad al anterior partido en el Gobierno fue fruto de una ‘campaña mediática’”. 

Desde que entró en el ministerio se declara “progresista”, pese a que no toda su gestión en esta cartera pueda definirse como tal. A tenor de la utilización de la Policía contra la oposición durante el Gobierno de Rajoy se antojaba primera asignatura enderezar el rumbo del Cuerpo, una tarea que Grande-Marlaska ha afrontado con timidez si no ha ignorado totalmente.

El último episodio y el más grave es la masacre de Melilla, el pasado 24 de junio, cuando una avalancha provocó al menos 23 muertos y más de 70 desaparecidos. Desde este día y hasta este miércoles ha ido variando su versión pero el ministro insiste en que “ningún hecho trágico” sucedió en territorio español, niega la supuesta falta de asistencia sanitaria prestada por las autoridades españolas y defiende la “transparencia total y absoluta”. Los argumentos del titular del Interior se basan en defender la proporcionalidad y legalidad de la actuación de la Guardia Civil y en evitar cualquier afirmación que pueda incomodar a Marruecos. 

La mayoría de personas que trataron de sortear la alambrada melillense ese día eran sudaneses, una nacionalidad que suele obtener el asilo en España (un 91% de respuestas positivas). Son potenciales refugiados que, según explicaron los supervivientes, habían atravesado países como Libia, Níger y Argelia para llegar a Europa y solicitar protección.

La compañera Gabriela Sánchez, que ha estado informando de esta tragedia y otras anteriores, ha explicado cómo los diputados que han tenido acceso a las imágenes oficiales, el documental de la BBC y la última investigación de Lighthouse Reports coinciden en que el momento más dramático tuvo lugar en el lado marroquí de la puerta que conecta Marruecos con España en el puesto fronterizo de Barrio Chino. Durante la estampida, varios cuerpos cayeron a ambos lados de la alambrada. Un agente marroquí y un superviviente de la tragedia señalaron que al menos uno de ellos falleció en suelo español, según el trabajo publicado este martes en varios medios europeos. Se llamaba Abdul Aziz Yacoub, ha desvelado un testigo, amigo de la víctima. 

El ministro insiste en que no hubo víctimas en territorio español y tilda de “conjeturas y especulaciones” los diferentes trabajos periodísticos que contradicen la versión oficial. Para Interior da igual que vídeos de los hechos, la investigación preliminar del Defensor del Pueblo y los testimonios de los testigos recogidos entre otros por elDiario.es apunten a la falta de asistencia recibida por los refugiados durante la tragedia.

Mirar si hubo muertos en territorio español es importante, entre otras cosas porque merecemos conocer la verdad. Pero convendría no caer en la lógica administrativa de las fronteras que lleva a pensar que una muerte importa más si se ha producido unos metros más aquí o allá. Sobre todo cuando Europa paga a un régimen como el marroquí, precisamente para que los muertos se produzcan en su territorio y no molesten aquí.

El fondo de la cuestión es que hemos renunciado a un control de fronteras respetuoso con los derechos humanos, cuando nadie podría imaginar hacerlo en la seguridad pública o en el ámbito penitenciario. Pero precisamente por esta renuncia se subcontrata para la gestión de las fronteras, en toda Europa, a estados que no aplican derechos, algo que las democracias no deberían permitirse.

El PSOE prometió en el programa con el que concurrió a las elecciones generales de 2019 desarrollar “una gestión de forma responsable y acorde con la dignidad humana” de las políticas migratorias. El Gobierno empezó acogiendo a los migrantes del Aquarius y ahora incluso la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha tenido que recordarle que España “no debe contribuir directa o indirectamente a las violaciones de los derechos humanos con medidas adoptadas en su cooperación con terceros países”. Medidas como la expulsión de 55 niños migrantes marroquíes en agosto del 2021 y por la que deberán ir a juicio la entonces delegada del Gobierno y la vicepresidenta de la ciudad autónoma son un ejemplo de esa contribución directa a las violaciones de los derechos humanos y la prueba de que no basta con definirse como progresista para serlo.