Un informe de la Guardia Civil sitúa por primera vez a Esperanza Aguirre en reuniones de la trama Púnica

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, estuvo en varias reuniones en las que se trató el amaño de contratos públicos en favor de una empresa de la trama Púnica. Así lo refleja un informe de la Guardia Civil entregado al juez del caso en el que se implica a Aguirre directamente en el trato de favor a Daniel Horacio Mercado, el propietario de la empresa Over Marketing, para recompensar al empresario por los trabajos para el partido durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas y locales de 2003 y 2007.

El documento de 205 folios, que ha adelantado El País y al que ha tenido acceso eldiario.es, revela que Aguirre participó en estas conversaciones junto al también expresidente regional, Ignacio González, en aquel momento mano derecha de Aguirre, y el también hombre de confianza de la expresidenta, condenado a prisión por la operación Púnica, Francisco Granados.

En estas reuniones se acordó favorecer a las empresas del argentino Daniel Horacio Mercado, algo que fue posible porque el gobierno regional llegó a modificar leyes en 2006 para este propósito. Las nuevas normas autonómicas requerían que para cualquier adjudicación pública en la comunidad fuera necesario una “autorización previa” del ahora imputado Ignacio González, a través de la Vicepresidencia regional.

La investigación señala que Mercado, también imputado por la Púnica y por la financiación irregular del PP en baleares, se benefició de estos contratos irregulares recibiendo una suma que superaba los 7,4 millones de euros. A través de estas contrataciones financiadas con fondos públicos, el Gobierno regional empleaba la publicidad institucional en favor de los distintos líderes del PP.

Según recoge el informe, los implicados en la trama utilizaron “publicidad institucional con fines propagandísticos”, con el único objetivo de “encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del Partido Popular Regional al frente de las instituciones, todo ello sufragados fondos públicos”.

Los agentes de la Guardia Civil describen en el documento cómo los altos cargos regionales instauraron un sistema de control absoluto sobre la publicidad institucional mediante cambios legislativos. En el informe se describen esas modificaciones y la sucesivas reuniones para incluir a Over Marketing.

El dueño de esa empresa contó a la Guardia Civil que en esas reuniones se le transmitió que el “el esfuerzo” que realizarían sus empresas“ con la publicidad de campaña del PP ”sería recompensado mediante la adjudicación de contratos públicos“.

“Asimismo, Daniel Horacio Mercado, detalla como Ignacio González y Francisco Granados, le dirigieron a visitar a los distintos cargos de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y estos no le habrían recibido sin las instrucciones previas impartidas por González y Granados”, recoge el informe. Mercado, imputado en otras causas, ha reconocido ya en esos procesos que el PP solía amañar contratos en su favor.

Mercado también reveló que los dos colaboradores de Aguirre le dieron instrucciones de que, para cobrar, se dirigiera a Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid y ahora imputado en el caso Púnica.

De acuerdo con la información de la Guardia Civil, en las conversaciones -que los agentes no han podido fechar- para tratar estos amaños también estuvieron presentes Alberto López Viejo, entonces viceconsejero de Presidencia y ahora en prisión por el caso Gürtel, Isabel Gallego, exjefa de prensa de Aguirre y también imputada por la Púnica, y Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad. Fue este último, junto a Mercado, quien situó a Aguirre en las reuniones en las que se prometió al empresario argentino contratos públicos a cambio de su participación en campañas electorales.

Finalmente, las cuatro empresas de Mercado lograron la adjudicación de varios contratos para la construcción de hospitales y centros médicos, así como para la realización de campañas publicitarias. La Guardia Civil señala en estas actuaciones delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y de tráfico de influencias