Madrid, región corrupta: dos décadas de gobiernos enfangados en los tribunales
El PP se arriesga este domingo a perder el poder en la Comunidad de Madrid, su principal bastión territorial, que ha servido de laboratorio para las políticas neoliberales del partido en Sanidad, Educación e impuestos. Pero además de la externalización sanitaria, el impulso a los colegios concertados y haber convertido la región en una suerte de paraíso fiscal, los populares han dejado también su impronta de corrupción: tres presidentes autonómicos están siendo investigados por los tribunales que aúnan las más de dos décadas de gobiernos del PP.
El cuarto, Alberto Ruiz Gallardón, inauguró el reinado del PP en la Comunidad de Madrid y, aunque parecía estar libre de cualquier sospecha de corrupción, la investigación del caso Lezo acabó con su imputación y la de todo su Gobierno. Quien fue primer presidente de los populares en la Comunidad de Madrid emprendió la expansión internacional de la empresa pública Canal de Isabel II, una aventura en Latinoamérica que después aprovechó Ignacio González para hacer negocio.
La Audiencia Nacional abrió la investigación a instancias de Anticorrupción para determinar si ya en esa primera operación del Canal hubo un desvío de fondos. Gallardón y sus consejeros aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de dólares. La Fiscalía empezó a tirar del hilo tras grabar una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana, en la que el primero le contaba que había tapado el “muerto” de su antecesor.
La mayoría de los consejeros de Gallardón imputados han defendido que no hubo un sobreprecio en la compra de Inassa y que se utilizó una sociedad interpuesta con sede en un paraíso fiscal por exigencia de los ejecutivos colombianos. Algunos de los miembros del consejo de administración del Canal sí que han llamado la atención sobre que la información que tuvieron fue muy escasa y tomaron la decisión con poco tiempo para estudiarla. La fiscal del caso preguntó directamente a Gallardón si había cobrado comisiones. “Me duele que me lo pregunte”, respondió.
La investigación ya ha concluido, y exime a Gallardón, aunque implica a dos de sus consejeros más importantes que ya estaban imputados en este caso: Pedro Calvo, consejero de Medio Ambiente, y Juan Bravo, responsable de la cartera de Hacienda. Asegura que ambos, junto con el resto de miembros de administración del Canal, aprobaron una operación que provocó “un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido”. De los hasta 35 millones de dólares que pudieron pagarse de más, la Fiscalía dice que no sabe a dónde fueron a parar 10.
Aguirre, una emperatriz en la charca
Al dirigente socialista Rafael Simancas le perseguirá la imagen de su rostro pétreo mientras la portavoz del PSOE, Helena Almazán, pedía un receso de unos minutos en la Asamblea de Madrid en 2003: “Tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño percance”. Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz no habían tenido ningún percance, se ausentaron voluntariamente de la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid. Sus dos votos daban mayoría a la suma del PSOE e Izquierda Unida, pero en uno de los episodios más sombríos de la política madrileña decidieron no votar para facilitar que el PP se hiciese con la presidencia de la cámara.
Tamayo y Sáenz se pasaron al grupo mixto y ante la imposibilidad de formar gobierno, se repitieron las elecciones. Esperanza Aguirre ganó entonces su primera mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y dio comienzo a una etapa de poder absoluto que se extendió a todos los rincones de la región y que ahora emerge en multitud de sumarios judiciales. La presidenta se rodeó de una serie de colaboradores, a los que cuando se convirtieron en presuntos denominó “ranas”, que acabaron protagonizando cada uno su propia trama de corrupción: Alberto López Viejo, de Gürtel; Francisco Granados, de Púnica, e Ignacio González, de Lezo. Entre los actores secundarios de los tres casos hay multitud de cargos intermedios y alcaldes del partido.
Aguirre no está imputada, pero ya sabe que la Fiscalía decidirá si debe estarlo cuando acaben con la investigación de Púnica. La UCO y la Fiscalía tratan de cerrar el círculo de la financiación ilegal del PP de Madrid cuando la expresidenta lo era todo en el partido. El último informe apunta a que Aguirre estuvo en algunas de las reuniones donde se decidieron favores a empresarios que donaban al Partido Popular. También recoge que el PP cambió una ley autonómica para facilitar el flujo de dinero hacia la caja B.
La pieza separada sobre los manejos del dinero negro en el PP es solo un capítulo en todo el entramado de corrupción que nació y se desarrolló durante los gobiernos de Aguirre. En prácticamente cada proyecto que impulsó la presidenta regional se coló la corrupción, de la mano de los hombres de confianza de Aguirre, primero Granados y luego González.
El primero permitió que la Púnica hiciese negocio, por ejemplo, con las ampliaciones de Metro de Madrid y las fiestas que se inauguraban para abrir nuevos tramos. La Púnica también se infiltró en la construcción de colegios de los que tanto presumía Aguirre o en los nuevos hospitales. Según la investigación de la UCO, el Gobierno regional adjudicó a las empresas que donaban a la caja B la publicidad de esos hospitales para devolverles con dinero público las ayudas al partido.
Aguirre se deshizo de Granados cuando estalló el caso Púnica y dejó a González como su principal mano derecha. Tanto, que le dejó en herencia el Gobierno regional. En su caso, se dedicó a proveer ingresos en negro para el partido usando las empresas públicas de la Comunidad de Madrid. Además, el caso Lezo ha reunido pruebas de que cobró comisiones del sobreprecio pagado por el Canal de Isabel II en la compra de la empresa brasileña Emissao. De hecho, la investigación ha descubierto multitud de irregularidades en esa expansión del Canal por Latinoamérica, esa que se inició con Gallardón.
Un escándalo en plena renovación
El caso Lezo estalló en 2017 y además de acabar con González en prisión provisional, se llevó por delante la carrera de Aguirre. Tras fracasar en el intento de ser alcaldesa se había convertido en la portavoz de la oposición contra Carmena, pero no pudo escabullirse de la detención del hombre en quien había depositado su bien más preciado, el Gobierno regional.
Cuando se produjo la detención de González y la dimisión de Aguirre se vivían nuevos tiempos en su antiguo reino. Cristina Cifuentes había ganado las elecciones y extendía su poder en el PP de Madrid achicando espacios a quienes aún juraban lealtad a sus predecesores. Con un discurso duro contra la corrupción -que incluyó atribuirse falsamente haber destapado el caso Lezo- se presentó como una renovadora dispuesta a limpiar el partido y la Comunidad.
Justo un año después de la dimisión de Aguirre, Cifuentes presentó la suya. Vestida completamente de blanco, compareció ante la prensa para anunciar que dejaba la presidencia regional en manos de su segundo, Ángel Garrido. La publicación de un vídeo en el que aparecía robando una cremas precipitó una decisión inevitable motivada por el escándalo de su máster destapado por eldiario.es, que más allá de su caso concreto, revelaba el férreo control que había ejercido el PP sobre la Universidad Rey Juan Carlos para ponerla al servicio de sus intereses.
El PP no ha logrado recuperarse de la caída de Cifuentes, que ahora espera el juicio en el que la Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel. El partido afronta un nuevo esfuerzo por dejar atrás la más de dos décadas de corrupción pero no lo van a tener fácil. La Audiencia Nacional continúa con las investigaciones que golpearon al Gobierno regional y ha abierto algunas nuevas, como la relativa al Campus de la Justicia, uno de los macroproyectos de Aguirre.
El último presidente regional verá ese intento por dejar atrás la corrupción desde las filas del rival. Garrido, el único de los últimos cuatro presidentes sobre el que nunca ha pesado sospecha alguna de corrupción, anunció días antes de las elecciones generales que se pasaba a Ciudadanos y ahora integra el puesto 13 de la lista a la Asamblea de Madrid.
