PSOE y PP cierran en falso los trabajos para impedir que los militares de base vayan al limbo al cumpir 45 años
Año y medio de trabajo parlamentario para volver al punto de partida. La comisión de Defensa del Congreso aprobará este jueves el dictamen final de la subcomisión que debía proponer soluciones al problema que enfrentan los soldados y marineros. Estos han comenzado a ser despedidos del Ejército al cumplir 45 años en virtud de una ley que, a cambio, les prometía formación y acreditación de su experiencia militar. Defensa está cumpliendo la primera parte al forzar su salida de filas en cuanto llegan a esa edad. De la contrapartida no hay casi ni rastro, lo que provoca que ya haya unos 800 exmilitares de 45 años en el limbo, sin formación ni experiencia civil, cifra que se multiplicará en breve. ¿La resolución de la subcomisión? No hacen falta cambios drásticos, solo hacer las cosas un poco mejor.
Es el poso que deja el informe que se votará este jueves, al que ha tenido acceso este medio. El texto huye de la reforma legislativa que se proponía en un primer borrador (pedía regular la actividad de todos los militares en una sola ley y no mediante dos normas diferentes para tropa y oficiales, como adelantó en exclusiva eldiario.es) y en cambio plantea mejoras vagas en la aplicación de la normativa actual, sin fijar cifras o tiempos concretos para enfrentar el problema.
Unidos Podemos y Ciudadanos denuncian que el informe es fruto de un pacto entre PP y PSOE. Acusan a socialistas y populares de abandonar las negociaciones del primer borrador y presentar un texto conjunto sin buscar el consenso de los demás miembros de la subcomisión, a pesar de que llegar a un acuerdo que sirviera de “pacto de Estado para el Ejército” fue uno de los objetivos por los que se creó este órgano en febrero de 2017.
Medidas con un consenso previo
Además del frenazo legislativo, el informe de PP y PSOE elimina otra de las medidas más solicitadas por las asociaciones militares: la ampliación del cupo de soldados y marineros que pueden acceder a la condición de permanentes. El primer borrador lo fijaba en un 25%. En vez de ello, el texto de socialistas y populares refleja que “se incrementará de manera progresiva” el 10% actual, sin fijar un objetivo final.
El dictamen incluye a su vez mejoras en los planes de formación de los militares de base que los propios altos mandos del Ejército que comparecieron en la subcomisión calificaron de deficientes. Reserva un alto porcentaje (75%) de las plazas de funcionario que se oferten en el Ministerio de Defensa a soldados y marineros próximos a consumir su compromiso con el Ejército, y flexibiliza su capacidad de solicitar excedencias para acceder a estudios o empleos civiles.
Todos los grupos estuvieron de acuerdo desde un principio con estas medidas, por lo que no habrían requerido un trabajo parlamentario de 18 meses para ser aprobadas.
El portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Defensa, Juan Antonio Delgado, denuncia que finalmente el dictamen tendrá un mero efecto “cosmético” y anuncia que votará en contra. Asegura que, “como un acto de responsabilidad”, su grupo presentará un voto particular que incluya todas las medidas planteadas en un principio, si bien es consciente de que será rechazado.
Desde Ciudadanos no adelantan el sentido de su voto. Fuentes del partido explican a eldiario.es que el grupo naranja ha presentado 11 enmiendas que están todavía pendientes. “Nos encontramos a la espera de ver cómo serán recibidas. Hasta que no sepamos en qué medida se admiten nuestras enmiendas y cómo se orienta definitivamente el informe, no podremos manifestarnos sobre el sentido de nuestro voto”, explican.
El giro del PSOE
Las asociaciones militares avisan de que cada vez serán más los soldados y marineros afectados por la ley de 2006 que tengan que abandonar el Ejército al cumplir los 45 años. Al cierre de 2018 superarán los 1.000, mientras que, según sus cálculos, a principios de la próxima década serán ya 10.000. El Ejército cuenta con 77.000 soldados y marineros, de los que el 90% tienen contrato hasta los 45 y deberán colgar el uniforme al llegar a esa edad. Su única contraprestación es una pensión no contributiva de 600 euros al mes hasta la jubilación.
Ante el retraso de los trabajos de la subcomisión, el Congreso aprobó en febrero una iniciativa de Unidos Podemos que pedía al Gobierno paralizar los despidos de los militares de esta escala. El objetivo era impedir que un número cada vez mayor de ellos terminaran en un limbo laboral de muy difícil salida tras dejar el Ejército antes de que se aprobaran las medidas que debían evitarlo. Entonces el PSOE votó a favor de congelar los despidos. Al llegar al Gobierno, su posición cambió.
En el Congreso, la ministra Margarita Robles reconoció al diputado de Podemos Juan Antonio Delgado el compromiso que había alcanzado meses antes su partido, pero alegó que paralizar las salidas a los 45 entrañaba una “dificultad jurídica”. Más tarde, en la subcomisión, fue el secretario de Estado de Defensa el que aclaró los motivos que, a su juicio, impiden llevar a cabo la medida: añadiría un coste no planificado a las arcas del Ministerio de 36 millones de euros hasta 2021.
Esa moratoria era otra de las propuestas las que los militares que están próximos a cumplir los 45 años esperaban ver en el dictamen final de la subcomisión. Unidos Podemos afea al Gobierno que haya comprometido ya 4.200 millones en armamento desde que se hizo con el poder, al tiempo que alega que los citados 36 millones suponen una barrera demasiado grande para hacer aquello a lo que el partido que lo sustenta se comprometió cuando estaba en la oposición.
