El acta de Herri Batasuna sobre su reunión con el Gobierno de Aznar: presos y negociación con ETA tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco

11 de diciembre de 1998. Un coche procedente de Bilbao con cinco hombres a bordo llega al peaje de la autopista de Burgos. Son las cinco menos diez de la tarde. Según lo acordado, les espera un todoterreno Nissan verde conducido por un policía nacional. “Al llegar a su nivel e indicarle con las luces nuestra presencia se puso en marcha hacia el centro de Burgos y cogió la carretera de Logroño hasta llegar al pequeño pueblo de Juarros”, reza el acta de la reunión secreta que está a punto de comenzar. 

Tras ser guiado hasta un chalet a las afueras del pueblo, permanece en el coche el conductor, Jesús María Gete, ‘Purri’, y se bajan el resto de ocupantes: el histórico líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, y otros tres dirigentes de Herri Batasuna, considerado entonces el brazo político de ETA. “A los cinco minutos llegó la otra delegación”, detalla el acta donde resumió la reunión el partido abertzale, un documento que solo circuló entre la cúpula de la organización. Nueve páginas sin membrete ni sellos y escritas casi en su totalidad en castellano que hoy publica en exclusiva elDiario.es. Según ese documento, incluido al final de esta información, la otra delegación la componían tres estrechos colaboradores del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, enviados por él para poner en marcha una negociación con la banda y su entorno. 

Apenas ha pasado un año y cinco meses del asesinato de Miguel Ángel Blanco y dos meses de la firma del Pacto de Lizarra, el acuerdo de las formaciones independentistas, nacionalistas y federalistas vascas para impulsar un “proceso de diálogo y negociación” que desembocara en el cese del terrorismo. El presidente Aznar ve en ese momento una oportunidad política propicia para acceder a que su Gobierno se siente a negociar con Otegi y la dirección de Herri Batasuna. En la cita de Burgos, los emisarios de Aznar aceptan otro “espacio de interlocución” en paralelo con ETA que desemboca en una reunión posterior en Ginebra con dirigentes de la banda.

En la documentación inédita que revela hoy en exclusiva este periódico figuran los detalles de la organización de ese encuentro secreto, el nombre de los componentes de ambas delegaciones y un resumen de los temas que en ella se abordaron, como la histórica reclamación de Herri Batasuna respecto a la política penitenciaria. Una de las frases que más llamó la atención a la delegación de Batasuna la pronunció, según el acta de la reunión, Javier Zarzalejos, en aquel momento secretario de Estado de Presidencia del Gobierno de Aznar y hoy europarlamentario del PP: “En España puede ser más fácil asumir la independencia de Euskal Herria que la amnistía”.

Han pasado veinticinco años de aquellos contactos del Ejecutivo del PP con los líderes de Herri Batasuna, primero, y con la dirección etarra, después. Han pasado doce años del fin de la violencia terrorista y cinco desde la disolución simbólica de una banda que ya entonces no era sino un puñado de militantes dispersos e inactivos. Pero ETA, aunque no existe, sigue en el centro del debate político en la campaña electoral de las generales del 23 de julio de 2023. 

En la misma línea estratégica de las municipales y autonómicas del 28 de mayo y un cuarto de siglo después de las reuniones impulsadas por Aznar, el partido del expresidente arremete ahora, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, contra el Gobierno de Pedro Sánchez por haberse valido de los apoyos de EH Bildu en el Congreso para sacar adelante proyectos legislativos como la ley de vivienda, la reforma de las pensiones o la ley de memoria democrática. 

“La ley de vivienda se levanta sobre las cenizas del atentado de Hipercor”, dijo en el Senado el dirigente nacional del PP, Pedro Rollán. “Que te vote Txapote”, han popularizado otros líderes del PP como consigna de desprecio al presidente del Gobierno. Ese nombre, ‘Txapote’, es el alias de Francisco Javier García Gaztelu, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA. Participó en los asesinatos de Gregorio Ordóñez, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Manuel Zamarreño, Fernando Múgica, José Luis López de Lacalle y Alfonso Morcillo. Y fue el hombre que disparó dos veces a la cabeza de Miguel Ángel Blanco. Diecisiete meses después de asesinar al concejal de Ermua, aún estaba huido cuando los tres enviados del Gobierno del PP se sentaron frente a Arnaldo Otegi y los dirigentes de Herri Batasuna. Eran ya las cinco en punto de la tarde de aquel 11 de diciembre de 1998. 

“Un ambiente frío y correcto a la vez”

En las actas de la reunión a las que ha tenido acceso elDiario.es se describe al conductor del Nissan verde que esperaba en el peaje de Burgos como un policía “fuerte y con una ‘kupela’ de impresión (‘barril’ en euskara, en alusión a su barriga) de la que surgía una ‘pipa’ intimidadora”. Según conversaciones intervenidas posteriormente a la cúpula de Batasuna, los redactores del acta se refieren a Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, el agente de los encargos especiales durante cuatro décadas que, hasta sufrir un grave accidente cardiovascular, ha estado imputado por participar en los negocios ilegales del comisario Villarejo. 

Al chalet elegido para el encuentro accede Arnaldo Otegi acompañado por los dirigentes de Herri Batasuna Iñigo Iruin, Rafael Díez Usabiaga y Pernando Barrena. Les espera en el interior el entonces obispo de Zamora, Juan Mari Uriarte, natural de Bizkaia y que hace las veces de “notario” o moderador. A los cinco minutos, detalla el documento, llega la delegación de Aznar: al frente, el secretario de Estado de Presidencia, Javier Zarzalejos, actual eurodiputado del PP. Junto a él, el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martín Fluxá, y el asesor y sociólogo de cabecera del PP, Pedro Arriola, ya fallecido. Las circunstancias que rodearon al encuentro, el dispositivo de seguridad y el modo en que accedieron a la reunión los miembros de HB, han podido ser confirmados por elDiario.es en fuentes de la seguridad del Estado. 

“La reunión se celebró en un ambiente frío y correcto a la vez”, refleja el acta de la reunión en la versión de los asistentes de HB, que describen “las características personales” de los intervinientes. “Empezó prepotente y terminó algo descolocado”, se dice de Zarzalejos. De Martín Fluxá, número dos del ministro del Interior de entonces, Jaime Mayor Oreja, se destaca su “imagen de bonachón”, así como que “habló poco y no con mucho contenido propio”. A Arriola, al que se define como “la sorpresa de la reunión en todos los sentidos”, se le achacan las intervenciones “más lúcidas y claras”. “Esta persona de ascendencia vasca pero nacido en Sevilla y con un acento andaluz hasta la médula reflejó ser de mucho saber y seguir el conflicto vasco”, aparece anotado. “Los tres profesaban un respeto y admiración hacia Aznar que llamaba la atención”, se añade. 

Sobre las intervenciones de los enviados por el presidente del Gobierno y líder del PP se detalla que Javier Zarzalejos argumentó que “la única razón de su presencia es un mandato del Presidente del Gobierno al hilo de su intervención del 3 de Noviembre”, en referencia a la autorización de Aznar a establecer contactos con el entorno de ETA. En esa misma intervención, el presidente del Gobierno había llamado a la banda terrorista “movimiento vasco de liberación”.

“Existe un nuevo escenario político producto del acuerdo de Lizarra y la tregua de ETA”, recoge el documento que admitió Zarzalejos, quien según esa misma redacción acudía para la “acreditación de la voluntad de ETA de dejar la violencia” y llegó a admitir la organización de “dos espacios de interlocución que pueden estar superpuestos con ETA y HB”. “Quieren hablar con HB sobre cuál es el papel de la violencia en este nuevo escenario”, apuntan los asistentes que levantan este acta de manejo interno. 

Según figura en esos nueve folios, la delegación de Herri Batasuna cuestionó a sus interlocutores sobre si ellos hablaban “en nombre del Gobierno” o en nombre “de presidencia del Gobierno”. “En nombre del presidente del Gobierno”, contestó Zarzalejos. Arnaldo Otegi puso voz a los posicionamientos de su formación: ellos no hablaban en nombre de ETA, aseguraban. Por tanto, la acreditación del fin de la violencia “solo podrá ser realizada por ETA y, desde luego, en el marco de un proceso de diálogo y negociación”. Y aunque se muestra “la necesidad de aprovechar esta oportunidad histórica para abordar un escenario de diálogo, negociación y acuerdo que supere el conflicto de decenios”, quienes resumen el encuentro por parte de HB mencionan “posiciones provocadoras en el Gobierno”.

Durante la reunión, según la redacción del acta, los representantes de Herri Batasuna le dan “caña específica a MO” (Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior del momento), en referencia a “la política penitenciaria, las acciones intergubernamentales o las acciones jurídico-políticas de Garzón”. “Ante esta serie de referencias la representación española quedó muda: no sacó la cara a MO (sic), ni tampoco justificó sus posiciones”, se explica en la versión de los integrantes de la delegación abertzale. 

El acta refleja que uno de los temas más ampliamente abordados fue el de la política penitenciaria, que Otegi y sus compañeros trasladaron abiertamente a los enviados de Aznar como un requisito previo e indispensable para poder avanzar. “Se insistió más profundamente en el tema de presos como un factor de gran importancia para crear espacios de confianza mínima entre las partes y como prueba palpable de que el Gobierno quiere construir o aprovechar este escenario. Si el Gobierno quiere consolidar la paz ahí tiene un primer paso para demostrar su propia voluntad e interés”, escriben los dirigentes de HB. 

El Partido Popular había llegado al poder en 1996 y ya, desde ese año, había comenzado a hacer gestos a ETA a través del acercamiento de presos a cárceles del País Vasco o próximas a esa comunidad autónoma. En la primera legislatura de Aznar, más de un tercio de los que formaban el ‘frente de makos’ en España –la banda designaba así a sus reclusos a un lado y otro de la frontera con Francia– se beneficiaron en algún momento de esos traslados, que tuvieron el apoyo del PSOE y contra los que nunca se manifestó en la calle la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El traslado más amplio de presos se realizó en 1999, coincidente con la tregua y después de la reunión entre los enviados de Aznar y la cúpula de HB. 

El compromiso de que la segunda reunión sea con ETA

Entre las conclusiones de la cita de Juarros, los redactores del acta apuntan a que el Gobierno del PP se dispone a abrir “una vía de comunicación con ETA”. “La reunión se dio por finalizada a las 20.15 y en apenas dos minutos la delegación de HB estaba ya en marcha para Euskal Herria”, concluye el acta, que detalla el operativo de salida: “Para salir del chalet y volver a coger la autopista llamamos al móvil de nuestro guía (García Castaño). Nuestra clave era 'objetivo c' y tras conectar con él se acercó con rapidez para sacarnos del lugar. A la salida y en los entornos se podían ver otros coches de vigilancia”. 

Seis meses después, y tras una serie de contactos informales con Herri Batasuna, José María Aznar manda de nuevo a una delegación a negociar en su nombre. Fue en mayo de 1999 en Ginebra (Suiza). Esta vez, sus hombres de confianza no se sentaron ante los líderes de la izquierda abertzale, sino frente a la dirección de la banda terrorista ETA. 

Aquel intento de negociación por parte del Gobierno de España en la búsqueda de la paz y el fin de la violencia salió mal. ETA rompió la tregua un año después de la reunión de Juarros y siguió matando. Años después, durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y entre acusaciones de “traición a los muertos” por parte del PP, las conversaciones con ETA y su entorno sí fructificaron.

La banda terrorista anunció primero “el cese definitivo de la actividad armada” y, después, su disolución. Los terroristas no obtuvieron contrapartidas y hasta cuatro fuerzas políticas diferentes de la izquierda abertzale y la izquierda vasca (todas salvo Batasuna ajenas a ETA y su entorno) se organizaron en coalición como EH Bildu. La formación donde militan los antiguos miembros de HB es Sortu, cuyos estatutos rechazan de manera explícita la violencia y sobre la que el Tribunal Constitucional se posicionó en favor de su legalidad.

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