Ciudadanos tira de la corrupción para responder a la ofensiva del PP
Ciudadanos ha aprovechado el informe GRECO y los problemas judiciales de los cargos del PP para contraatacar a los populares en la dura pugna que protagonizan ambas formaciones políticas tras la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones autonómicas catalanas del 21D.
En una semana en la que el Partido Popular ha sacado el inmovilismo de la formación de Albert Rivera para intentar formar gobierno en Catalunya o su abstención ante la derogación de la prisión permanente revisable con el asesinato de Diana Quer, Ciudadanos ha amenazado con dejar de apoyar los presupuestos de 2018 lo que podría dejar pendiente de un hilo la continuidad de la legislatura de Mariano Rajoy.
En la primera rueda de prensa que convocaban en la sede del partido tras el paréntesis de las vacaciones de Navidad, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, esgrimía ese informe para acusar al Gobierno de Mariano Rajoy de “no hacer los deberes” y de seguir “arrastrando los pies” a la hora de cumplir las exigencias del pacto de investidura en materia de corrupción. Uno de los compromisos de ese acuerdo es la obligación de apartar de sus cargos a todos los imputados o investigados en casos de corrupción.
Para mantener el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Villegas exigía el cese de la senadora del PP, Pilar Barreiro, que está siendo investigada por presuntos delitos defraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho en el caso de la trama Púnica en Murcia.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, optó por acusar a Ciudadanos de “frivolizar con los intereses de los españoles” y responder con el manido 'y tú más' a la exigencia del partido de Albert Rivera. Sin quitarle la importancia a la imputación de la senadora popular, Hernando alegó que “hay otras que preocupan mucho más”. Posteriormente, el dirigente del PP sacó a colación el informe del Tribunal de Cuentas en el que pone en duda las cuentas de la formación naranja en 2015.
“Les pido que me expliquen sus cuentas de 2015 igual que a mí me están pidiendo que dé en el Congreso explicaciones de las cuentas del PP de 2003, que expliquen lo que ha pasado en 2015 y por qué el Tribunal de Cuentas les ha tirado las cuentas para atrás, porque es a la única formación a la que se lo ha hecho, no se las han tirado ni al PSOE ni a Podemos”, ha remachado Hernando.
El número dos de Rivera, por su lado, recordó a Rajoy el peso de los 32 diputados de su grupo a la hora de sacar adelante los Presupuestos por lo que condicionó ese apoyo a que la senadora del PP sea cesada de inmediato de sus cargos. Villegas sabe que la aprobación de las cuentas del próximo año es vital para la continuidad de la legislatura para Mariano Rajoy. De hecho, el presidente del Gobierno ha situado como principal objetivo sacar adelante este importante proyecto.
Hasta ahora los de Rivera habían condicionado su respaldo a las cuentas del Estado a que haya una equiparación de sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el de las policías autonómicas, una propuesta que cifran en 500 millones, entre otras medidas, que aún están a la espera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les dé su visto bueno.
El incremento de los ataques de los populares contra Ciudadanos tras la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones autonómicas catalanas de 21D ha provocado que la formación naranja saqué la corrupción y la amenaza de no apoyar los presupuestos, aunque había respaldado los pasos previos y cerraron un acuerdo para su aprobación.
El Partido Popular lleva días acusando a Ciudadanos de inmovilismo por su negativa a formar Gobierno en Catalunya e incluso han utilizado hasta el asesinato de Diana Quer para atacar a la formación de Albert Rivera por su abstención en la votación para la derogación de la prisión permanente revisable. Una afirmación que este jueves volvió a lanzar el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro: “Ciudadanos tendrá que explicar por qué no se debería de condenar al asesino de Diana Quer a prisión permanente revisable en caso de que se demostrara que ejerció violencia sexual contra ella”.
Fuentes del PP señalaron que no se había planteado la dimisión de la senadora del PP ya que los estatutos del partido solo recogen esta resolución cuando se llega a la apertura del juicio oral y Pilar Barreiro había pedido acudir al Tribunal Supremo a declarar para defender su inocencia.
Villegas, en su comparecencia, recordó que en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy firmado con el PP se recogía la obligatoriedad del cese de los cargos públicos que fueran imputados. “Esta senadora debe dimitir porque ha sido llamada (a declarar) como imputada. Es condición 'sine qua non' para aprobar los Presupuestos”, ha insistido el secretario general de Ciudadanos en una entrevista a Europa Press.
En Ciudadanos están cansados de que Rajoy les siga dando largas a la hora de sacar adelante algunas de las medidas sobre regeneración democrática incluidas en el pacto, como la eliminación de los aforamientos de los cargos políticos y la limitación de mandatos, dos compromisos que se les ha atragantado al PP. De modo que regresarán al trabajo parlamentario dispuestos a no dar más “prórrogas” a los populares espoleados tras la victoria en Catalunya, un triunfo que quieren replicar en el resto de España.
Ciudadanos se atribuye las dimisiones en el PP
La formación naranja se atribuye la dimisión de varios cargos del PP implicados en casos de corrupción. Desde la suspensión de militancia en el partido de Rita Barberá, como condición para apoyar la investidura de Rajoy, al cese del entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ante la amenaza de Ciudadanos de provocar una moción de censura que dejara a los populares sin el Gobierno de esa comunidad autónoma.
En Murcia, los naranjas también se han asignado como responsables de las dimisiones del consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, imputado en la Operación Púnica, y del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, imputado por un presunto delito de prevaricación en el caso de corrupción urbanística Novo Carthago.
En Madrid, la formación de Albert Rivera presume de haber forzado numerosas dimisiones de cargos públicos y de miembros del Gobierno de Cristina Cifuentes. En la lista incluyen a los consejeros Salvador Victoria y Lucía Figar, imputados por delitos de corrupción en el marco de la Operación Púnica. Según Ciudadanos el pasado mes de septiembre consiguieron con sus presiones que Cristina Cifuentes dejara caer también a Jaime González Taboada, que fue su consejero de Medio Ambiente, salpicado por el caso Arpegio, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid lo colocó posteriormente como senador.
